El proceso de ingreso a las corporaciones policiacas contempla la exhibición de documentos que acrediten la identidad y el grado académico de los aspirantes; Manuel Alejandro N N, presumiblemente presentó ante la autoridad papeles alterados con el fin de obtener un empleo en el sector público, lo que representa el emprendimiento de una investigación en su contra, que enfrentará bajo diversas medidas cautelares previstas dentro de la legislación penal.

En el mes de septiembre de 2021, la Secretaría de Seguridad Pública de Aguascalientes, emitió una convocatoria para ingreso de personal, lo que le pareció por demás atractivo a Manuel, quien se abocó a la recopilación de los requisitos plasmados dentro del llamamiento.

Una vez con las credenciales suficientes, el joven aspirante acudió ante la institución el día 17 del mismo mes, con el fin de realizar la entrega de sus papeles y esperar la oportunidad para continuar con la admisión.

Luego de la recepción de la documentación, personal del Centro de Evaluación y Control de Confianza comenzó con la investigación correspondiente en la que comprobó la autenticidad de cada uno de los datos vertidos dentro de la solicitud.

Las indagatorias del personal especializado transcurrieron con normalidad, hasta que, el día once de octubre detectaron que había un problema con el certificado de bachillerato que presentó el aspirante, debido a que este resultó ser falso.

Lo anterior, alertó a quienes prestan sus servicios para evaluar a las corporaciones, lo que derivó en el inicio de una carpeta de investigación en contra del sujeto por parte de la Unidad de Trámite Común de la Fiscalía General del Estado.

Derivado de la recopilación de los datos de prueba suficientes para que se llevara a cabo la audiencia inicial, el Juez de Control y Juicio Oral Penal, llamó al entonces indiciado a la diligencia, con el fin de delimitar su estatus legal.

Al escuchar la imputación en su contra, la Autoridad Judicial preguntó al sujeto si deseaba que se resolviera su situación jurídica dentro de la diligencia o si prefería diferirla.

La defensa del imputado solicitó la ampliación del término constitucional, lo que derivó en el establecimiento de una nueva fecha para la reanudación de la convocatoria.

Trascurrido el plazo señalado, el togado dictó el auto de vinculación a proceso, estableciendo las medidas cautelares de la firma periódica mensual y la restricción de salir del estado, decretando dos meses como plazo de cierre para la investigación complementaria.