Las redes sociales suponen una “amenaza existencial” para la supervivencia de los medios de comunicación profesionales, según un informe de la Unesco publicado este jueves.
En los últimos cinco años, tanto la audiencia de las noticias como los ingresos por publicidad han migrado en gran medida a las plataformas de Internet.
El informe concluye que Google y Meta/Facebook absorben ahora aproximadamente la mitad de todo el gasto publicitario digital mundial. En tanto, los ingresos publicitarios de los periódicos han caído a la mitad en los últimos cinco años.
“Cuando los contenidos falsos relacionados con el covid-19 se difundieron rápidamente en las redes sociales, los cierres de redacciones y recortes de puestos crearon un importante vacío en el panorama informativo.
“En septiembre de 2020, circularon en Twitter más de un millón de mensajes con información inexacta, poco fiable o engañosa relacionada con la pandemia”, según el Observatorio de Infodemics covid-19.
Desde 2016 hasta finales de 2021, la Unesco registró los asesinatos de 455 periodistas. Casi nueve de cada diez asesinatos siguen sin resolverse.
El informe cita datos del Centro Internacional de Periodistas que muestran que dos tercios de los periodistas se sienten menos seguros en sus puestos de trabajo.
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“Esta crisis económica se produce también en un momento de crecientes amenazas a la seguridad de los periodistas. No sólo por parte de los gobiernos y los grupos criminales, sino también de los grupos de presión privados y de algunos miembros del público que se sienten cada vez más envalentonados para lanzar calumnias y ataques en línea”.
En muchos países, las leyes no protegen suficientemente a los periodistas de estas amenazas. Y, en algunos casos, el marco legal en realidad aumenta el riesgo para ellos.
Desde 2016, 44 países han adoptado leyes con lenguaje vago o con castigos desproporcionados por acciones como la difusión de “noticias falsas”, “rumores” o “ciberdelitos”. Lo que lleva a la autocensura, indica el informe.
En 160 países la difamación sigue siendo un delito penal. Cuando la ley de difamación es penal, en lugar de civil, puede utilizarse como motivo de arresto o detención, amordazando de hecho a los periodistas.
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Los datos del Comité para la Protección de los Periodistas muestran que 293 periodistas fueron encarcelados en 2021, el total anual más alto en tres décadas. N
