EN EL ÚLTIMO reporte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) desde Haití, Helen La Lime, representante especial del secretario general en ese país, expresaba su preocupación ante lo que denominó “una creciente polarización de la política haitiana” e incluso refirió la tendencia de algunos actores a recurrir a la violencia.
Fechado el 17 de junio de 2021, en su informe, La Lime reportaba que se habían deteriorado las condiciones políticas de cara a los comicios programados para este año.
El reporte de la ONU también señala que los últimos meses también se caracterizaron por incidentes de seguridad y de violencia perpetrados por grupos delincuenciales que han provocado el desplazamiento de cientos de familias en varios barrios pobres de Puerto Príncipe.
“La profunda crisis política que se ha apoderado del país durante la mayor parte de los últimos cuatro años no muestra signos de ceder”, anotó La Lime, sobre la historia reciente de ese país caribeño que ha estado marcada por protestas antigubernamentales y el aumento en las infecciones por coronavirus.
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En las últimas décadas, la historia de Haití ha sido la de la inestabilidad. Las dictaduras y los golpes de Estado forman parte de las noticias que se generan en ese país desde hace 30 años.
En junio pasado, cuando el expresidente Jean Bertrand Aristide viajó a La Habana para recibir tratamiento médico después de haber dado positivo a covid-19, los medios recordaron que ese sacerdote portavoz de la teología de la liberación ganó las elecciones presidenciales haitianas en 1990 y en 2000, pero fue apartado del cargo en las dos ocasiones, derrocado por dictaduras militares.
Aristide regresó a la capital haitiana, Puerto Príncipe, en 2011, luego de haber vivido en el exilio en Sudáfrica. Volvió a una isla que había sido devastada por un terremoto el año previo.
Aunque la ayuda humanitaria y las donaciones internacionales llegaron para apoyar luego de la tragedia, se denunció corrupción y mal manejo de los fondos destinados a la reconstrucción.
EMPEZAR DE CERO
En su informe, La Lime enlista una serie de retos que tiene de frente la sociedad haitiana como una propuesta de referéndum que introduciría cambios importantes en la actual Constitución de Haití, aprobada en 1987.
Esas reformas incluirían una cláusula que permita a un presidente postularse por dos mandatos consecutivos de cinco años, sin la pausa de cinco años que se requiere actualmente.
La Lime destacó, en el momento de publicar su reporte, la disposición “presidencial” por impulsar los comicios que contribuirían a que el país salga del estancamiento político en el que se encuentra. En el marco de ese informe se encontraba la gestión del presidente Jovenel Moïse, asesinado este 7 de julio.
La ONU había reportado también sobre la violencia ocasionada por las pandillas, así como los saldos de muertos y heridos resultado de los enfrentamientos entre “bandas rivales que luchan por ejercer control sobre áreas pobladas como Martissant, Cité-Soleil y Bel Air”, se lee en un comunicado del portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric.
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Sobre estos incidentes que incluyen hogares y pequeñas empresas incendiadas, la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) había informado que la policía nacional a menudo no podía brindar seguridad y protección durante los enfrentamientos, “dejando a las poblaciones vulnerables a su suerte”.
“El nivel sin precedentes de violencia y los desplazamientos subsiguientes están creando una serie de problemas secundarios, como la interrupción del funcionamiento social a nivel comunitario, la separación familiar, el aumento de la carga financiera de las familias anfitrionas, el cierre forzoso de escuelas, la pérdida de medios de vida y un temor generalizado entre las poblaciones afectadas”, informó OCHA a principios de junio.
De acuerdo con la comunicación oficial de la ONU, sus agencias se coordinan “estrechamente” con las autoridades haitianas para garantizar el acceso humanitario a la población civil afectada.
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La Lime incluso subrayó que las prioridades de su equipo implican iniciativas conjuntas destinadas a implementar una política nacional de protección social, además de catalizar la lucha contra la impunidad y la corrupción.
Por ello hizo un llamado a reforzar las donaciones destinadas a la isla, pues el Plan de Respuesta Humanitaria de Haití para 2021-2022 todavía enfrenta un déficit de 198 millones de dólares, sumado a que 1.5 millones de personas en el país necesitan apoyo humanitario, pues al menos 1.3 millones de haitianos sufren inseguridad alimentaria grave. N
