EL PARO nacional y las protestas en Colombia que comenzaron el 28 de abril siguen generando violencia, destrucción y una panoplia de abusos contra los derechos humanos, hasta el 31 de mayo, una red de grupos de la sociedad civil colombiana habría registrado 71 homicidios en el contexto de las protestas, todos los muertos, excepto dos, son civiles, dijo la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).
Aunque la violencia disminuyó un poco a mediados de mayo, las muertes han aumentado de forma alarmante en los últimos 10 días; el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos registró 14 muertes solo en Cali entre el 28 y el 30 de mayo.
“La brutalidad policial, el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la fuerza pública y los inquietantes vídeos que muestran a personas civiles disparando armas en presencia de la policía continúan circulando.
“Cali, la tercera ciudad más grande de Colombia, con un alto número de residentes afrodescendientes, ha sufrido hasta 46 homicidios, además de un ataque evidentemente racista contra una caravana indígena nasa que entró en la ciudad a principios de mayo para apoyar pacíficamente a los manifestantes”, señala WOLA en un comunicado.
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La organización señala que en este momento se necesita urgentemente una desescalada, no un mayor uso de la fuerza. Sin embargo, los esfuerzos de diálogo están fracasando; aunque se están celebrando conversaciones entre representantes del gobierno y el comité del paro cívico formado por varios líderes de las protestas, aún no se ha producido una negociación formal vinculante.
“El gobierno se niega a reconocer la gravedad de los abusos cometidos por su fuerza pública y ha continuado estigmatizando, criminalizando y deslegitimando las protestas. En un ejemplo entre muchos, el ministro de Justicia dijo el 29 de mayo que la mayoría de los muertos en el contexto de las protestas en realidad ocurrieron en peleas callejeras o intentos de robo.
“La estigmatización de los manifestantes y las víctimas deja claro que el gobierno no tiene la intención de escuchar, a pesar de que un gran segmento de la población, afectado por la pandemia, ha caído en la pobreza. Al contrario, su prioridad es reprimir las protestas a toda costa, evitando que se produzcan más daños a la infraestructura, en lugar de abordar las preocupaciones legítimas”.
Legisladores estadounidenses también se han pronunciado sobre la violencia en las protestas y los abusos que se están produciendo en Colombia. En una carta dirigida al secretario de Estado Antony Blinken, 55 miembros del Congreso pidieron al gobierno de Biden que denunciara los abusos que se están produciendo y suspendiera la asistencia directa a la policía de Colombia tras los abusos contra los derechos humanos. Sin embargo, funcionarios del gobierno de Biden han emitido pronunciamientos ambiguos e insuficientes sobre las violaciones de derechos humanos que han ocurrido en medio de los disturbios, señala WOLA.
“Este silencio del gobierno estadounidense se da incluso en medio de una solicitud de asistencia extranjera de Colombia emitida el 28 de mayo para 2022, que incluye aproximadamente 140 millones en nueva asistencia para la policía.
“WOLA reitera su llamado para que se suspendan todas las ventas de equipos antidisturbios de Estados Unidos a las fuerzas de seguridad de Colombia. El gobierno de Estados Unidos debe adoptar una postura más contundente. De lo contrario, los avances en materia de seguridad y otros progresos observados en el marco de los acuerdos de paz de 2016 se debilitarán aún más”, advierte la organización. N
