La Sindicatura Procuradora investiga a funcionarios del Sistema DIF y de la Secretaría de Bienestar del municipio de Tijuana, implicados en el reparto de medicamentos, despensas y dulces, presuntamente caducados desde hace meses e incluso años, advirtió la Síndica Procuradora, María del Carmen Espinoza Ochoa.
En rueda de prensa, este martes, la Síndica dijo que funcionarios de ambas dependencias han intentado entorpecer la investigación que realiza la fiscalía municipal.
En el caso del DIF Tijuana, dijo que se investiga la participación de personal desde la Dirección del Sistema DIF Municipal de Tijuana, a cargo de Magdalena Bautista Ramírez, hasta los encargados de los almacenes, pasando por la administración de la paramunicipal.
La tarde del lunes, el alcalde de Tijuana, Arturo González Cruz, consideró que la acusación, que derivó en la suspensión de la bodega general del DIF Tijuana, fue un montaje orquestado desde el gobierno de Jaime Bonilla.
En un video publicado en redes sociales, el alcalde señaló que los dulces fueron donados por el hermano del titular de la Comisión Estatal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Coepris), la misma dependencia que clausuró la bodega por contener productos vencidos.
Espinoza dijo que el alcalde no está bien informado.
Aseguró que los dulces donados no corresponden a los que se localizaron vencidos.
Agregó que además de los dulces, encontraron 167 despensas y medicamentos como insulina, ya caducos en dos bodegas del DIF.
Espinoza Ochoa consideró que los señalamientos del alcalde son una forma de “denostar” su trabajo.
Prueba de ello, aseguró, es que el Ayuntamiento de Tijuana todavía no levanta una suspensión, a los plazos y términos para el seguimiento de procesos abiertos, que impide a la Sindicatura avanzar con las investigaciones que realiza.
Entre los casos que se han visto frenados por esa situación, enumeró 20 investigaciones en contra de 33 ex servidores públicos y 10 averiguaciones abiertas en contra de funcionarios del gobierno de Arturo González Cruz.
Ante ello, emplazó al gobierno de Arturo González Cruz a convocar a Sesión de Cabildo en un término de cinco días, con el fin de que se levante la suspensión y pueda citar a comparecer a funcionarios y ex funcionarios bajo investigación de Sindicatura.
