El delegado federal en Baja California, Jesús Alejandro Ruiz Uribe, evadió responder sobre la denuncia penal en contra del funcionario federal con licencia, Alonso Pérez Rico.

Esta semana, la delegación del Instituto Mexicao del Seguro Social (IMSS), inició una investigación interna contra Pérez Rico y el exfuncionario Miguel Ángel Ruvalcaba Molina acusados de cobrar 61 mil dólares a unos empresarios a cambio de otorgar un contrato licitado. 

Cuestionado recientemente sobre su postura y las acciones que habrá de tomar el gobierno federal respecto a la denuncia de fraude de la que es acusado el actual secretario de Salud del estado, Alonso Pérez Rico, Ruiz Uribe no respondió.

A la solicitud de entrevista para este tema, a través de su secretario particular expuso que “ese es un tema estatal no federal”, por lo que le compete al Estado atenderlo.

Sin embargo, Alonso Pérez Rico es empleado federal con licencia sin goce de sueldo, la cual solicitó para integrarse en noviembre de 2019 al gabinete de Jaime Bonilla Valdez.

En su último cargo federal, Pérez Rico se desempeñó como titular de la Coordinación de servicio en fin de semana en San Luis Río Colorado, Sonora, jurisdicción que corresponde a la Delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Baja California.

De hecho, por tratarse de un empleado federal, el órgano Interno de Control del IMSS inició una investigación a petición de la delegada del Instituto, Desireé Sagarnaga.

En la denuncia penal  por fraude, los empresarios de Ensenada Ramón Alejandro Treviño Ávalos y David Galván Torres, también denunciaron a Miguel Ángel Ruvalcaba Molina, quien fuera administrador del programa IMSS-Prospera.

De acuerdo a los señalamientos asentados en la denuncia penal interpuesta en la Fiscalía General de la República (FGR), en 2018 Pérez Rico y e Ruvalcaba molina les cobraron 61 mil 120 dólares por una supuesta fianza de la licitación federal LA-050GYR003-E357-2018, la cual manipularían a favor de la empresa Hemodiálisis del Noroeste.

No es la primera vez que el superdelegado omite actuar en temas federales, recientemente tampoco respondió al problema denunciado por el Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada (CCEE), respecto al problema de contaminación que está generando el Buque Mercante “Triumph”, encallado desde hace más de tres años en la bahía de Ensenada.

Carlos Ibarra Aguiar públicamente expuso sentirse consternado por la afectación que pudiera haber a las granjas de cultivo de atún, ostión y a la pesca ribereña, debido al derrame de combustible que se observa alrededor del buque anclado con 47 mil toneladas de minerales.

A la fecha, Alejandro Ruiz Uribe tampoco atendió múltiples solicitudes de entrevista sobre un contrato para comprar 110 mil cubrebocas N95 por 12 millones de pesos que la delegación del IMSS en Baja California contrató a una empresa fantasma, material que, en plena pandemia por COVID19, no se había surtido.

Para cubrir el faltante del material, las autoridades del Instituto entregaron a los empleados mascarillas de dudosa calidad, las cuales tuvieron que retirar para su análisis, sin dar aviso a los trabajadores, quienes siguieron utilizando este material.

A pesar de tratarse de una irregularidad cometida por una institución federal, el encargado de atender los temas federales en Baja California, Alejandro Ruiz Uribe, respondió a través de un vocero que no tenía comentarios y que si se abriera una investigación, la respaldaría.