El Pentágono ha ordenado a las fuerzas y bases militares del área de Washington D.C. que entren en “Condición de Protección Forzosa Charlie”, que es una condición de amenaza que indica una “probabilidad” de que se produzcan ataques perpetrados por fuerzas militares y/o acciones terroristas, y es el segundo nivel más alto de seguridad.

Este estado de alerta fue ordenado este martes a las 7:30 a.m. para el Distrito de Columbia, Maryland y Virginia. La orden se produce después de un conjunto de confusas declaraciones y amenazas por parte de la Casa Blanca, emitidas rápidamente en las últimas 24 horas. En este período, el presidente Donald Trump ha amenazado a gobernadores estatales con la intervención federal, y nombró al Presidente del Estado Mayor Conjunto, el General del Ejército Mark Milley, como comandante de las fuerzas federales, una orden legalmente cuestionable. Según la ley, quien ocupa este cargo se desempeña como el principal asesor militar del presidente, y no como un comandante militar.

“La función del ejército estadounidense en la aplicación de la ley dentro del territorio de Estados Unidos está limitada por la ley”, indicó este martes en una declaración el representante Adam Smith (Washington), presidente del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes. “No debe usarse en violación de esos límites, y veo pocas pruebas de que el presidente Trump comprenda esta premisa fundamental”.

“Sigo estando profundamente preocupado por el gobierno aparentemente autocrático del presidente Trump y por la manera en que afecta el juicio de nuestro liderazgo militar”, indicó el representante Smith.

Este lunes, como una medida adicional, el presidente federalizó discretamente a la Guardia Nacional del Distrito de Columbia, la primera unidad de ese organismo en ser federalizada como respuesta a las protestas nacionales contra la muerte de George Floyd.

Las tropas del área de Washington D.C. se encuentran bajo una orden poco conocida: Fuerzas Especiales Conjuntas para la Región de la Capital Nacional (JTF-NCR, por sus siglas en inglés), que se activó originalmente en marzo pasado para poner en marcha en secreto la continuidad del gobierno y otros planes de emergencia como respuesta al coronavirus. 

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Las Fuerzas Especiales Conjuntas están bajo el mando del General de División del Ejército Omar Jones. Éste está subordinado al “comandante en combate” para América del Norte, el General de la Fuerza Aérea Terrence J. O’Shaunghnessy, comandante del Comando del Norte de Estados Unidos (NORTHCOM), asentado en Colorado Springs, CO. Y el general O’Shaunghnessy le informa directamente al presidente a través del Secretario de Defensa.

Además de federalizar a la Guardia Nacional de Washington D.C., otras unidades de la misma, pertenecientes a estados adyacentes y a Virginia Occidental, fueron trasladadas a la región de la capital la noche de este lunes, también siguiendo órdenes federales.

Y justo después de la medianoche, la madrugada de este martes, aeronaves de transporte provenientes del Fuerte Drum, en Nueva York, y del Fuerte Riley, en Kansas, llegaron a la Base de la Fuerza Aérea Andrews en el sur de Maryland y desembarcaron a elementos activos de la policía militar y soldados de infantería para que asumieran la defensa militar de edificios y bases militares. Para la medianoche, alrededor de 250 miembros activos de la policía militar del Fuerte Bragg, en Carolina del Norte, se habían desplazado a bases militares en el interior de ese distrito.

Según el diario D.C. Guard, “Cientos de soldados y pilotos apoyan a la Policía de Parques, a la Policía Federal y al Departamento de Policía Metropolitana para mantener el orden ante las protestas en los alrededores de la Casa Blanca y de los monumentos federales”. 

“Estoy movilizando todos los recursos federales disponibles, civiles y militares”, afirmó el presidente Trump este lunes, refiriéndose a los “miles y miles” de fuerzas militares y civiles federales que están a su disposición. Anoche, oficiales de aplicación de la ley de 10 organismos federales tomaron posiciones en el área de Washington D.C., principalmente alrededor de la Casa Blanca y del edificio del Capitolio, así como de oficinas y monumentos federales. Entre ellos, están los del FBI, la Oficina para el Control del Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, la Administración para el Control de Drogas, el Cuerpo de Alguaciles de Estados Unidos y la Oficina de Funcionarios de Prisiones del Departamento de Justicia, además de las oficinas de Aduanas y Protección Fronteriza, Inmigración y Control de Aduanas, el Servicio Secreto y la Oficina de la Guardia Costera del Departamento de Seguridad Interior.

En todo el país, al menos 26 estados y el Distrito de Columbia han movilizado hasta ahora a más de 20,000 hombres y mujeres para “proteger la vida y la propiedad, preservar la paz, el orden y la seguridad pública”, de acuerdo con el General de la Fuerza Aérea Joseph Lengyel, jefe de la Oficina de la Guardia Nacional.

Los 26 estados que han activado a las tropas de la Guardia Nacional son: Arizona, Alaska, California, Colorado, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Kentucky, Michigan, Minnesota, Carolina del Norte, Nebraska, Nevada, Nueva Hampshire, Nueva York, Ohio, Pennsylvania, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee, Texas, Utah, Virginia, Washington y Wisconsin. Las unidades de la Guardia que se encuentran en los estados siguen desempeñándose bajo el “estado de servicio activo” y bajo el mando de cada gobernador estatal.

En tierra, el FBI y otros organismos federales de aplicación de la ley se han unido a las policías locales.

Y desde el aire, aeronaves de vigilancia federal, la mayoría de ellas pertenecientes a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, pero también al FBI, además de aeronaves y helicópteros militares, realizaron misiones de vigilancia sobre Buffalo, Nueva York, Chicago, Illinois, Washington, DC, Detroit, Michigan, El Paso, Texas, Miami, Florida, y San Diego, California.

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El presidente Trump dijo ayer que su objetivo era “detener los disturbios y los saqueos, poner fin a la destrucción y a los incendios, y proteger los derechos de los estadounidenses respetuosos de la ley, incluidos los derechos establecidos por la Segunda Enmienda”, y utilizó un lenguaje que, según algunos analistas, podría ser un paso hacia el uso de la Ley de Aplicación de las Leyes para Restaurar el Orden Público, conocida comúnmente como Ley de Insurrección, la cual le permitiría desplegar al ejército en el territorio estadounidense para suprimir el desorden civil, la insurrección y la rebelión.

El presidente Trump dijo que actuaría en casos en los que los gobernadores “se rehusaran” a aplicar la ley o a proteger los derechos civiles de sus ciudadanos. Se considera que esto podría ser un posible disparador para que la Casa Blanca invocara la Ley de Insurrección sin la anuencia de un gobernador individual.

El Secretario de Defensa Mark Esper y el General Milley se encontraban en la Casa Blanca este lunes mientras los principales funcionarios de seguridad nacional analizaban la respuesta federal y el escalamiento de la Guardia Nacional para abarcar fuerzas federales en servicio activo. Esper también participó en la llamada en conferencia del presidente con los gobernadores estatales. En dicha llamada, Esper calificó a las calles de Estados Unidos como una “zona de batalla” que debía ser dominada, una expresión que el presidente ha repetido numerosas veces.

Como presidente del Estado Mayor Conjunto, el General Milley es considerado como el oficial militar de mayor rango del Ejército estadounidense y es, formalmente, el principal asesor militar del presidente. Sin embargo, no está al mando de ninguna fuerza militar, ni se encuentra en la cadena de mando.

Dos fuentes del Pentágono con conocimiento de las conversaciones ocurridas en la Casa Blanca declararon a Newsweek que ni el Secretario Esper ni el General Milley han cuestionado la utilidad, la corrección o la legalidad de las acciones del presidente Trump para lograr la participación de las fuerzas militares federales en el clima actual de descontento civil.

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Al anunciar que ponía al General Milley a cargo, el presidente Trump señaló que Milley “odia la manera en que esto se está manejando en los distintos estados”, pero ni Milley ni el Pentágono han hecho ningún anuncio oficial en relación con sus puntos de vista o con su nueva función. Anoche, Milley fue visto recorriendo las calles del Distrito de Columbia después del toque de queda para mirar la situación.

Esper y Milley, ataviados con uniforme de combate, también acompañaron al presidente Trump en su sesión fotográfica de ayer, realizada en la Iglesia Episcopal de San Juan, enfrente de la Casa Blanca.