Ante la eventual orden de dar de baja a los pasantes de medicina, que no se hayan quedado en los hospitales que tenían asignados para cumplir el servicio social, por no tener el equipo y los insumos necesarios para cumplir la tarea, un juez federal aceptó la entrada de un amparo, y concedió una suspensión temporal para que no los den de baja.
La Universidad Autónoma de Yucatán informó que dio de baja a siete estudiantes, porque no se quedaron en los hospitales a cumplir el servicio social. Hoy viernes 1 de mayo vence el término legal para que las autoridades universitarias informen al juez bajo que circunstancias son dados de baja y si procede o no.
El despacho legal de los abogados, Gabriel Chab Sulu y Alberto Cámara, presentó el amparo porque se violentaron los derechos humanos de los pasantes de medicina, ya que en un acto inhumano y equiparable a la tortura, obligaban a los universitarios a acudir a las clínicas IMSSS-Bienestar a cubrir el servicio social asignado, pero sin ningún equipo de seguridad ni las herramientas necesarias para cumplir su trabajo y protegerse de un contagio de COVID-19, al manipular a pacientes enfermos.
El derecho a la salud está garantizado en la Constitución mexicana, y no puede ser violentado; existen protocolos internacionales que norman el equipamiento necesario para poder atender a enfermos contagiados del coronavirus que provoca COVID-19, y la UADY sin respetar esos protocolos, obliga a sus estudiantes a cumplir el servicio social o son dados de baja de la licenciatura en medicina, avalado por la Secretaría de Salud de Yucatán, que no libera el documento final de los pasantes.
