La Fiscalía Especializada en materia Anticorrupción analiza la posibilidad de iniciar una carpeta de investigación en contra de funcionarios de la administración estatal anterior, luego de la investigación periodística “Operación Nissan II”, en la que se reveló la forma en la que se otorgaron privilegios –como la donación de terrenos a través del Fideicomiso de Inversión y Administración para el Desarrollo Económico (FIADE)- a la empresa ensambladora japonesa Nissan para instalar su segunda planta automotriz en la entidad en el año 2012.
El titular de la Fiscalía Anticorrupción, Jorge Humberto Mora Muñoz, mencionó que se realizará una investigación en el Órgano Superior de Fiscalización de Aguascalientes (OSFAGS) y la Contraloría del Estado, para detectar posibles irregularidades sobre el caso, e iniciar un proceso jurídico en caso de corroborarlas.
“De momento no tenemos ninguna carpeta de investigación que tenga que ver con ese asunto en particular, pero sí vamos a llevar a cabo, de manera inicial, una investigación para cruzar alguna información en relación con el trabajo que se ha hecho en OSFAGS y el trabajo que se pudo hacer en su momento en la Contraloría del Estado para ver si ellos detectaron alguna irregularidad relacionada con esto, e incluso analizar los datos que se especifican en la nota periodística para corroborarlos, y si consideramos que existen elementos, estaríamos integrando una carpeta de investigación”.
De encontrarse observaciones anómalas en el desempeño de algunos funcionarios del gobierno del priísta, Carlos Lozano de la Torre, o de los procesos legales que favorecieron la instalación de la segunda planta de Nissan, la fiscalía iniciaría de oficio una carpeta de investigación.
“Tendríamos que ver el tipo penal que se pudiera dar desde nuestra perspectiva, si es un tipo penal que se persiga de oficio, en ese caso estaríamos en posibilidad de abrir la investigación, pero en su caso tendríamos que entablar comunicación con el órgano correspondiente para requerirlos en caso de que ellos tengan elementos para interponer una denuncia”, refirió.
De igual modo, se podría abrir una investigación a partir de la denuncia interpuesta de algún ciudadano o de órganos de gobierno que hayan resultado afectados.
“Cualquier ciudadano puede presentar una denuncia y nosotros tendríamos que entrar en el análisis de los datos que se mencionan en el reportaje, probablemente si existen elementos adicionales podemos hacerlo, porque a lo mejor con el puro reportaje yo pensaría que no nos va a dar mucha luz en ese sentido, pero por supuesto que pueden hacerlo”, comentó.
En 2012, la administración lozanista envió una iniciativa al Congreso del Estado para modificar el artículo 14 de la anterior Ley Patrimonial del Estado, con lo que se autorizaba al Ejecutivo Estatal para realizar donaciones sin la necesidad de contar con el visto bueno del Poder Legislativo ni tampoco especificar las condiciones de la donación.
A través del FIADE, se aplicaron 524 millones de pesos en la adquisición de 523.9 hectáreas de terrenos de los ejidos de Peñuelas, Montoro y Cotorina, de las que al menos 500 hectáreas serían donadas para la construcción de la planta A-2 de Nissan.
Tres años más tarde, Nissan Mexicana vendió 109.65 hectáreas que habían sido donadas por el gobierno estatal, a través del FIADE, al consorcio Compas para la instalación de su planta automotriz, con lo que la compañía japonesa obtuvo ingresos por 17.3 millones de dólares.
“Habría que ver también el tema de la prescripción, es un riesgo latente en este tipo de asuntos, pero no quisiéramos pronunciarnos todavía hasta en tanto se verifique cuando finalizaron los actos, porque también se puede tratar de una situación de actos continuados y determinar cuándo fue el último momento que se llevaron los mismos”, concluyó Jorge Humberto Mora Muñoz.
