Ante la deserción de aspirantes a policías de las academias municipal o estatal, se está analizando una iniciativa de la diputada local del Partido Acción Nacional (PAN), Patricia García García, para obligar a los elementos policíacos a que permanezcan laborando al menos un año en las corporaciones municipales, así lo informó la diputada presidenta de la Comisión de Seguridad Pública en el Congreso Estatal, Guadalupe de Lira Beltrán.
“Se obliga a quienes entran a las academias policíacas a que cumplan con por lo menos un año de trabajo en las corporaciones, porque el municipio o el estado paga sus capacitaciones y que es muy costoso, y el día de mañana se retiran de las corporaciones y no se hace rentable lo que se invirtió en su capacitación”.
Con la propuesta, se pretende que los elementos policíacos cumplan con un año de antigüedad en las corporaciones policíacas y de este modo garantizar el retorno de las inversiones aplicadas en las capacitaciones en academia.
“Ni siquiera se van a otro municipio, simplemente desertan, entonces de ahí la importancia de que puedan tener garantía de que si van a entrar a capacitación, se está invirtiendo en ellos, sí se queden en la corporación”, comentó.
Actualmente se estima que la capacitación de formación policial tiene un costo de 70 mil pesos mensuales por elemento, lo que representa una fuerte inversión para los municipios, informó la legisladora.
“De hecho hay municipios que en el transcurso del año ya no tienen para capacitar a más elementos y por eso ya no reclutan a más policías, no porque no quieran sino porque eso tienen que pagarlo a la academia”.
Algunos factores que alientan la deserción policial son los bajos salarios y las condiciones laborales de algunas corporaciones, por lo que desde la Comisión de Seguridad Pública se realizarán recorridos a cada ayuntamiento para conocer de primera mano las condiciones en las que laboran los elementos policíacos.
“Vamos a presentar una propuesta de calendario de visitas a los municipios, se estará preguntando cuál es la cantidad de elementos, qué salario tienen y cuáles son las prestaciones económicas que les ofrece cada municipio, para a partir de ahí poder hacer una propuesta a los Cabildos”, añadió.
Asimismo, se verificará el avance de la consolidación de infraestructura y equipamiento para la conexión al Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C-5).
“Se está avanzando, ya se están ubicando los puntos específicos donde se van a instalar las cámaras y se va a hacer la conexión vía tierra, pero todavía falta el equipo, y esperamos ya en un poco tiempo ya tener los resultados y hacer un piloteo por todos los municipios, quizá con un inicio mayor en la capital y paulatinamente en los municipios”, subrayó la legisladora panista.
Al respecto, mencionó que se está trabajando de forma paulatina en la instalación de cámaras de videovigilancia en cada municipio y en la rehabilitación de los Centros de Monitoreo C-2, para incorporarlos al sistema de seguridad pública del estado.
Todas estas acciones se realizarán con recursos directos de gobierno del estado, a través del crédito aprobado por el Congreso del Estado para el año 2019 por 1,500 millones de pesos, de los cuáles 500 millones se aplicaron en la construcción y consolidación del C-5, concluyó De Lira Beltrán.
“Todo es inversión del gobierno del estado, la adaptación de los C-2 y el equipamiento que va a estar ahí correrá a cargo de la inversión estatal, aunque también se solicitará la buena disposición de los alcaldes para que provean de más personal y en más cámaras de videovigilancia”.
