La llamada “Ley Bonilla”, que amplió el periodo de la siguiente gubernatura de dos a cinco años, no ha llegado para su publicación en el periódico oficial del estado, afirmó el gobernador Francisco Vega de Lamadrid.
“Hay gente que dice que la firme. Hay gente que dice que no la firme. Y el que no la publique también tiene su sentido. Si no se publica, no hay reforma. Ahora, no me ha llegado. Esperemos que llegue, a ver si llega. Esperemos que llegue y allí platicamos”, dijo.
También se deslindó una vez más de la decisión de los diputados locales de modificar la constitución del estado, aunque la mitad de la bancada de su partido, Acción Nacional (PAN), avaló la reforma en favor del gobernador electo, Jaime Bonilla Valdez, emanado del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
“No me pidieron permiso, eso no se hizo”, respondió el gobernador, argumentando que como ejecutivo saliente no tiene fuerza para “recomendar” a la mayoría del congreso y a tres cabildos que aprobaran la modificación.
En la misma sesión del congreso los diputados locales nombraron a Carlos Montejo Oceguera como auditor superior, designación considerada públicamente parte de un acuerdo político de protección para Vega de Lamadrid a cambio de la reforma constitucional, pero él dice que fue una decisión autónoma del poder legislativo.
Y aunque Montejo Oceguera fue propuesto por la bancada de su partido, el gobernador evadió responder si esto no representa un conflicto de interés para quien revisará parte del manejo de las finanzas públicas de su gobierno.
“No está en mí decirlo, yo no lo seleccioné (…) auditará creo que el 19 porque todo lo demás ya hay un dictamen de cuentas públicas”, respondió el gobernador Francisco Vega.
Pero la designación de Carlos Montejo parece que terminará en tribunales ahora que el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción anunció que interpondrá un amparo.
El presidente del comité, y ex líder local de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Francisco Fiorentini Cañedo, ha dicho que el proceso legislativo del nombramiento fue irregular.
Frente a esto el gobernador Vega de Lamadrid dijo que están en su derecho buscando el recurso legal, y la autoridad judicial está obligada a resolver.
“Yo estoy a favor de la legalidad y de los ciudadanos”, respondió al ser cuestionado si considera cuestionable el nombramiento de Carlos Montejo como nuevo auditor.
