Mediante el recurso de apelación que interpuso el Agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, modificó la sentencia emitida en julio del año 2018 en contra de José Manuel Aguilar García por los delitos de Violación, Abuso Sexual y Atentados al Pudor.
El Juez Mixto de Primera Instancia del Quinto Partido Judicial con sede en Jesús María, inicialmente condenó a pasar 87 años en prisión a José Manuel, pero debido a la gravedad de los delitos antes mencionados y la eficacia con la que actuó el Representante Social, acordó aumentar la sentencia a 130 años y 6 meses; la reparación del daño también fue modificada a $101,394.30 pesos.
Conforme a los hechos, se descubrió que José Manuel Aguilera García, contaba con varias denuncias por delitos de índole sexual en contra de algunos menores de edad, quienes señalaron que los acontecimientos se comenzaron a dar desde los años 2006 y 2007, cuando el hoy detenido participaba en una organización religiosa dando cursos de formación de guías espirituales.
Ahí contactaba a sus víctimas ya que su labor era trabajar con jóvenes menores de 18 años, a quienes mediante engaños llevaba a lugares solitarios donde practicaba actos aberrantes en agravio de los afectados, así como obligarlos a que le hicieran lo mismo; también se descubrió que en repetidas ocasiones José Manuel organizaba viajes a distintas playas del país, donde seleccionaba a los jóvenes que por las noches les obligaba a realizar relaciones íntimas.
Asimismo, se denunció que el hoy detenido llevaba a cabo sus actos inmorales, en el interior de un mini súper ubicado en la Avenida Independencia en la colonia Los Pocitos, donde citaba a algunas de sus víctimas y después de cerrar por las noches, les hacía tocamientos lascivos en su partes íntimas y practicar actos sexuales.
Al descubrir que sus víctimas habían presentado denuncias en la Agencia del Ministerio Público de la entonces Fiscalía de Delitos Sexuales, decidió cambiarse de residencia a la ciudad de Santiago de Querétaro, donde comenzó a trabajar como profesor de la materia de teología en una universidad de prestigio de esa localidad, pensando que se olvidaría el caso y que difícilmente darían las autoridades con su paradero.
Sin embargo, la detención del probable responsable se registró en la ciudad de Santiago de Querétaro en el mes de mayo del año 2014, después de que los Agentes Ministeriales de la actual Comisaría General de la Policía Ministerial del Estado de Aguascalientes en coordinación con sus homólogos de Querétaro lo ubicaron, dando cumplimento al mandamiento judicial que había en su contra los elementos queretanos, en el domicilio del solicitado en el documento judicial siendo en la calle Juan Carlos Losio de la colonia Calesa en el estado Querétaro.
Posteriormente, fue trasladado a las instalaciones de la Policía Ministerial del Estado de Querétaro donde se logró su captura, revisando la documentación y confirmado que el oficio de comisión contaba con los sellos correspondientes, lo que permitió el traslado del detenido a la Ciudad Capital de Aguascalientes.
Mientras se integraba la averiguación previa, los Personal de la actual Dirección General de Investigación Pericial llevaron a cabo los exámenes de psicología con cada uno de los jóvenes agredidos, corroborando que efectivamente, todo señalaba como probable responsable a José Manuel Aguilera García, por lo que se otorgó la orden de aprehensión emitida por el Juzgado.
Fue el Juzgado Mixto de Jesús María quien dictó el auto de formal prisión en contra del sentenciado, por lo que lo mandó llamar a la rejilla de prácticas donde se le notificó el inicio del juicio en su contra; El Representante Penal determinó que las pruebas aportadas por parte de la Fiscalía General del Estado era suficientes para dictarle la sentencia acusatoria, de 87 años de prisión.
Sin embargo, gracias al recurso de apelación presentado por el AMP adscrito a Juzgados penales, el Juez Mixto de Primera Instancia del Quinto Partido Judicial con sede en Jesús María, determinó modificar la pena a 130 años y 6 meses de prisión.
