Manipular tomas clandestinas, alterar y ocultar evidencia, no informar al jurídico de Pemex ni al Ministerio Público de las conexiones ilegales… estas órdenes impedían identificar quiénes robaban combustible de los ductos petroleros y a generar un subregistro del ilícito. Estas denuncias ante la PGR las hicieron agentes de la petrolera desde 2017 pero fueron archivadas. Newsweek México las da a conocer en el marco del actual juicio que se sigue contra Trauwitz y otros de sus subordinados.
La Procuraduría General de la República (PGR) y la Contraloría Interna de Pemex tuvieron en sus manos, desde 2017, indicios de que el general Eduardo León Trauwitz, un militar cercano al entonces presidente Enrique Peña Nieto, ordenaba alterar los registros de las tomas clandestinas a sus subordinados.
Mientras el robo de combustible seguía creciendo, y aunque estaba obligada a indagar los hechos denunciados, la PGR optó por no investigar ni frenar a Trauwitz.
Los peculiares mecanismos para alterar la evidencia vinculada a las tomas clandestinas fueron presuntamente ordenados desde la Subdirección de Salvaguardia Estratégica (SSE) a los agentes de seguridad –a quienes llaman los “especiales”. Así se refiere en la denuncias presentadas ante la PGR el 24 de marzo de 2017, mismas que ya habían sido presentadas, previamente, ante la Contraloría Interna de Pemex.
Newsweek México tuvo acceso a la denuncia inicial que se presentó en la PGR y que forma parte de las indagatorias que la actual administración federal lleva en contra del general Trauwitz y de otros de sus subordinados quienes, entre 2013 y 2018, eran los responsables de vigilar las instalaciones estratégicas y los ductos de Pemex.
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Hasta el momento, la audiencia inicial no ha podido siquiera desahogarse. El pasado 10 de abril la Fiscalía General de la República (FGP) no presentó completas las carpetas de sus imputaciones, así que la difirió para seis días después. El 16 de mayo ni el general Trauwitz ni los otros imputados acudieron a la cita de la autoridad. Se fijó una nueva fecha para la audiencia: el próximo 31 de mayo.
PRIMERAS DENUNCIAS
El 24 de marzo de 2017 agentes de la SSE denunciaron ante la PGR irregularidades en las operaciones que se les ordenaban. Lo hicieron a través del abogado Jorge García Andriano.
Los agentes acusaron “abuso de autoridad, intimidación, amenazas, encubrimiento” por parte de la subdirección estratégica de Petróleos Mexicanos. Que les ordenaban alterar el lugar y los vestigios de las tomas clandestinas para de este modo “impedir” que se averiguara la conducta delictiva de quienes ordeñaban los ductos petroleros.
Se refiere que se llegó “al grado de intimidar al personal operativo de seguridad física con despedirlos, para el caso de que estos informaran a terceras personas sobre el denominado Protocolo o Manejo Técnico que se les instruía efectuar al localizar indicios de una toma clandestina”.
Lo que se denunció ante la PGR coincide con lo narrado a Newsweek México el pasado 28 de abril por el especial Iván Rivas Ramírez. El exagente de seguridad que durante once años vigiló ductos e instalaciones estratégicas de Pemex reveló cómo les ordenaban manipular ellos mismos las tomas, les impedían reportarlo al área de ductos ni al jurídico de la petrolera y mucho menos ante el Ministerio Público.
Lo anterior cuando los protocolos de Pemex referían que los técnicos especializados del área de ductos son quienes debían inhabilitar las tomas clandestinas; mientras que los agentes de seguridad debían notificar los hallazgos ante el jurídico de la petrolera y presentar, ambos, las denuncias correspondientes ante el MP.
Obrar de forma contraria a como se debía, habría provocado un subregistro del ilícito e impedido que se pudiese indagar penalmente cada caso sobre quién o quiénes ordeñaban los ductos de Pemex.
En la denuncia que presentó el abogado García Andriano ante la PGR, a nombre de agentes de la SSE, refiere que cuando encontraban una toma: “tenían la orden de su superior jerárquico de proceder a inhabilitar los implementos impuestos sobre la superficie del ducto ya fuere segueteándolo o rompiendo las cuerdas de las orillas de los tubos o bien desmantelando los artefactos impuestos a las tomas clandestinas”.
Además, prosigue, “se les ha venido inhibiendo a los trabajadores, en el sentido de que se abstengan de dar parte al Ministerio Público federal sobre el descubrimiento de un hecho ilícito, esto es, que se abstuvieran de formular denuncia por los actos que les instruían realizar, o bien abstenerse de dar a conocer de la localización de la toma clandestina a la Subgerencia de Transportación por Ducto del lugar y más aún a la representación jurídica de Petróleos Mexicanos, para que el área mencionada procediese a formular la denuncia penal por el delito de robo de hidrocarburo y daños causados a los bienes de Pemex Refinación”.
García Andriano argumentó con precisión didáctica las irregularidades y violación a la normatividad de Pemex que constituía el tipo de órdenes que los agentes recibían.
Prácticamente le expuso ala PGR con claridad y conocimiento exacto el cómo se debía proceder cuando se ubicaba una toma, porque él mismo en su desempeño profesional, había laborado en el jurídico de Pemex durante seis años: de 2002 a 2008. No obstante, el caso no fue atendido.
En la denuncia se expone también que cuando los agentes localizaban una toma lo reportaban telefónicamente a sus superiores –subgerentes regionales o jefes del Departamento de Seguridad Física, militares en su mayoría– y que estos les ordenaban “que procedieran con el protocolo o manejo técnico”, que consistía en excavar y localizar los implementos impuestos a los ductos. Cuando volvían a reportarle al jefe del Departamento de Seguridad Física se daba la instrucción de neutralizar los artefactos, o de retirarlos mediante la inhabilitación completa, y enseguida debían colocar cemento para cubrirlos.
Una vez cumplida la orden, volvían a sus centros de trabajo, “pero no debían reportar por escrito sus actividades del procedimiento denominado manejo técnico, pues sus superiores les prohíban efectuar tales reportes, ya que si lo efectuaban eran amenazados de perder su empleo; de tal forma, ante tal intimidación, los agentes de seguridad física se abstenían de efectuar su reporte por escrito, menos atreverse a comunicarlo a las autoridades del Ministerio Público o a Ductos”.
Se señala que frecuentemente el desmantelamiento o la neutralización de las tomas clandestinas quedaba fuera de control. Ante tal situación, los jefes superiores “les instruían que comunicaran de ello a la Subgerencia de Transportación por Ducto de la zona del evento, para que los mismos acudieran a efectuar las maniobras para el control del derrame del hidrocarburo que, para esos momentos, ya había contaminado el lugar”.
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De manera que la aplicación de el “Sistema”, también llamado “Protocolo” o “Manejo Técnico” que se les ordenaba aplicar provocaba la contaminación de territorios, “lo cual repercute en la economía de Pemex”, se precisa en la denuncia.
Cuando los agentes se inconformaban o negaban a acatar este tipo de órdenes eran segregados, no se les proporcionaban las herramientas para su trabajo, y se les impedía que pudieran acudir al servicio médico, siendo que varios sufrieron lesiones en la rudimentaria neutralización de las tomas.
ÓRDENES ILEGALES
En la denuncia ante la PGR el abogado García Andriano refiere que el 26 de enero de 2017, el agente Moisés Ángel Merlín Sibaja, asignado entonces a las instalaciones de San Juan Ixhuatepec, “me solicitó de igual manera procediera a denunciar ante el Área de Quejas e Investigaciones de la Unidad de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos, las instrucciones provenientes por sus jefes de nombre Eduardo León Trawitz, en su carácter de subdirector de Salvaguardia Estratégica; Sócrates Alfredo Herrera Pegueros, gerente de Seguridad Física; Emilio Cosgaya Rodríguez, gerente de Gestión Técnica de Salvaguardia Estratégica; Francisco Casas Sánchez, subgerente Región Centro de Salvaguardia Estratégica, y Marcelino Mesinas García, subgerente Región Centro de Salvaguardia Estratégica, los cuales indistintamente y constantemente lo habían colocado en el plano para que efectuara desmantelamientos e inhabilitaciones de tomas clandestinas, a sabiendas dichos funcionarios que el trabajador no tenía las características de un ingeniero petrolero y que lo que le ordenaban era ilegal e ilícito, máxime que su movilización del departamento de seguridad física de Gómez Palacio, Durango, lo fue para efectuar trabajos técnicos ( desmantelamiento de tomas clandestinas) sin ser capacitado para ello”.
No obstante, se refiere también en la denuncia, “le ordenaban realizar el manejo técnico en Tierra Blanca, Veracruz, San Martín Texmelucan, Puebla, Tlaxcala, actuando dolosamente, ya que las instrucciones que le daban al agente en mención lo efectuaban de forma verbal absteniéndose de realizarlo por escrito, por lo que aprovechándose de ello, se dice esto último ya que le prohibían al trabajador informara de ello a otras autoridades bajo la amenaza de separarlo del empleo e intimidarlo que, de hacerlo, se le haría figurar como un individuo que participaba en el robo del hidrocarburo”.
Por este motivo, al sentirse intimidado por sus superiores, el 10 de enero de 2017 junto con su colega Carlos Cárdenas Alor, presentaron por escrito su inconformidad en el sentido de dejar de realizar tales actividades.
Porque además, se denuncia, “también le llegaron a ordenar sembrar tomas clandestinas, esto es, colocarlas, situación a la que se negó el trabajador efectuar, no obstante que los señores Wenceslao Cárdenas Acuña y Oziel Aldana Portugal, quienes se encuentran laborando en el área de inteligencia de Salvaguardia Estratégica de Petróleos Mexicanos, se lo habían indicado efectuar en el Municipio la Encrucijada de Atzitzintla”.
Lo anterior lo había denunciado previamente, el 1 de febrero de 2017, ante el Área de Quejas e Investigaciones de la Unidad de Responsabilidades en Pemex. Esto junto con evidencia en videos: el descontrol de una toma durante su desmantelamiento, que produjo daños al medio ambiente “y todo debido a las órdenes de los funcionarios de Petróleos Mexicanos adscritos a la Subdirección de Salvaguardia Estratégica, los cuales le habían venido instruyendo tales trabajos”.
EL ‘SISTEMA’ EN CADEREYTA
Lo que se revela la citada denuncia, coincide con el mecanismo que el exagente Iván Rivas Ramírez narró recientemente a Newsweek México, y que se les ordenó llevar a cabo en Sinaloa.
Esto se habría practicado en distintas instalaciones petroleras de todo el país, pero al margen de la Subdirección de Transportación por Ducto de Pemex.
En la denuncia presentada ante la PGR se denunció también el caso de Nuevo León:
“Fui informado por parte del señor Eliseo Lara Cortes, quien se desempeñaba con el cargo de agente operativo de seguridad física en Petróleos Mexicanos, en el área de la Subdirección de Salvaguardia Estratégica en Petróleos Mexicanos, adscrito al departamento de seguridad física de Cadereyta, Nuevo León, que en fecha 21 de noviembre de 2016, siendo las 15:00 horas, efectuaba su recorrido de patrullaje conjuntamente con sus compañeros de trabajo de nombre Verulo Martínez Martínez y José Cobos Malerva, de tal forma que localizaron indicios de una toma clandestina”.
Luego, prosigue, habrían informado a José Carlos Sánchez Echeverría, mando de seguridad física de Cadereyta, “respondiendo que se procediera en la aplicación del protocolo, esto es, efectuar la excavación del lugar y proceder a neutralizar o inhabilitar los instrumentos impuestos al ducto para la substracción del hidrocarburo, ya fuere cortar las cuerdas de la válvula o colocar cemento sobre estos”.
Pero Lara se negó porque “no estaba autorizado por la Subdirección de Transportación por Ducto de Pemex Refinación, además que la orden reflejaba el ocultamiento de un hecho delictivo, desde el momento en que se dejaba de ponerle del conocimiento de ello al Ministerio Público Federal, aunado que se estaba alterando el lugar y los vestigios, impidiendo con ello que se averiguara el delito cometido por las personas que habían efectuado la colocación de los implementos al ducto para el robo del hidrocarburo”.
Luego, “el señor José Carlos Sánchez Echeverría le indicó al trabajador Verulo Martínez Martínez procediera de inmediato en la aplicación del Manejo Técnico, empero al pretender efectuarlo, se descontroló la toma clandestina provocando el derrame del hidrocarburo liquido en el lugar, por lo que se procedió de nueva cuenta a informar telefónicamente de ello a José Carlos Sánchez Echeverría, quien ordenó que entonces le hablaran telefónicamente a la Subgerencia de Transportación por Ducto”, para que esa área enviara al ingeniero de mantenimiento y procedieran a la reparación y control de la toma clandestina.
Al contaminarse el lugar, se señala, Pemex se vio en la necesidad de contratar a una empresa para que saneara y remediara el lugar.
En tanto que otro agente, Enrique Alejandro Sandoval Díaz, asignado a Tamaulipas, “me instruyó formulara la denuncia ante el Área de Quejas e Investigaciones de la Unidad de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos (radicada bajo el expediente 216/PEMEX/QU82), por los motivos de obligarlo el funcionario Arturo Villa Adame Jefe del Departamento de Seguridad física de Tampico, Tamaulipas y por parte de Ramón Márquez Ledezma, de efectuar la inhabilitación o desmantelamiento de las tomas clandestinas y ocultar dicha información, y a lo cual el trabajador Enrique Alejandro Sandoval Díaz, se ha venido oponiendo, sin embargo bajo la misma temática había sido intimidado de separarlo de su cargo si dejaba de cumplir con las instrucciones”.
Se detalla que la madrugada del 23 de junio de 2016, los agentes Enrique Alejandro Sandoval Díaz, Emeterio Marcos Hernández y Genaro Cruz Alarcón, acompañados por militares del 31 Batallón de Infantería, a cargo del teniente Mario Guatemala Niño, patrullaban el derecho de vía del poliducto Madero-Linares-Cadereyta, y a la altura del Rancho “Dos Naciones”, en Altamira, localizaron indicios de toma clandestina.
Llamaron para notificarlo telefónicamente al jefe de seguridad Arturo Villa Adame, “quien ordenó se procediera a excavar y si encontraban los implementos impuestos al ducto, se procediera a cubrirla de nueva cuenta, aspecto que orillo al teniente en mencionar que lo que se estaba efectuando estaba mal de acuerdo al nuevo sistema penal acusatorio de informar al Ministerio Público Federal del hallazgo, sin embargo los trabajadores de Pemex informaron a sus superiores y estos mismo les indicaron que continuaran con sus actividades, esto es que dejaren de hacer caso a lo expresado por el personal militar”.
En la extensa denuncia se narra que cuando los agentes se inconformaban por el tipo de órdenes que se les daba, que eran contrarias a la ley y normatividad de Pemex, se les amenazaba con el despido y eran blanco de hostigamiento por parte de sus superiores.
Ahora, los señalamientos descritos son parte de lo que las autoridades indagan, más de dos años después de que esta denuncia fue presentada.
