El flujo masivo de familias centroamericanas que buscan asilo en Estados Unidos desborda las instalaciones de inmigración del país.

El 7 de abril, la crisis en la frontera sur de Estados Unidos fue la causa directa de la renuncia forzada de la Secretaria de Seguridad Nacional Kirstjen Nielsen, quien, de acuerdo con el Presidente Donald Trump, no manejó la situación en forma eficaz.

Mientras Trump promete “cerrar la frontera” y “castigar” a los gobiernos de Honduras, Guatemala y El Salvador por no frenar el éxodo proveniente de sus países, la pregunta de por qué tantas familias realizan el difícil y peligroso viaje hacia el norte surge con más urgencia que nunca.

He dedicado gran parte de la última década a realizar trabajos de campo en esta región y a lo largo de las rutas migratorias que atraviesan México, buscando respuestas a esta pregunta.

La pobreza extrema y la violenta impunidad en la región son factores fundamentales que impulsan la migración.

Y sin embargo, la historia de cada migrante es única. Algunos simplemente buscan la oportunidad de ganar suficiente dinero para asegurar un mejor futuro para ellos mismos o para sus hijos. Otros huyen de la persecución a manos de las pandillas, del crimen organizado o de los funcionarios estatales corruptos. Para otros, la inseguridad y la pobreza están tan entrelazadas que resulta imposible separarlas.

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La región está asolada por la pobreza extrema y la desigualdad. Actualmente, cerca de la mitad de los centroamericanos, y dos tercios de la población rural de Guatemala y Honduras, sobreviven por debajo de la línea internacional de pobreza.

Mientras tanto, en lo que va del siglo XXI, Honduras, Guatemala y El Salvador han sido clasificadas constantemente entre las naciones más mortíferas del mundo.

Muchos migrantes centroamericanos simplemente están desesperados por encontrar un empleo donde ganen lo suficiente para alimentar a su familia. Las leyes de asilo de Estados Unidos no proporcionan ningún alivio a estos “refugiados económicos”.

A finales de 2017, conocí a Roberto Quijones en un refugio para migrantes en el estado mexicano de Tabasco, a unos 40 km al norte de la frontera entre México y Guatemala. Mientras hablábamos, él remojaba sus pies llenos de ampollas y trataba de arreglar sus maltrechos zapatos con cinta de ducto.

Roberto viene de un pueblo rural del noroeste de El Salvador, cerca de la frontera con Honduras y Guatemala, y ha estado sin trabajo durante dos años. Por más de un año, él, su esposa y su hija de dos años vivieron con una tía. Pero son cada vez menos bienvenidos.

“Ella es de la familia”, dice Roberto, “pero uno sabe que llega el momento en el que ya no es posible seguir sin pagar el alquiler. Ni siquiera con la familia”.

E incluso para aquellos que pueden encontrar un trabajo, los salarios extremadamente bajos son insuficientes para satisfacer las necesidades básicas de una familia, lo cual acaba con la esperanza de un mejor futuro.

“Puedo ganar 200 lempiras por un día de trabajo”, el equivalente a 10 dólares estadounidenses, señala Marvin Otoniel Castillo, originario de Tegucigalpa, Honduras, y padre de tres hijos. Hablamos a finales de 2016 debajo de un puente en Veracruz, México, esperando abordar un tren para seguir hacia el norte.

“Por ello, toda tu vida se sumerge cada vez más en las deudas”, continuó Marvin. “Por eso vine. Para enviar a mi hijo mayor a la escuela, para que no tenga que vivir como su padre”.

Otros migrantes han sido blanco de las organizaciones criminales que operan con flagrante impunidad en Centroamérica.

Las organizaciones criminales derivan gran parte de su poder de sus profundos lazos con agentes gubernamentales; en ocasiones, es imposible identificar dónde termina el Estado y dónde comienza el ámbito criminal. Tales conexiones también hacen que sea difícil comprender quién es el responsable de algún crimen en particular.

Las pandillas transnacionales como la Mara Salvatrucha, o MS-13, desempeñan una importante función en esta violencia. Los cálculos de su aportación a los índices globales de criminalidad varían según el país, y se ven obstaculizados por unos índices extremadamente bajos de acciones judiciales, así como por la falta de datos confiables.

Sin embargo, las pandillas son responsables de las más extensas y brutales redes de extorsión de toda la región, las cuales generan profundos conflictos psicológicos y económicos para los centroamericanos pobres, al tiempo que también provocan incontables asesinatos.

El resultado es que muchos centroamericanos que tratan de entrar en Estados Unidos literalmente están huyendo para salvar su vida.

Entre ellos se encuentra Pedro, cuyo tío y dos hermanos fueron asesinados a tiros en una transitada calle de la Ciudad de Guatemala en 2015 debido a que, según cree, su primo le había robado a una organización de tráfico de drogas. Al igual que otras personas a las que he entrevistado y que huyen de la persecución violenta, él pidió mantenerse en el anonimato para protegerse a sí mismo y a su familia, que sigue viviendo en Guatemala.

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Pedro dijo que se mudó con su esposa y sus dos hijas a otra parte de la ciudad para evitar ser detectado. Pero entonces, la policía descubrió el cuerpo de su hija de 13 años en un callejón.

Sus atacantes la habían violado, la habían quemado con cigarrillos y la apuñalaron hasta matarla. Pedro dijo que nadie le diría quien lo hizo, pero huyó con su familia para garantizar su seguridad.

También está Alejandra, originaria de una ciudad mediana al oeste de la capital de Guatemala, que me contó que estudiaba su último año en un programa de capacitación en enfermería y que pasaba las vacaciones de Navidad con su familia cuando vio cómo asesinaban a tiros a su tío en el patio frontal mientras colocaba las luces de la decoración navideña.

Su tío, dice, se había rehusado a dejarse extorsionar por un grupo criminal dirigido por oficiales de policía antiguos y en activo. Al día siguiente, Alejandra recibió mensajes amenazadores por Facebook. No quería salir del país, pero se mudó a otra ciudad con una amiga y trató de mantener un bajo perfil.

Pocas semanas después, dice Alejandra, el grupo envió a un niño con una pistola para matarla. Logró escapar tirándose de la motocicleta en la que viajaba. Fue entonces que decidió dejar su carrera y huir de Guatemala.

Por razones financieras o personales, muchos centroamericanos no pueden o no quieren huir ante tales amenazas. Esto puede costarles muy caro.

Una tarde, a finales de 2018, una mujer llamada Sofía relató que varios miembros de la MS-13 la secuestraron mientras caminaba rumbo a su casa después del trabajo en San Pedro Sula, Honduras. Ella se había mudado a la ciudad meses antes con su hija de 12 años porque su esposo Pablo había huido del país para escapar a las amenazas de las pandillas.

Pablo trabajaba conduciendo un camión de mercancías, pero entonces, la MS-13 mató a su jefe por no dejarse extorsionar. Se piensa que las extorsiones ejercidas por las pandillas son una de las principales causas de los asesinatos ocurridos en Honduras, y aunque la mayor parte de las víctimas de extorsión de ese país son pobres, pagan alrededor de 200 millones de dólares al año para protegerse.

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La MS-13 le dijo a Pablo que él sería el siguiente.

El dinero de la familia apenas bastaba para sacar a Pablo de Honduras. Quizás, esperaban, si él se iba, la pandilla dejaría en paz a la familia. Cuando llegara a Estados Unidos, podría enviar más dinero.

El plan no funcionó. Cuatro pandilleros obligaron a Sofía a subir a un auto, la llevaron al campo, la golpearon y la violaron repetidamente. “Esto es lo que va a pasarle a tu hija”, le gritaron una y otra vez, “si no nos pagas lo que tu esposo nos debe”.

Las imágenes e historias de centroamericanos encerrados en jaulas en la frontera mientras esperan a ser procesados muestra cómo el sistema migratorio de Estados Unidos nunca estuvo diseñado para hacer frente a tantas personas que huyen de este tipo de problemas.

Con la esperanza de obtener un mejor trato en la frontera, algunos migrantes han recurrido a fingir que pertenecen a unidades familiares o a mentir con respecto a su edad.

Este tipo de “engaño al sistema” puede ser éticamente cuestionable, pero visto desde la perspectiva de la supervivencia, tiene todo el sentido del mundo.

Tales estrategias nos hablan, más que nada, de la desesperación colectiva, y plantean una pregunta que me han hecho muchos de los migrantes centroamericanos a los que he conocido en todos estos años: “¿Qué habrías hecho si estuvieras en mi lugar?”

Anthony W. Fontes es profesor adjunto de Seguridad Humana en la Escuela Universitaria Estadounidense de Servicio Internacional.

Este artículo ha sido reproducido de The Conversation bajo licencia de Creative Commons. Lee el original aquí.

Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad del autor.

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Publicado en cooperación con Newsweek / Published in cooperation with Newsweek