Más allá de las múltiples temáticas que el actual gobierno pretende abordar al mismo tiempo, se puede afirmar, sin lugar a dudas, que el éxito o el fracaso en su conjunto, del sexenio del presidente López Obrador, estará determinado por el nivel de eficacia con que logre enfrentar el grave problema de la crisis de los derechos humanos que afecta a México. Frente a la tragedia de más de 40 mil personas desaparecidas, la persistencia de recurrentes ejecuciones extrajudiciales y asesinatos de periodistas, así como de la tortura en el marco de las acciones contra el crimen organizado, los responsables institucionales no atinan a encontrar soluciones satisfactorias a pesar de haber reconocido que el país “es una gran fosa clandestina”, al anunciar la estrategia nacional contra la desaparición y búsqueda de personas ausentes.
Tanto la desaparición (en la que participan sólo particulares) como la desaparición forzada (con participación o consentimiento de agentes del gobierno) generan distintas obligaciones para el Estado entre las que destacan: prevenir nuevas desapariciones, investigar el paradero de las víctimas y la identidad de los responsables, sancionar a dichos individuos y garantizar la reparación del daño. Si el Estado mexicano incumple estas obligaciones, incurre en responsabilidad internacional, incluso en aquellos casos donde no se acredita su participación directa. De esta manera, cualquier intento del gobierno por afirmar que una desaparición “no fue una desaparición”, o que “no fue forzada”, o que se trata de un secuestro o cualquier otra cosa sin antes haber realizado una investigación exhaustiva e imparcial, es condenable.
Muchas desapariciones son responsabilidad de la delincuencia organizada que combate abiertamente al Estado demostrando amplia capacidad de fuego e incluso cooptando a diversos integrantes de la autoridad. Por si fuera poco, los delincuentes controlan amplias zonas del territorio nacional ejerciendo diversas formas de presión sobre la población. En tal contexto, pese a la “Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas” y de haber nombrado en días pasados a la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas quien dispondrá de un presupuesto de 400 millones de pesos para llevar a cabo sus tareas, diversos organismos internacionales de prestigio como Human Rights Watch, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o Amnistía Internacional han denunciado reiteradamente, que en nuestro país la violación de los derechos humanos continúa a ser sistemática y generalizada.
Miles de familiares de personas desaparecidas, respaldados por organizaciones de la sociedad civil, recorren cotidianamente tortuosos caminos para conocer el paradero de sus seres queridos, planteando a los funcionarios la urgente necesidad humanitaria de ofrecer respuestas concretas y no solamente buenas intenciones. Por ello sostener que el gobierno “no establecerá sus criterios en función de los ataques, acusaciones o apoyos de esos colectivos”, refleja un profundo desdén hacia las víctimas. La crisis de los derechos humanos deriva en parte de la incompetencia de las autoridades encargadas de encontrar soluciones a estas problemáticas. La dispersión y desorganización de los datos sobre personas desaparecidas y de violaciones a los derechos humanos alimenta la pasividad institucional. Es urgente una política de Estado integral en la materia. Las estrategias adoptadas hasta ahora ilustran la enorme distancia existente entre nuestros gobernantes y los ideales democráticos, entre los que destaca el imperio de la ley.
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