De cara a la pobreza y a las carencias en las que aún viven miles de potosinos, es imperante que la justicia social ocupe un lugar central en las políticas implementadas por este gobierno y los que habrán de venir. Sin duda, todavía falta mucho por hacer.
Cuando la Organización de las Naciones Unidas proclamó en 2007 al 20 de febrero como el Día Mundial de la Justicia Social reconoció que esta, junto al desarrollo social, es «indispensable para el logro y mantenimiento de la paz y seguridad» y que, al mismo tiempo, se requiere de «paz, seguridad y respeto para todos los derechos humanos y libertades fundamentales» para que el desarrollo y la justicia social sean atendidas.
De este modo, el organismo admitió «la necesidad de seguir consolidando la labor de la comunidad internacional encaminada a erradicar la pobreza y promover el empleo pleno y el trabajo decente, la igualdad entre los sexos y el acceso al bienestar social y la justicia social para todos».
Sin duda, el Estado mexicano aún se encuentra muy lejos de garantizar el bienestar y la justicia social a toda su población: más de 53 millones de mexicanos viven en pobreza, 1.9 millones no tienen empleo, 30.6 millones laboran en la informalidad y 32.9 millones viven con vulnerabilidad por carencias sociales, entre las que se encuentran el acceso a los servicios básicos de educación, salud y vivienda.
En ese contexto, San Luis Potosí no es la excepción. Por ello, y en el marco de esta conmemoración, presentamos los retos a los que se enfrenta nuestra entidad.
Viviendo entre carencias
Aunque las cifras oficiales evidencian que, en comparación con la medición de 2014, en 2016, San Luis Potosí registró una disminución del 5.3% en el número de pobres (70 mil 372 potosinos menos en situación de pobreza), la población vulnerable por carencias sociales incrementó en 3.6 por ciento.
Paralelamente, la población vulnerable por ingresos aumentó en 6.5%, es decir, en 2016 se sumaron cerca de 13 mil 470 potosinos al grupo de personas cuyos ingresos son insuficientes para adquirir alimentos, transporte, educación, salud, esparcimiento, bienes u otros servicios de consumo habitual.
Además, a pesar de que los datos oficiales indican que la pobreza moderada presentó un decremento en un 2.4%, aún son 1.05 millones de potosinos los que se encuentran en esta situación. Una cifra menor, aunque no menos grave, son las 213 mil 810 personas que viven bajo la pobreza extrema en la entidad.
Por otra parte, los registros indican que en San Luis Potosí existen 1.9 millones de personas con al menos una carencia social, mientras que son más de 491 mil personas la que tienen al menos tres carencias sociales.
Finalmente, alrededor de 1.5 millones de potosinos no tienen acceso a la seguridad social, mientras que 253 mil 148 personas carecen de acceso a los servicios de salud. Asimismo, 486 mil 678 personas se contemplan en rezago educativo en la entidad.
Los que no estudian
De acuerdo con el Coneval, para 2016, de los 486 mil 678 potosinos en rezago educativo, 36 mil 52 tenían entre 3 y 15 años, lo que implica un aumento del 3.9% respecto de la medición de 2014, cuando había 34 mil 670 niñas, niños y adolescentes que no asistían a la escuela o no habían terminado la educación secundaria.
Ya en 2015, la Encuesta Intercensal del Inegi evidenciaba que el 7.5% de su población entre tres y 14 años no asistía a la escuela (48 mil 75 potosinos). Los municipios que registran la mayor inasistencia escolar del estado para este grupo de edad son Villa Ramos (12.7%), Armadillo de los Infante (12.3%) y Salinas (11.7%).
En tanto, la inasistencia escolar ascendió a 24.73% entre quienes tenían entre 15 y 17 años, lo que significa que en 2015 había 38 mil 686 adolescentes potosinos que estaban fuera de la educación preparatoria. Este promedio estatal se incrementa de manera significativa en algunos municipios de la entidad, tal es el caso de Santa Catarina y Villa de Arriaga en donde se registra una inasistencia escolar de 47.1 y 45.7 por ciento.
Al respecto, es preciso señalar que, de acuerdo con datos del Inegi, en San Luis Potosí la tasa neta de matriculación[1] para el periodo escolar 2017/2018 fue de 96.3% en primaria, 86.1% en secundaria y 60.9% en educación media superior. Destaca que la matricula registrada en primaria y media superior están por debajo de la tasa nacional que fue de 98.6 y 63.9 respectivamente.
Por otro lado, debe consignarse que en San Luis Potosí, en promedio se cumplen 8.82 años de escolaridad, lo que equivale a casi el tercer año de la educación secundaria.
Al respecto, destacan las grandes diferencias que existen en el ámbito municipal. Mientras San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Ciudad Valles y Matehuala superan el promedio estatal, con 10.64, 10.02, 9.29 y 9.25 años de escolaridad, respectivamente, 50 municipios (de los 58 que conforman la entidad) no solo están por debajo de la media, sino que además ni siquiera alcanzan los 8 grados.
Destacan 34 municipios en donde el indicador es incluso menor al registrado en el estado de Chiapas (7.29), que es la entidad con el valor mínimo alcanzado en el país. El municipio que tiene el indicador más bajo en la entidad es Santa Catarina, debido a que registró un promedio de 4.89 años de escolaridad en su población.
Vivienda digna: un derecho que no es para todos
La última medición de la pobreza evidenció que en San Luis Potosí, el 9.7% de la población vive con alguna carencia relacionada con la calidad y los espacios de su vivienda, lo que representa a 270 mil 63 potosinos.
De ellos, más de 115 mil habitan en viviendas con pisos de tierra, 13 mil 400 en viviendas con techos de material endeble y 82 mil 748 con muros de material endeble, además, hay 113 mil 900 personas que viven en hacinamiento.
A nivel municipal, esta carencia alcanzó, en 2015, al 51.8% de la población de Tanlajás, al 50.9% de la de Tampamolón Corona, al 50.7% de la de San Antonio y al 49.4% del municipio de Tancanhuitz.
Adicionalmente, en 2016, en la entidad había 688 mil 627 personas que vivían con alguna carencia por acceso a los servicios básicos en su vivienda: 265 mil 765 sin acceso al agua, 355 mil 520 sin drenaje, 34 mil sin electricidad y 346 mil 718 sin chimenea cuando usan leña o carbón para cocinar.
Únicamente en uno de los 58 municipios que conforman la entidad, el indicador está por debajo del promedio estatal, que es de 5.5%. Dicho municipio es Soledad de Graciano Sánchez, en donde solo el 2.2% de su población tiene esta carencia; en contraste, San Antonio, Santa Catarina y Coxcatlán, el indicador alcanza el 93.8, 88.7 y 87.7 por ciento, respectivamente.
Por su parte, los datos de la Encuesta Intercensal aportan información sobre la disponibilidad de sanitario en las viviendas de los potosinos. De acuerdo con ello, el 2.9% de las viviendas particulares habitadas (20 mil 796) no dispone de servicio sanitario y entre las que sí disponen, 19.4% (64 mil seis) usan letrina o pozo.
En 38 de los 58 municipios de la entidad este indicador supera el promedio estatal, entre ellos, destacan los casos de Villa de Arriaga, Mezquitic de Carmona y Santa María del Río, en donde el 23.4%, el 16.9% y el 14.8% de las viviendas particulares habitadas no disponen de sanitario. En contraste, Cárdenas, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez tienen a menos del 1% de sus viviendas en esta condición.
La fractura del empleo
De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo «la búsqueda de justicia social ofrece a cada hombre y a cada mujer en el trabajo la posibilidad de reivindicar libremente y en igualdad de oportunidades su justa participación en las riquezas que han contribuido a crear».
No obstante, en nuestro país, el mundo del trabajo está fracturado: millones de personas se encuentran desempleadas o en la informalidad, y quienes sí cuentan con un empleo deben enfrentar condiciones de precariedad, como la falta de acceso a un salario digno o a prestaciones económicas y sociales, como es el caso de la seguridad social.
En San Luis Potosí, datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) revelan que para el tercer trimestre de 2018 (julio-septiembre) había 30 mil 878 potosinos desocupados, lo que representa al 2% de la Población Económicamente Activa de la entidad; con ello, nuestro estado registró una tasa de desocupación de 2.3 por ciento.
En total, San Luis Potosí concentra una fuerza laboral ocupada de 1.2 millones de personas, de las cuales, 695 mil 775 (57%) laboran en condiciones de informalidad. Es decir, se encuentra un punto porcentual por arriba que el mismo periodo de 2017 y solo dos puntos por debajo que en el periodo de 2016 y 2015. Paralelamente, hay 70 mil 607 personas que pese a tener un empleo tuvieron la necesidad y disponibilidad de ofertar más tiempo de trabajo.
Además, 43% del total de trabajadores subordinados y remunerados —los cuales constituyen el 66% del total de personas ocupadas en la entidad— no cuentan con acceso a instituciones de salud, el 39% carece de prestaciones laborales y el 40% no dispone de contrato por escrito.
Adicionalmente, del total de la población ocupada en San Luis Potosí, 110 mil 745 personas no reciben remuneración alguna por su trabajo (9%), a las que se suman las 516 mil 629 personas que perciben dos o menos salarios mínimos (43%), situación que las coloca por debajo de los umbrales de la pobreza y que contrasta con el 4% que gana más de cinco salarios mínimos.
Sin duda, falta
mucho por hacer. Por ello, frente a la pobreza y las carencias en las que aún
viven miles de personas en nuestra entidad, es imperante que la justicia social
ocupe un lugar central en las políticas implementadas por este gobierno y los
que habrán de venir.
[1] Indicador que muestra el porcentaje de población atendida en un nivel educativo determinado (matrícula total), respecto de la población en edad oficial de cursar ese nivel.
