El Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes, denunció ante el Sistema Estatal Anticorrupción a la diputada del Partido Acción Nacional (PAN) Paloma Amézquita Carreón, así como al Director General de Servicios Parlamentarios, Javier Soto, por la falta de imparcialidad en sus trabajos y conflicto de intereses.
De acuerdo con el asesor jurídico del Observatorio, Wilfrido Salazar, ambos incumplieron con diversos artículos de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes y la Ley Orgánica del Poder Legislativo, al presentar e impulsar la reforma legislativa que busca proteger a la vida desde la concepción.
El abogado explicó que la denuncia se realizó ante el SEA, debido a que el incumplimiento de dichos artículos contravienen directamente al modelo de Parlamento Abierto, adoptado en México desde el 2012 y que cuenta con una serie de reglas para las y los legisladores, entre las que se incluye:
“Implementar mecanismos que garanticen la transparencia, la máxima publicidad, el derecho de acceso a la información, la apertura gubernamental, la participación ciudadana y la rendición de cuentas; a través de mecanismos que garanticen la publicidad de Información oportuna, verificable, comprensible, actualizada y completa, atendiendo en todo momento las condiciones sociales, económicas y culturales del Estado de Aguascalientes.”
Para los activistas, la diputada falló en el sentido de no dar información oportuna y confiable, pues en días anteriores la acusaron de manipular información de la UNESCO a fin de justificar la reforma anti aborto que impulsa en el Congreso Local.
Recalcaron también que según el artículo 30 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes vigente que establece que la Mesa Directiva observará en su actuación los principios de objetividad e imparcialidad.
Amézquita Carreón, al ser la presidenta de la Mesa Directiva, incumpliría con este artículo al presentarse en sesión plenaria con un pañuelo azul en la muñeca, como manifestación a favor del Frente Nacional por la Familia.
“También estamos denunciando el conflicto de interés del Director General de Servicios Parlamentarios, Javier Soto, quien además lo conocen porque fue vocero del FNF quien partició en una conferencia de prensa en mayo de 2016, así como su intervención en una de las marchas del FNF a favor de la vida como integrante de la Comisión del Orden de la marcha en julio de ese mismo año”, manifestó.
Activistas presentes reiteraron su inconformidad con la reforma que se pretende aprobar el próximo 27 de diciembre, pues insisten en que la propuesta pretende otorgar personalidad jurídica a algo que no está vivo.
“Células, mórulas, huevos, embriones, quieren darle personalidad jurídica adjudicando derechos y obligaciones, eso no tiene sentido”, externó Marcela Martínez Roaro, quien consideró que estas propuestas reflejan una falta de responsabilidad por parte de las y los legisladores del estado.
Por parte de Sofía Regalado, mencionó que el dictamen que promueve la reforma, está lleno de términos ambiguos y términos que carecen de un significado específico, lo que puede ser utilizado para darle una interpretación errónea o diferente a la intención original, además de carecer de justificaciones sólidas para aprobar la reforma.
“Está redactada a partir de mentiras, falsificación de fuentes, malintepretación de leyes, de un estudio que habla de la programación celular en embriones de ratones y que cita resoluciones de la suprema corte de justicia de los años 60 (…), está claro que el objetivo de la vida es proteger al embrión humano y justificarlo como una persona humana, pero no existe justificación jurídica ni científica que avalen estas afirmaciones,” sentenció.
