La batalla legal por garantizar el derecho de su hijo de recibir una pensión alimenticia se ha prolongado durante cinco años, tiempo durante el cual Azucena A. se ha enfrentado a la indiferencia de quien fuera su esposo y más aún, al favoritismo del juez de lo Familiar de Tuxtepec, Juan Raúl A.G.
“Desde que en 2014 se ordenó el pago a mi hijo de tres mil pesos mensuales por parte de su papá, los recursos han fluido de manera irregular y el retraso llegó a los tres años, lo que motivó la solicitud de embargar sus bienes para que pagara sus adeudos”, explica.
El temor a perder sus propiedades motivó al demandado a cumplir con sus obligaciones en parcialidades. Pero por alguna razón el juez de lo Familiar retiró la medida en octubre de 2017, al considerar que esto podría afectar el bienestar del varón.
Desde hace más de un año Azucena dejó de recibir el dinero pactado. Ante ello y en un intento de obtener respuesta y justicia, la afectada interpuso una queja en la Comisión de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) contra el juez.
“En el colmo del abuso fui citada a una audiencia en la que me pidieron demostrar que durante el tiempo que mi hijo no ha recibido pensión alimenticia, la ha necesitado”, denuncia.
Como el caso de esta mujer en el juzgado de lo Familiar de Tuxtepec, una decena se encuentran en las mismas condiciones, por lo que los abogados solicitaron la intervención del Poder Judicial del Estado.
Ante las constantes quejas y denuncias contra el servidor público, el visitador de este ente, Roberto López acudió al juzgado de lo Familiar de la región de la Cuenca, donde reconoció que se investiga la actuación del servidor público.
“Existen quejas sobre señalamientos de parcialidad de los asuntos que atiende el juez y como visitador se emitirán algunas medidas de protección para que haya objetividad en los asuntos, entre ellas un oficio en el que se exhorte al servidor público que garantice los derechos de los menores a la pensión alimenticia”, aseguró.
En este sentido, advirtió que en caso de demostrarse que existe favoritismo y parcialidad hacia los varones, que es el hecho en el que radica la investigación, se procedería a la destitución o cese del juez.
Lo que sí reconoció el funcionario es la sobresaturación del Juzgado y la necesidad de establecer medidas para mejorar y agilizar los trámites, ya que hay retraso en el dictado de los acuerdos, lo que tiene que ver con la excesiva carga en materia de lo Familiar.
Y consideró indispensable la creación de un nuevo juzgado o la ampliación de la plantilla de personal.
