Para rellenar la superficie de las pistas dos y tres donde despegarían los aviones del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), las retroexcavadoras se han alimentado de alrededor de 80 cerros del oriente del Estado de México e Hidalgo.

De esos montes carcomidos, algunos convertidos en cráteres, ha sido extraído material suficiente para llenar 30 estadios Azteca. Treinta millones de metros cúbicos de piedras para dos de las siete pistas de aterrizaje y despegue contempladas en el proyecto, que tienen una extensión de entre cuatro y cinco kilómetros cada una.

El Grupo Aeroportuario de México que construye el NAIM no prevé ninguna medida de mitigación o compensación para revertir el deterioro ambiental causado por la minería que alimenta los trabajos de la primera etapa del llamado “aeropuerto más sustentable del planeta”.

Ese daño por la explotación de recursos no fue incluido en la Manifestación de Impacto Ambiental Regional (MIA-R), por lo que las empresas no estarían obligadas a revertirlo, tal y como lo establece la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.

A cuatro años de comenzar las obras del NAIM, su huella más notoria en la región oriente del Estado de México es por los cerros consumidos, los cauces de arroyos desviados y contaminados, el vaciado de desechos tóxicos en terrenos de conservación ecológica.

Con la obra peligra el principal vaso regulador de agua en la cuenca del Valle de México.

Algunos habitantes de las comunidades alrededor del aeropuerto esperan expulsar el proyecto de sus territorios, a través de la consulta convocada por el gobierno electo para realizarse del 25 al 28 de octubre. Otros rechazan incluso la votación.

Habitantes denuncian un ecocidio

“Están desacatando órdenes de dos jueces… ¡No les importa! ¡No respetan nada!”.

El ingeniero José Espino Espinoza flexiona y extiende los brazos para enfatizar su impotencia.

“Tenemos toda la argumentación jurídico-legal de que esto es un ecocidio, señores. Y si no paramos esto, ¿qué país nos espera?”.

No es la primera vez que Espino y otros académicos de la Universidad de Chapingo denuncian que las empresas encargadas de construir el Nuevo Aeropuerto en Texcoco depositan los lodos tóxicos que extraen de la obra en los terrenos de San Nicolás Tlaminca. Pero esta vez lo hace frente a tres próximos secretarios de Estado: Josefa González Blanco, de Medio Ambiente; Javier Jiménez Espriú, de Comunicaciones y Transportes; y Roman Meyer, de Desarrollo Territorial.

Los desechos, explica el investigador, contienen sustancias como boro, cloro, y sodio, con un grado de acidez de 12.5 que los vuelve tan corrosivos como la sosa o blanqueadores domésticos, lo que imposibilitaría volver a sembrar en las próximas décadas en esas tierras y aumenta el riesgo de contaminar los mantos acuíferos.

Los argumentos que Espino refiere, desde el borde de un enorme hoyo donde es posible mirar el lento flujo de los lodos tóxicos, son los artículos constitucionales 2 y 4, que establecen los derechos a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, y al acceso, disposición y saneamiento del agua.

También apela al artículo 158 de la Ley General de Equilibrio Ecológico, por el incorrecto manejo de desechos; así como la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, la Norma 83 de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturares (Semarnat), el Código de Biodiversidad Estatal y el bando municipal de Texcoco, que impiden dejar a los residuos a menos de 500 metros de los cuerpos de agua.

El académico lo dice a 100 metros de distancia de donde cinco siglos atrás un emperador azteca ayunaba y meditaba, en una zona arqueológica conocida como los Baños de Nezahualcóyotl.

Esa mañana, machete en mano, frente a los funcionarios que tomarán posesión el 1 de diciembre, intervino también Felipe Álvarez, uno de los integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) que estuvieron presos durante cuatro años después de movilizarse en contra del aeropuerto en Texcoco, con delitos fabricados por las autoridades, según lo determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Los daños, los delitos, las muertes no pueden ser solucionados con una consulta”, dijo.

Minutos más tarde, el hombre de 67 años de edad, acompañado de uno de sus nietos, calificó de “alcahueta” la postura del próximo Presidente de México por retractarse de su promesa electoral de cancelar el aeropuerto en Texcoco y ahora vincularlo a los resultados de una consulta ciudadana.

Felipe Álvarez explica que si no defendiera sus tierras, su modo de vida, su cosmovisión, sería una traición tanto a sus antecesores como a sus descendientes. “Si yo hubiera claudicado, sería una vergüenza para mis nietos”.

Insiste: “No es la forma de obtener el progreso. Si fuese el progreso para nuestra patria la regalábamos, pero esto es un interés para un monopolio…

“Nos dijeron en nuestra historia que en el lago de Texcoco se paró el águila para crear la Tenochtitlán, ¿y qué estamos haciendo?”, cuestiona.

Y enumera los daños que la obra les ha dejado.

“Le hemos dicho una y mil veces: nos están dañando nuestro aire, nuestros derechos, están tirando árboles, están rompiendo cerros, están acabando con el águila”…

Municipio minado

Hasta enero de 2018, la Comisión especial de seguimiento a la construcción del Nuevo Aeropuerto, en la Cámara de Diputados, fue notificada por el Grupo Aeroportuario que había 164 minas abiertas para surtir de relleno a la obra.

En julio pasado, la cifra bajó a 94, una acción que el ingeniero Arturo González Cando, poblador y representante de vecinos de Tepetloxtoc, interpreta como un movimiento para reducir el impacto mediático.

Las minas excluidas, señala, fueron dadas de baja de manera formal pero sus trabajos continúan y el material extraído es vendido a empresas mayores que lo revenden al NAIM.

González Cando habita en el municipio con más minas en la zona. Su territorio concentra 63; solo 50 son legales.

Los pobladores del lugar cuyo significado es “en las cuevas del tepetate” se han defendido con dos amparos y cuatro denuncias contra la intervención de las mineras.

“Cada uno de los 80 cerros carcomidos es un ecosistema, ¿te imaginas?”, cuestiona González Cando.

Los pobladores buscan reducir la deforestación de bosque endémico de encino y pino, daño a cuerpos de agua y cañadas por la modificación de las corrientes de de lluvia y el paso constante de los pesados camiones de carga que circulan con 30 metros cúbicos de material extraído, además del uso de explosivos para la extracción de basalto, que ha deteriorado viviendas.

El plan hidráulico del NAIM contempla entubar los nueve ríos de la región, con lo que el caudal de 8,000 millones de metros cúbicos anuales del río Papanotla de esta comunidad sería llevado a otro sitio. 

González Cando explica que en la comunidad de Santa Gertrudis 280 viviendas resultaron fracturadas por los trabajos de minería y en San Pedro Chautzingo los trabajos mineros arruinaron un ojo de agua y lo quisieron ocultar secándolo. 

En Tepetlaoxtoc las mineras dañaron también cuevas con vestigios arqueológicos, y pusieron en peligro a una comunidad de ajolotes, símbolos de la civilización mexica.

Las empresas cortaron las corrientes de alimentación de agua para las lagunas de San Telmo, donde habitan estos animales incluidos en la lista de especies en riesgo de extinción (NOM-059-SEMARNAT2010), que posiblemente no resistan el siguiente periodo de sequía.

Supervisión ambiental

Por su magnitud, el NAIM cuenta con un comité de vigilancia ambiental integrado por especialistas y una institución supervisora, en este caso el Instituto Politécnico Nacional.

Miembro del comité de vigilancia, el biólogo Raúl Arriaga niega que exista un riesgo ambiental con la obra.

“El lago desapareció hace 500 años… En realidad el llamado lago Nabor Carrillo es un cuerpo de agua artificial, que formó parte del proyecto de manejo de la cuenca”, explica. 

Arriaga afirma que ninguna MIA-R tiene capacidad de abarcar todos los efectos de la obra. El documento, justifica, no contempla el daño de la minería en la zona debido al tipo de material extraído, evaluado por otro orden de gobierno.

 “Los minerales metálicos sí son evaluados por el gobierno federal, pero los no metálicos se evalúan por el gobierno estatal”, argumenta.

El gobierno federal, sin embargo, otorga una autorización de cambio de uso de suelo para la posterior operación de la mina.

“Hay que presentar la MIA para la explotación de ese banco de material, ante la autoridad estatal que establece los criterios. La autorización de impacto ambiental federal del aeropuerto lo único a lo que puede hacer referencia es que los materiales que se utilicen para la construcción del proyecto, en caso de que vengan de bancos de material, deberán estar debidamente autorizados por la autoridad competente, esto implica que la autoridad de supervisión ambiental, en este caso el IPN, tiene que verificar  que esos bancos de materiales cuenten con autorizaciones, y es lo que ha venido haciendo”, señala el biólogo.

El especialista niega que exista una razón ambiental con la suficiente fuerza como para revertir la construcción del NAIM en Texcoco.

“No veo ningún argumento técnico ni científico sólido que diga por qué no. El proyecto ha cumplido con todos los estudios y los procedimientos, está en construcción, lleva un grado de avance. Argumentar que se va para atrás porque hay mentiras son especulaciones y es un tema de percepción.

“Me preocupa que haya colegas biólogos que no actúen de manera ética, porque uno tiene que dar un dictamen técnico basado en ciencia verdadera, no en la percepción. Está totalmente desvirtuado el proceso”, afirma.

Arriaga advierte sobre los riesgos de echar atrás el NAIM por el avance de los trabajos realizados y la modificación de la zona, y  asegura que la campaña opositora al NAIM no tiene sustento.

“Si se cierra, se tiene que retirar todo y dejarse como estaba al principio. No están fácil…

“La propaganda que se está manejando en redes sociales es… por ejemplo ‘el aeropuerto de la muerte’… ¿Qué es eso? Me parece una vacilada. Pero eso es el tipo de información con la cual se genera inquietud en la gente y así funcionan los grupos que están en contra de cualquier cosa. Y se usa el tema ambiental para esto porque es un tema que a la gente le importa”… 

Desecación del Nabor Carrillo

En el debate de la sede del NAIM se discute qué sucederá con el Lago Nabor Carrillo, un cuerpo de agua de 1,000 hectáreas de extensión, que funciona como uno de los principales atrayentes de aves migratorias en el centro del país.

La legislación internacional impide construir un aeropuerto a menos de ocho kilómetros distancia de un cuerpo de agua atrayente de aves, por lo que desde octubre de 2017 la Comisión Nacional del Agua, Conagua, comenzó a desecar el lago.

Dentro de los cuerpos de agua de Texcoco se encuentra un área dedicada para la protección de especies y el número de aves oscila entre 6,000 y 150,000, de acuerdo con el monitoreo realizado por la empresa Sucofa, sólo por debajo de la Laguna de Zumpango, donde el número de aves alcanza los 260,000, que también estarían en riesgo si se decide acondicionar como aeropuerto la base militar de Santa Lucía.

Por lo pronto, con el inicio de la desecación del lago Nabor Carrillo, las aves migratorias de aguas profundas no han vuelto a la zona, explica la investigadora Patricia Zúñiga, quien participa en el monitoreo desde 2014.

Una vez que se vacíe el lago Nabor Carrillo, pasará a regular aguas negras del drenaje combinadas con lluvia.

Para la Conagua resulta primordial vaciar el Nabor Carrillo, debido a que la obra del NAIM ocupó el área de las lagunas de Texcoco, Casa Colorada y Xalapango que contenían el exceso de lluvia en el Valle de México y la dependencia sólo tiene lista una de las cinco lagunas artificiales contempladas para esta función, anunciadas en el proyecto del NAIM.

“Si el problema fuera sólo el riesgo aviar, no habría justificación para secar el lago desde ahora, porque el aeropuerto estará listo hasta después seis años”, destaca Fernando Córdova Dávila, investigador del Instituto de Ecología de la UNAM.

Córdova participó  en la elaboración del dictamen de las mesas técnicas entre el Grupo Aeroportuario y el gobierno electo, también forma parte de la campaña “Yo prefiero el lago”, que busca detener la obra del NAIM en Texcoco.

El también integrante de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad fue anunciado como parte del comité ciudadano que vigilará la ejecución de la consulta ciudadana.

Córdova argumenta que sólo cien hectáreas, equivalentes al 1 por ciento de la superficie federal de Texcoco, son irreversibles con los trabajos del NAIM. Lo restante es susceptible de rehabilitación.

El especialista considera que no sólo se trata de detener el NAIM, sino que es una oportunidad para buscar la sustentabilidad hídrica del valle de México.

“Si se cancela Texcoco, lo que urgiría es un decreto de protección de la zona federal. Se requerirían hacer estudios con miras a la recuperación de la vocación lacustre. Lo ideal sería no sólo considerar proyectos de regulación, sino de retención del líquido por medio de cuerpos de agua permanentes, como el Nabor Carrillo, pues una vez retenida el agua se puede buscar su potabilización y redistribución”.

La bióloga Patricia Zúñiga, una de las especialistas que contribuyó a que Texcoco se convirtiera en un área de conservación de aves, advierte del riesgo de detener el NAIM y no atender la zona.

“¿Si se llegara a suspender, a quién le van a importar las aves si no les han importado en 30 años? Lo peor que puede pasar es que se suspenda y no haya una mitigación, porque entonces se van a preocupar por lo que pase aquí”, dice y señala en un mapa el área de Santa Lucía.

Zúñiga destaca que en esta zona, el impacto ambiental se reflejaría en la laguna de Zumpango, donde posiblemente habría que expropiar tierras de cultivo, además de que la zona de pirotecnia de Tultepec sería otro elemento a evaluar.

Batalla legal

Los opositores al NAIM en Texcoco han centrado sus argumentos en los impactos ambientales. Si la consulta ciudadana favoreciera a que el NAIM continúe en Texcoco, estos opositores están preparados para una defensa legal. La académica del Instituto de Biología Patricia Escalante explica que cuentan con una demanda ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y en el terreno internacional ante la Comisión de Cooperación Ambiental, por la desecación del lago Nabor Carrillo.

La abogada ambiental Korina Esquinca, diputada suplente de Morena, también contempla juicios por el NAIM.

“Son denuncias ambientales en contra del impacto, en contra del estudio de riesgo, en contra del asunto del agua; hay descargas de residuos peligrosos. Aparte hubo despojo de tierras, entonces sería una demanda ahí en contra de la Secretaría de Agricultura. Hubo violación a los derechos humanos porque nunca se les preguntó. Hubo afectaciones arqueológicas y ahí hay que demandar al Instituto Nacional de Antropología e Historia…”.

La activista América del Valle, integrante del FPDT, opositor histórico al aeropuerto, vislumbra un mejor escenario para su causa que en otros sexenios. Ve posible ganar la consulta en contra del NAIM en Texcoco, pero afirma que dependerá del involucramiento de la población.

“No es que estemos plenamente confiados, sólo digo que 30 millones de mexicanos tienen memoria histórica y decidimos decir basta de tanta sangre y tanta impunidad, apostamos por esto, la moneda está en el aire y el desafío es grande, tanto para el nuevo gobierno como para el pueblo mexicano. Hay una pequeña esperanza, una pequeña posibilidad. Hay que apostarle todo, porque se nos va la vida en ello, como diría la canción”.

Se buscó la postura del Grupo Aeroportuario, sin obtener respuesta hasta el cierre de la edición.