Las agresiones contra periodistas son una realidad en Oaxaca que enluta familias e impide la consolidación de la democracia.  La organización Artículo 19 documentó 15 asesinatos de comunicadores entre 2000 y 2017 en la entidad.  Mientras que la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) inició 168 quejas por agravios contra comunicadores correspondientes a los años 2015, 2016 y 2017.

En estos tres años, el organismo atendió a 302 periodistas; los agravios más recurrentes fueron amenazas, hostigamiento, vigilancia e intimidación y agresiones físicas, de acuerdo al informe ciudadano “Bajo ataque.  Los derechos humanos en Oaxaca. 2013-2018”.

El documento, realizado por las asociaciones civiles “Comité de Defensa Integral de los Derechos Humanos Gobixha”, “Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca”, “Espiral por la Vida y Servicios para una Educación Alternativa”, indica que pese a la creación de organismos para la defensa de este sector, estos únicamente sirven como “fachada para justificar su negligencia”.

Entre estas instituciones señala a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR), y el Mecanismo para la Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos.

Mientras que en la entidad, en el sexenio anterior encabezado por Gabino Cué Monteagudo se crearon la Fiscalía de Investigación de Delitos de Trascendencia Social; la coordinación para la Atención de los Derechos Humanos del Poder Ejecutivo, y a partir de marzo de 2015, la Defensoría Especializada en Protección a Periodistas, “pero todas sirven para justificar su negligencia”, apunta.

El informe añade que la Defensoría registró que 80 periodistas fueron agredidos en 2015, y documentó 211 agravios en 2016; 148 fueron durante trabajo de cobertura. Al igual que el caso de personas defensoras, no hay recomendaciones.

“Durante 2017, la Defensoría registró agravios contra 100 periodistas. Ese año, con la llegada del gobierno priista, se cometieron 144 agresiones –103 contra varones y 37 contra mujeres–; las agresiones verbales contra ellas tuvieron connotaciones discriminatorias por ser mujeres. Por los ataques se emitieron 18 medidas cautelares para proteger la integridad física de 15 periodistas”, sostiene el informe.

Abunda que según los números de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), de 2000 a 2017 han sido asesinados 131 periodistas en México (entre ellos 13 mujeres), 20 se encuentran desaparecidos desde 2005 y han ocurrido 52 atentados contra instalaciones de medios de comunicación en el país a partir de 2006.

El órgano nacional atribuye el alto nivel de impunidad a un trabajo “muy deficiente” en materia de investigación de los delitos y falta de capacitación de los servidores públicos de esa área, por lo que se requieren acciones muy urgentes para evitar y recomponer este tema”.

Ante ello, las asociaciones recomiendan “el ejercicio libre del derecho a defender los derechos humanos, incluyendo la protesta social”, así como la “evaluación de los mecanismos nacional y estatales para la protección a personas defensoras y periodistas en relación a la efectividad y coordinación entre federación y estados”.

Así también en el informe se aborda lo referente a las políticas públicas en el contexto de los derechos humanos; los ataques a defensoras de los derechos humanos; la criminalización de la protesta social; la tortura; tierra, territorio y derechos de los pueblos indígenas; Niñas, niños y adolescentes; así como violencia feminicida.

En todos los ámbitos, las agrupaciones que llevan a cabo el informe, documentan las constantes violaciones a los derechos humanos, la impunidad y la ausencia de políticas públicas por parte del estado para atender estas problemáticas.