El gobierno de Trump impide el paso a los solicitantes de asilo en la frontera con México. Viajan desde África y Asia arriesgando la vida para llegar a lo que llaman un “purgatorio permanente”.
Cuando una turba de musulmanes incendió su tienda en el norte de Nigeria alrededor de 2015, Stephen huyó de las acciones en contra de los cristianos como él y se dirigió al sur. Pero pronto surgió más violencia; soldados del gobierno se enfrentaron a partidarios de un movimiento secesionista en el sureste de Nigeria, haciendo eco a las tensiones que habían sumido al país en una guerra civil 50 años antes. No había tenido ninguna noticia de su padre ni de su hermana desde los disturbios ocurridos más de un año antes y, temiendo por su vida, se dirigió en septiembre pasado a Ecuador y, finalmente, a Estados Unidos, a más de 16,000 kilómetros de distancia y con un océano de por medio.
Stephen se unió a miles de migrantes en la ruta por tierra desde Sudamérica, viajando a pie, en autobús y en bote a través de siete países hasta la frontera entre México y Estados Unidos, donde le dijeron que podía solicitar asilo. Sin embargo, sus compañeros nigerianos lo abandonaron en la densa jungla colombiana. Estuvo perdido durante varios días antes de que otro grupo de africanos y un indio lo encontraran. Más tarde, y a pesar de que no sabía nadar, enfrentó las difíciles aguas costeras por la noche en un atestado bote inflable perteneciente a un traficante de personas, para evadir los puestos de vigilancia en Nicaragua.
Finalmente, tres meses después de salir de Nigeria, bajó de un autobús en Tijuana, México, pero los migrantes y activistas reunidos allí tenían malas noticias: no podía seguir. Seis meses más tarde, mientras prepara un guiso en un refugio de una iglesia bajo el sofocante calor de junio, aún espera.
“Dicen que no podemos ir a Estados Unidos”, platica Stephen, con la condición de que se oculte su apellido para protegerse de las amenazas que él ha recibido en México y su familia en su país de origen. “Escucho que las deportan para que regresen a Nigeria. Uno no tiene ni dónde caerse muerto. Es como si te hubieran matado”.
Aunque el presidente estadounidense Donald Trump ha despotricado contra México por “no hacer nada” para impedir que los migrantes lleguen a la frontera con Estados Unidos, diciendo que viajan por el país “como si pasearan por Central Park”, esta es la verdadera realidad para miles de personas que vienen a México provenientes de todo el mundo para buscar asilo en Estados Unidos. Ya sea un cristiano nigeriano, un exiliado político de Angola o una madre mexicana embarazada que lleva en brazos a su hijo de dos años a más de 2,000 km al norte, los solicitantes de asilo dicen a Newsweek que están atrapados en un limbo creado por la política migratoria siempre cambiante del gobierno de Trump, cuyos funcionarios emplean ahora una controvertida táctica disuasiva: hacer que los migrantes esperen en México indefinidamente.
En Tijuana, todos los días, una creciente ola de inmigrantes se alinea afuera de la garita de San Ysidro para pedir asilo; la masa de concreto, conocida aquí como “El Chaparral,” es uno de los cruces fronterizos con mayor actividad en todo el mundo. Sin embargo, en un patrón que se repite en los puntos de entrada de California, Arizona y Texas, las autoridades mexicanas y personas voluntarias, bajo la instrucción de funcionarios de inmigración de Estados Unidos, reparten fichas a los migrantes, quienes pueden ser llamados después de varias semanas, o no ser llamados en absoluto.
Los solicitantes de asilo señalan a Newsweek que, con frecuencia, funcionarios estadounidenses les dicen que las autoridades “trabajan a su máxima capacidad”. A veces, son regresados físicamente por un agente armado de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos. Al enfrentar la arbitraria y caótica aplicación de la política de “tolerancia cero” de Trump y sus acciones represivas más amplias contra la inmigración, algunas personas prácticamente han desistido de solicitar asilo en Estados Unidos. Defensores, abogados y expertos en migración señalan que todo forma parte de una estrategia deliberada del gobierno de Trump para eludir las obligaciones legales estadounidenses e internacionales que exigen a las autoridades fronterizas que acepten y protejan a los solicitantes de asilo.
Adam Isacson de la Oficina de Washington para América Latina, una organización de derechos humanos sin fines de lucro, regresó recientemente después de observar la garita de Nogales, Arizona. Señala que ahí, CBP procesa únicamente alrededor de seis solicitantes de asilo al día, a pesar de tener una capacidad para atender a 47 personas, de que hay largas filas esperando afuera mientras que en el interior hay sillas vacías. “Mantienen los procesos de las garitas lo más lento posible”, dice. “El impacto neto de esto es que no haya personas de países en vías de desarrollo que entren en Estados Unidos y soliciten asilo, o que se mantenga el flujo lo más rezagado posible”.
Un vocero de CBP rechazó las acusaciones y dijo, “CBP no niega ni desalienta a los viajeros a solicitar asilo o cualquier otra forma de protección”. Sin embargo, el organismo reconoció que estaba “limitando temporalmente la entrada” en San Ysidro debido a que “las capacidades operativas” de la garita habían llegado a su límite y las instalaciones del organismo no estaban diseñadas para procesar o alojar a “cientos de solicitantes de asilo a la vez”. CBP había declarado anteriormente que en San Ysidro se tenía una capacidad de detención para 300 personas.
De cualquier forma, el enfoque del gobierno estadounidense obliga en los hechos a un acuerdo de “tercer país seguro” con México, convirtiéndolo en una sala de espera internacional. México ha comenzado a expedir “visas de tránsito” con el objetivo de otorgar un permiso temporal a los migrantes para que pasen por el país durante periodos indeterminados. La Embajada de México en Estados Unidos señaló en una declaración que una política donde únicamente se aplique la ley, sin un desarrollo económico, lo cual caracteriza ampliamente la actitud del gobierno de Trump hacia la región, no resolverá los problemas migratorios.
Para los solicitantes de asilo de todo el mundo que se encuentran en la frontera, la situación parece ser un purgatorio permanente, ya que no pueden avanzar ni retroceder. Aunque la gran mayoría proviene de Centroamérica, también hay personas que llegan de lugares tan lejanos como el África subsahariana y el sur de Asia. De enero a junio, las autoridades mexicanas han registrado a 2,317 migrantes asiáticos y 775 africanos. En mayo pasado, L. Francis Cissna, director de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos dijo a los congresistas que las solicitudes de asilo se habían triplicado hasta llegar a 142,000 entre 2014 y 2017, y que el rezago había aumentado a 318,000 casos. Aunque alrededor de 80 por ciento de los solicitantes de asilo aprueban el proceso inicial de selección, conocido como la entrevista del “temor creíble”, solo alrededor de la quinta parte de los solicitantes recibieron asilo en el año fiscal de 2017.
Los funcionarios del gobierno de Trump han jurado dar fin a lo que, afirman, es un amplio abuso del sistema de asilo como parte de un esfuerzo más amplio del gobierno para restringir la inmigración legal e ilegal. En octubre, el Procurador General Jeff Sessions dijo que “abogados de inmigración corruptos” decían a sus clientes “palabras mágicas” para darles falsas esperanzas para recibir asilo (aunque muchos solicitantes no tienen un representante legal). El gobierno de Trump ha hablado en contra de tener que considerar el “temor creíble” de las personas que buscan asilo tras entrar a ese país por puntos distintos a las garitas.
Sin embargo, los servidores públicos estadounidenses también han aumentado el escrutinio de las solicitudes de asilo en sentido positivo que generalmente son presentadas después de haber entrado legalmente a ese país; en el primer año del gobierno de Trump, los funcionarios aprobaron, en promedio, 20 por ciento menos de esas solicitudes, en comparación con el último año del gobierno de Obama. En junio, el Departamento de Justicia emitió lineamientos, según los cuales la violencia de pandillas y de tipo doméstico ya no se consideraría para pedir asilo.
Expertos legales cuestionan las acciones recientes del gobierno de Trump. Señalan que la inmigración ilegal se encuentra en un mínimo histórico. Hace 20 años, las aprehensiones realizadas por la Patrulla Fronteriza alcanzaron más de 1.5 millones. En el año fiscal de 2017, cuando Trump asumió el cargo, cayeron a 304,000, la cantidad más baja en casi medio siglo. Este año, las detenciones aumentaron durante unos meses antes de caer 15 por ciento de mayo a junio. (Funcionarios del gobierno atribuyen la reducción a la política de tolerancia cero, pero también coincide con las alzas y bajas que se presentan a lo largo del año.) Además, los defensores de los migrantes señalan que los 34,057 arrestos realizados en junio palidecen en comparación con el mes de junio de 2014, cuando se produjo un pronunciado aumento en la cantidad de menores no acompañados provenientes de Centroamérica que hicieron que el gobierno de Obama aumentara los recursos en la frontera para evitar rezagos.
Desde luego, los gobiernos anteriores han tenido problemas para procesar a los solicitantes de asilo. En 2016, cuando miles de haitianos llegaron a San Ysidro, CBP y sus homólogos mexicanos limitaron la cantidad de personas aceptadas cada día y, en Texas, las autoridades construyeron refugios temporales para los migrantes que estaban siendo procesados. Pero la variedad de prácticas que se emplean ahora para disuadirlos o retrasarlos es nueva, afirman los expertos, al igual que la magnitud de los rezagos en la frontera.
Los defensores afirman que Trump ha dejado claros sus motivos, cuestionando en reuniones por qué Estados Unidos debería recibir migrantes de países “de mierda” en África, haitianos “contagiados de sida” o nigerianos que nunca “volverían a sus chozas”, en lugar de “más personas de países como Noruega”. En junio, dijo en la Casa Blanca, “Estados Unidos no será un campamento de inmigrantes, ni será una instalación para refugiados. No lo será”.
Abogados de inmigración, defensores de derechos humanos y antiguos funcionarios del Departamento de Seguridad Interior afirman que el gobierno podría estar actuando contra la ley. Los migrantes con un temor “bien fundado” de persecución en su país, con base en su raza, religión, nacionalidad, creencias políticas o pertenencia a un grupo social en particular pueden solicitar asilo, pero no desde fuera de Estados Unidos; deben estar en la frontera, o dentro del territorio del país. Esa es la razón por la que poner “obstáculos” a los solicitantes de asilo es ilegal, afirma Lee Gelernt, vicedirector del Proyecto de los Derechos de los Migrantes, que es parte de la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos.
De acuerdo con Lindsay Harris, de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, al decir a los solicitantes de asilo en las garitas que “no hay vacantes”, los funcionarios estadounidenses violan la Convención de Refugiados de 1951, que su país firmó, así como la Ley de Refugiados de Estados Unidos de 1980. Las autoridades estadounidenses no pueden amenazar a los solicitantes de asilo, decirles que no pueden presentar su solicitud, tratar a un grupo de manera discriminatoria ni devolverlos a un lugar, o mantenerlos en uno, donde sientan que su vida estaba amenazada, a menos de que hayan sido condenados por un delito grave o que los funcionarios determinen “razonablemente” que son una amenaza para la seguridad nacional. Autoridades mexicanas han dicho a los clientes de Harris, que provienen de lugares como Honduras, Camerún y Uganda, que no deben pedir asilo en México porque los funcionarios no pueden protegerlos contra los cárteles de la droga o la corrupción oficial.
Ahora, de acuerdo con regulaciones preliminares reveladas por Vox [medio de comunicación digital], el gobierno de Trump desea que cualquier persona que haya pasado más de dos semanas en otro país o que haya viajado por más de un país de camino a Estados Unidos sin solicitar asilo, resulte inelegible para recibirlo. También se excluirá a aquellas personas que no puedan articular la base legal de su solicitud. Las medidas que se estudian podrían “eliminar” prácticamente todas las solicitudes de asilo legítimas, señala Stephen Legomsky, asesor de alto nivel del Departamento de Seguridad Interior del gobierno de Barack Obama.
Esta propuesta pone a Estados Unidos en camino hacia un enfrentamiento con México, que ya tiene su propia crisis migratoria. El número de personas que buscan asilo en México también se ha ido a las nubes, al aumentar más de 1,000 por ciento entre 2013 y 2017. En años recientes, el país ha detenido y deportado a más centroamericanos que Estados Unidos. En lo que va de este año, cerca de 55,000 extranjeros se presentaron ante las autoridades migratorias de México, de acuerdo con el gobierno mexicano. Las autoridades rechazaron a más de 80 por ciento de ellos.
El nuevo presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, también conocido como AMLO, ha prometido responder ante las medidas migratorias del gobierno de Trump. Tras su victoria, dijo que las relaciones bilaterales incluyen la defensa de “nuestros compatriotas migrantes” en Estados Unidos. Su asesor de seguridad pública ha especificado que “no se empleará al ejército ni a la policía para reprimir a la población [migrante]” que atraviesa México. Mientras tanto, en Tijuana, los migrantes esperan.
Unas semanas antes de la elección de AMLO, Tania Peña, de 21 años, huyó de Michoacán, en la costa del Pacífico de México, con cinco meses de embarazo y llevando en brazos a su hijo de dos años. Escapaba de su marido, de quien dice estaba involucrado con los narcos y que la habían amenazado con quitarle a sus hijos. Había esperado una semana en la frontera con Estados Unidos, pasando la noche en un refugio para mujeres y niños, y esperando todo el día en El Chaparral para poder escuchar el número 239.
En el refugio para varones están también Nikoleka Kipioka y su amigo Armando, dicen que fueron arrestados en Angola durante las protestas contra el gobierno y que huyeron inmediatamente, tras ser liberados. Se conocieron en su viaje de África a México, donde esperaron en la frontera por cerca de tres semanas. Ambos tenían el número 258. Nunca los llamaron. “Para entrar, debes esperar muchos días a que mencionen tu número, y después, te dicen que la lista se perdió”, dice Kipioka. “Ahora, tengo un número distinto: el 404”.
En la cocina de una iglesia al otro lado de la ciudad, Stephen, el cristiano nigeriano, se come su guiso. No está listo para arriesgarse a ser rechazado en la frontera; ha escuchado rumores de otros migrantes que le dicen que los africanos que buscan asilo son deportados. Así que trabaja en locales de lavado de autos en Tijuana, trata de mejorar su español, y espera.
“Todavía me encantaría ir a Estados Unidos”, dice. “Es la única esperanza que tengo para vivir como un ser humano”.
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Con información adicional de Gabriela M. Cordova.
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Publicado en cooperación con Newsweek / Published in cooperation with Newsweek
