Los recursos para atender la problemática de las aguas negras que llegan de México hasta la costa de San Diego ya parecen estar en la mesa.
La Agencia de Protección Ambiental (EPA) de Estados Unidos destinó poco más de 300 mil dólares para 4 proyectos en la franja fronteriza, incluyendo un fondo de casi 90 mil dólares para que la UCSD estudie el impacto de los derrames de Punta Bandera a Imperial Beach.
También, el Banco de Desarrollo de América del Norte, y la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana recién firmaron un contrato por 1.17 millones de dólares para infraestructura y “reducir el riesgo de fallas en la tubería que pudiera generar derrames de aguas residuales al río Tijuana”.
Los flujos de aguas contaminadas han aquejado a la región por décadas y la contingencia se evidenció el año pasado cuando se derramaron millones de galones que llegaron desde Tijuana hasta el sur de San Diego.
Grupos ambientales no quitaron el dedo del renglón, incluso autoridades de San Diego entablaron una demanda contra el gobierno de Donald Trump al considerar que no se hizo lo necesario para proteger la calidad del agua y la salud pública.
Actualmente, en el canal del Río Tijuana se observa un filtro para detener el paso de basura.
Aún hacía falta que México cooperara y con el anuncio de más inversión por parte del Gobierno Federal, se está encaminado a ello.
