Desde su época como futbolista, la mayor parte en el Club América, y ahora como alcalde de Cuernavaca y candidato a gobernador, Cuauhtémoc Blanco no ha dejado de ser polémico.
Según las encuestas, lleva ventaja en la contienda por el gobierno de Morelos. Según una encuesta realizada por El Financiero, el presidente municipal con licencia de Cuernavaca tiene 42% de la intención del voto, 26 puntos por encima del segundo lugar, el priísta Jorge Meade Ocaranza, quien tiene 16% de las preferencias.
Pero la trayectoria política de El Cuau no ha sido tersa. Hace menos de dos años, en agosto de 2016, la periodista Denisse Maerker dio a conocer que Blanco había firmado un contrato por siete millones de pesos para ser candidato a la presidencia municipal de Cuernavaca por el Partido Social Demócrata (PSD) en las elecciones en 2015. Blanco lo rechazó al día siguiente en conferencia de prensa.
En octubre del mismo año, la Fiscalía General del Estado de Morelos le dio validez al contrato denunciado y concluyó que la firma del mismo, celebrada entre uno de los entonces líderes de PSD, Roberto Yáñez, y Cuauhtémoc Blanco, sí corresponde a la del exfutbolista.
El resultado fue integrado a la carpeta de investigación que lleva la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) de la Procuraduría General de la República (PGR).
Además, la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral abrió un expediente para investigar el caso, que no ha sido cerrado todavía.
Pero este contrato no ha sido el único tema a debate. La Fepade cuenta también con una carpeta de investigación en contra de Blanco, en la que se investiga si tenía dos credenciales de elector con residencias distintas, según declaró Santiago Nieto, en marzo 2017, cuando era titular de esa Fiscalía.
La doble credencialización consiste en delito de alteración del registro federal electoral, lo cual tiene una sanción de tres a siete años de prisión y una multa de 70 a 200 días.
Las investigaciones abiertas
Blanco, por tanto, tiene dos casos pendientes, pero nada se ha informado sobre el curso de las investigaciones.
Por el caso del contrato, además del INE y la Fepade, el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC) abrió un nuevo proceso sancionador, el 9 de marzo pasado, por considerar que Blanco probablemente transgredió “el principio electoral de las elecciones libres auténticas y periódicas”.
Sin embargo, estos procesos no necesariamente ponen en riesgo la candidatura del exfutbolista.
Ana León Trueba, consejera presidenta del IMPEPAC, dijo a medios que el proceso sancionador no afectaría el registro de Blanco como candidato. De hecho, el 30 de marzo, el IMPEPAC aprobó la candidatura de Blanco a la gubernatura de Morelos.
Pero además, el estar sometido a un proceso judicial no es motivo para retirar una candidatura. Sólo si el involucrado fuera encontrado culpable y sentenciado por un juez, aunque ninguno de los expedientes que Blanco tiene abiertos ha terminado en el escritorio de algún juzgador.
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó en 2013, que los ciudadanos no pueden ser privados de sus derechos político-electorales, a menos de estén privados de su libertad por un proceso criminal.
Es decir, tendría que declararse un auto de formal prisión en contra de Blanco para que la autoridad pudiera retirarle la candidatura y más aún, para que se dicte un auto de formal prisión es necesario que exista una sentencia.
