Por: Evangelina Rosales
Puebla, Pue. La Fiscalía General del Estado (FGE) no ha sido irresponsable en la atención de feminicidios en Puebla, ya que en 54 de los 77 casos de este tipo registrados en 2017, se detuvo a los probables responsables y otros están en proceso de cumplimiento de sus órdenes de aprehensión, aseguró su titular Víctor Carrancá Bourget.
Durante su comparecencia ante el Pleno del Congreso local, destacó que Puebla mantiene una incidencia de mujeres víctimas de homicidios dolosos por debajo de la media nacional, con una tasa de 24.65 delitos por cada 100 mil habitantes frente a la tasa nacional de 101.9 delitos por cada 100 mil habitantes.
En este tema, destacó que no existen coincidencias de cifras de la FGE y del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), ya que dicha instancia reportó 112 homicidios intencionales de mujeres, de los cuales sólo 27 se investigan como feminicidios.
Subrayó que esta situación no sólo es en Puebla sino también en los registros de asesinatos violentos de mujeres en estados como Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Nayarit, Tamaulipas y Tlaxcala, algunos de ellos con la declaratoria de Alerta de Género.
En este sentido, Víctor Carrancá enfatizó que se cuentan con áreas especializadas para atender todos los asesinatos de féminas con perspectiva de género con los protocolos correspondientes, pese a que reconoció que operan con déficit presupuestal y de personal.
Asimismo, afirmó que se han tenido resultados positivos en cuanto a otros delitos como el secuestro, que llegó a 35 casos y se logró la liberación de 32 víctimas, además se consiguió la desarticulación de siete bandas dedicadas a este ilícito y el aseguramiento de 34 personas.
El titular de la FGE detalló que de enero a diciembre del año pasado llegaron 52 denuncias por extorsión y en 42 de estos casos la víctima no realizó pago alguno, lo que permitió un ahorro de 19 millones 303 mil pesos.
Como parte de esta glosa, dijo que analizarán diversas propuestas enfocadas a la atención eficaz a las denuncias ciudadanas por la comisión de diversos delitos, además de aumentar la operatividad en Ministerios Públicos (MP), así como de las otras áreas involucradas en el tema.
