La Cámara de Representantes del Congreso estadounidense aprobó este jueves la renovación de una controvertida ley que permite a las agencias locales de espionaje interceptar comunicaciones en el exterior del país con 265 votos a favor contra 164 rechazos.
¿De qué se trata?
La polémica ley conocida como “FISA Sección 702” es considerada por las autoridades del sector de inteligencia esencial para descubrir tentativas de ataques o sabotajes en territorio estadounidense. También puede interceptar comunicaciones de estadounidenses sin una orden judicial cuando se detectan conversaciones con extranjeros que han estado bajo vigilancia, publicó la red de radio estadounidense NPR. La extensión de la ley ha retomado fuerza después del supuesto ataque cibernético de Rusia en el que habría intervenido en las elecciones de 2016 conocido como Rusia Gate y que tiene bajo la mira al presidente estadounidense Donald Trump y sus hombres más cercanos.
Su historia
La sección 702 de la ley FISA fue aprobada en 2008 por iniciativa del gobierno del entonces presidente George W. Bush, con un plazo de validez de apenas cinco años, y resultó renovada en 2012. Esta normativa se tornó famosa al ser develada por el excontratista de inteligencia Edward Snowden, quien probó que la Agencia Nacional de Seguridad (NSA, por sus siglas en inglés) usaba estos mecanismos para vigilar también a ciudadanos estadounidenses, posibilidad que la ley prohíbe específicamente, publicó la agencia de noticias AFP. En 2012 se creó un acuerdo por el que se restringió la capacidad de acceso del FBI a los millones de datos interceptados por las agencias de espionaje sobre ciudadanos estadounidenses.
El Conflicto
El nudo conflictivo de la ley es el mecanismo por el cual ciudadanos estadounidenses detectados durante el espionaje a extranjeros pueden ser identificados. Desde hace casi una década las críticas a la NSA han incrementado por no tener límites en cuanto a estas actividades. Anteriormente fue criticada por espiar a la Organización de las Naciones Unidas y no respetar la privacidad de los ciudadanos estadounidenses. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) llevaba tiempo presionando a la NSA e instando a grandes firmas tecnológicas a que se unieran en la lucha por reformar el polémico artículo. En 2015 un informe independiente del Consejo de Libertades Civiles y Privacidad (PCLOB) señaló que los programas de recopilación de datos de la agencia en países extranjeros son “legales”. Diversos expertos, por su parte, han dicho que esta ley tiene un poder de vigilancia masiva específicamente dirigida a los datos de personas no estadounidenses ubicadas fuera del país que utilizan servicios en la nube.
Confusión
El presidente Donald Trump causó una enorme confusión la mañana de este jueves, al criticar la normativa a primera hora de la mañana de este jueves a través de Twitter. “¿Es esta la ley que pudo haber sido utilizada (…) para vigilar y abusar de la Campaña de Trump por el anterior gobierno?”, señaló el presidente hablando de sí mismo en tercera persona.Ante este mensaje diversos legisladores admitieron su confusión sobre la posición de la Casa Blanca con relación a la votación, publicó AFP. Ante ese caos, apenas dos horas más tarde Trump aplicó reversa y cambió radicalmente de opinión al señalar en otro tuit que esa ley era necesaria. “El voto de esta jornada se refiere a la vigilancia externa para extranjeros en tierra extranjera. ¡Precisamos de este voto!”, escribió el presidente.
¿Qué sigue?
Esta ley pasará al Senado, donde deberá ser objeto de votación antes del 19 de enero con la posibilidad de extenderse otros seis años. Sin embargo, la renovación será más difícil que en la Cámara de Representantes, y su aprobación requerirá una intensa negociación entre los dos partidos políticos del país, según AFP. En la cámara alta, los Republicanos tienen una mayoría mínima de 51 bancas a 49 sobre los Demócratas. La sociedad civil e incluso legisladores de los principales partidos políticos esperan que la renovación de la ley incluya mecanismos de protección de los datos de los ciudadanos estadounidenses adicionales a los aprobados por la la Cámara de Representantes.
