Los argentinos están furiosos. El gobierno que encabeza Mauricio Macri aprobó este martes una polémica ley de pensiones que hará que los adultos mayores, uno de los sectores más vulnerables del país, cobren menos.

La controversia radica en un cambio de fórmula que se utiliza para calcular las jubilaciones y pensiones que estaba intacta desde 2008, en un sistema en los que hay casi 7 millones de beneficiarios de este sistema, de los cuales 77 por ciento son jubilados y el resto, pensionados, según datos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

La nueva fórmula de actualización de las jubilaciones lleva a menores aumentos de las pensiones no contributivas, cuyo monto es del 70 por ciento de una jubilación mínima, según establece la actual Ley de Movilidad Jubilatoria.

Le representa al fisco un ahorro de unos 100,000 millones de pesos al año 5,600 millones de dólares, según cálculos de la oposición.

El cálculo tiene en cuenta la variación del índice de precios, en un 70 por ciento, y la de un índice salarial, en un 30 por ciento. En junio del 2018 las prestaciones aumentarán nuevamente, pero ese incremento se realizaría considerando la variación salarial y de la inflación entre octubre y diciembre de 2017 y no de enero a marzo 2018, que es lo que correspondería según la fórmula actual. Por lo tanto, las actualizaciones tendrán siempre un semestre de atraso y no habrá un factor de empalme.

En lugar de incrementar los montos de forma semestral, lo hará por trimestre y en base a la inflación mensual y al salario promedio de los trabajadores registrados.

Para compensar la pérdida de dinero que sufrirán los beneficiarios de pensiones y conseguir la aprobación de la reforma jubilatoria, el gobierno se comprometió a un pago único de un bono a quienes reciben las prestaciones más bajas de hasta 10,000 pesos que equivalen a 571 dólares.

Actualmente, buena parte de los jubilados reciben entre 415 y 458 dólares, cifra lejana a los más de 974 dólares que la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires considera necesaria para cubrir todos los gastos que requiere un pensionado.

La reforma contiene la garantía de que la jubilación será del 82 por ciento del salario mínimo vital y móvil sólo para quienes hayan realizado 30 años de aportes. Pero no contempla a quienes se jubilan anticipadamente por adquirir una discapacidad durante su vida laboral.

Tampoco contempla a las personas con discapacidad inscriptas en alguna de las moratorias por no contar con los suficientes años de aportes para obtener una jubilación, según el informe “Impacto negativo de la reforma previsional sobre las pensiones no contributivas” elaborado por la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI).

Lo anterior como consecuencia de que se modifica el período de cálculo, pasa a ser trimestral en lugar de semestral, y los índices de ajuste.

Uno de los principales argumentos del gobierno argentino es que la población se ha envejecido y no hay suficientes trabajadores en actividad para sostener a quienes se han jubilado.

Argentina cuenta con tres tipos de pensiones: a la vejez, por discapacidad y a madres de 7 o más hijos. También existen las pensiones de tipo graciables y por Leyes Especiales.
Sin embargo, los aportantes al sistema suman 11,733, 837 de los cuales el 51.4 por ciento son asalariados privados, los que más aportan y 25.9 por ciento son asalariados públicos, mientras que 3.8 por ciento son asalariados de casas particulares. El resto son independientes.

Datos de Banco Mundial muestran que la población adulta mayor de 65 años era de 10.4 por ciento en 2014, pasará a 19.3 por ciento en 2050 y al 24.7 por ciento en 2100 en Argentina.

De la misma forma, mientras hay seis personas en edad de trabajar por cada adulto mayor, en 2050 habrá tres y en el próximo cambio de siglo serán dos.

La nueva ley también eleva la edad jubilación de los 65 a 70 años para los hombres y de los 60 a los 63 años para las mujeres.