Diputados del Partido Acción Nacional (PAN) y uno del Partido Revolución Democrática (PRD) aprobaron el dictamen que permite la construcción de plantas desalinizadoras para el abasto del agua en la zona costa de Baja California, el pasado viernes 1 de diciembre.
La Junta de Coordinación Política del congreso local, convocó a una sesión extraordiaria que tomó por sorpresa a los propios legisladores y el mismo viernes por la mañana se votó el dictamen.
Después de más de 70 días, la fracción parlamentaria del PAN señaló que 12 de los 13 diputados que la integran votaron a favor del dictamen 95 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, con el propósito de garantizar el abasto de agua en el Estado, dice un comunicado del Congreso.
El diputado Miguel Osuna Millán fue el único miembro del PAN que votó en contra del dictamen, mientras que el único voto a favor de un partido distinto, fue el de la perredistas, Rocío López Gorosave.
El dictamen 95 permite el crédito para seis obras de Asociación Público Privada, entre ellas las dos plantas desalinizadoras, una estaría en Rosarito y otra en San Quintín, lo que se transcribe en una deuda de 558 millones.
El dirigente del Partido Encuentro Social (PES), Luis Moreno, se pronunció al respecto por medio de un boletín, donde acusa al blanquiazul de violar los procesos parlamentarios del congreso, al excluir el voto de 12 de los 25 miembros mediante una convocatoria con 30 minutos de anticipación.
“El aval que 13 diputados locales otorgaron a la desalinizadora de Rosarito es no solamente vergonzoso, sino ilegal y, en razón de ello, el PES irá ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, promoviendo una acción de inconstitucionalidad, para tratar de revertir esta decisión”, expresó Luis Moreno.
El diputado comentó que su partido ya analiza cuáles son los caminos legales para revertir el “albazo que el Ejecutivo perpetró” al convocar a las 8:15 am, a una sesión que se iba a realizar a las 8:45.
“Es lamentable que, mediante un sucio albazo, se haya empeñado el futuro de Baja California, con tal de que un particular, cómo ésta desaladora, haga una fortuna a costa del dinero de la gente de Baja California”, dijo el dirigente del PES en el estado.
La empresa encargada de construir las plantas desalinizadoras es Aguas de Rosarito S.A.P.I. de C.V., que en el contrato de asociación pública privada, la planta asienta que el gobierno tendría que comprar 173 millones de pesos mensuales de agua, durante los próximos 37 años, de acuerdo a un reportaje de Newsweek en Español.
El gobierno dice que el anteproyecto desalinizador será la planta más grande de América Latina, que producirá 4.4 m3 de agua por segundo.
