Más allá de buscar combatir y desarticular las organizaciones criminales que ellos mismos clasifican como amenaza a la seguridad interna, el gobierno estadounidense maniobra con propósitos muy distintos, que se corresponden más a la subordinación de gabinetes enteros en América Latina, dicen especialistas consultados por Newsweek en Español.
En un juego parecido a la omertá, aquel legendario código de honor siciliano que prohíbe informar sobre los delitos y asuntos que incumben a las personas involucradas en la mafia, un juramento tácito, un pacto de silencio, Estados Unidos conduce la relación con sus vecinos del sur, o más concretamente, con México.
Siempre que se ha extraditado a un jefe de las drogas crecen las expectativas sobre las revelaciones de cómplices y socios dentro del gobierno mexicano.
“Ellos (Estados Unidos) tienen métodos interrogatorios mucho más eficaces que los mexicanos”, dice Raúl Benítez Manaut, experto en temas de seguridad y geopolítica del Centro de Investigaciones sobre América del Norte (CISAN). De allí que se crezca la idea de las revelaciones. Pero no.
Uno de los primeros casos ocurrió hace 21 años, en 1996, con la captura del tamaulipeco Juan García Ábrego, el Barón de Matamoros, considerado el narcotraficante más poderoso de ese momento. El arresto se produjo bajo el gobierno de Ernesto Zedillo en el marco de la Operación Leyenda. El jefe del Cártel del Golfo fue extraditado a Estados Unidos, entonces gobernado por Bill Clinton, para enfrentar 11 cadenas perpetuas por delitos contra la salud. Hasta hoy vive su condena en una cárcel de Colorado, sin que se conozcan revelaciones de sus complicidades políticas.
“Se decía: ahora sí, García Ábrego va a revelar sus nexos con los Salinas y los Hank, y con medio mundo”, recuerda Luis Astorga, doctor en sociología por la Universidad de la Sorbona, de París, y miembro del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.
La expectativa entonces era que con el traficante mexicano ocurriría algo similar a lo que pasó con el mafioso siciliano Tomasso Buscetta, el primer arrepentido de la Cosa Nostra, quien fue testigo clave en el Maxiproceso. No obstante, en el caso de García Ábrego, recuerda Astorga, no pasó absolutamente nada en términos reales.
“En términos de información, seguramente esa información que se fue acumulando se puede a la larga capitalizar políticamente por Estados Unidos. Lo ha hecho muchas veces el gobierno de Estados Unidos y no va a dejar de hacerlo”, dice.
Astorga cita otros ejemplos: “Se hizo con el hijo de Zambada y se hizo con Osiel Cárdenas Guillén, de quien había muchas expectativas de lo que declararía. Pero sus declaraciones se sellaron de por vida y a él se le pasa de una prisión de alta seguridad a una de mediana seguridad y se le reduce la pena, lo cual es un indicador poderoso de negociación, aunque no se informa lo que él declara. Lo único claro es la omertá de las autoridades estadounidenses con la información que le proporcionan los narcotraficantes”.
Hasta hoy, Juan García Ábrego vive su condena en una cárcel
de Colorado, sin que se conozcan revelaciones de sus complicidades políticas. FOTO:
AFP
Astorga, quien coordina la cátedra Unesco Transformaciones económicas y sociales relacionadas con el problema internacional de las drogas, sostiene que por lo menos desde la detención de García Abrego y hasta la extradición de Joaquín Guzmán Loera, la política del gobierno estadounidense ha elegido reservarse la información que obtiene de los líderes del narcotráfico mexicano. Así que el investigador prevé que, aun cuando las declaraciones o información de Guzmán Loera podrían ser de alto impacto, no se conocerán por lo menos a corto plazo.
“La principal omertá es de las propias autoridades estadounidenses, que se quedan con la información para utilizarla probablemente como presión política”, añade Astorga. “Quienes tienen la sartén por el mango son las autoridades estadounidenses, porque ellos son los que llevan a juicio a estos personajes, quienes les abren o cierran expedientes y quienes negocian con ellos a cambio de información que uno supondría que es muy sensible, porque si no, no habría necesidad de sellar los expedientes. Cuando se sella el expediente es porque hay cosas muy sensibles que las autoridades consideran que las masas no se deben enterar. Es igual a lo que vemos ahora, hasta 50 años después con los papeles de Kennedy”.
AMAGUE PERMANENTE
La pistola sobre la sien del gobierno mexicano actualmente se llama Joaquín Guzmán Loera, el traficante más mediático de este siglo, a quien las autoridades estadounidenses tienen en sus manos desde hace casi un año. La leyenda del Chapo ha sido moldeada por el propio gobierno de Estados Unidos, quien lo declaró oficialmente como “el más buscado” en 2011, tras la muerte de Osama bin Laden, o como “enemigo público número uno” en la ciudad de Chicago, igual que hizo en la década de 1930 con Alphonse Capone.
—¿Qué representa para el gobierno de Estados Unidos tener preso a Guzmán Loera? —se le pregunta a Raúl Benitez Manaut, quien ha sido académico visitante en el Woodrow Wilson Center de Washington.
—Para el gobierno de Estados Unidos representa un gran éxito, tanto porque ayudaron a recapturarlo y luego por el proceso judicial. Que el Chapo Guzmán haya sido trasladado a Estados Unidos es un éxito, definitivamente.
Aunque su reaprehensión, en enero de 2016, y su posterior extradición se interpretó como un regalo para el cierre de administración del presidente Obama, “en realidad esta fue una ofrenda que el presidente Peña Nieto y Luis Videgaray dieron al presidente electo, Donald Trump, que tomaría posesión unos días después, porque más bien quien está teniendo acceso y va a capitalizar toda la información que tiene el Chapo es el gobierno de Trump”, dice John Ackerman, doctor en derecho constitucional por la UNAM y en Sociología Política por la Universidad de California.
A partir de allí, en estos diez meses, explica, “ha habido mucho sigilo, y en el desahogo de sus procesos judiciales mucho más. Pero uno puede tener claro —porque así es como ocurre en los juicios en Estados Unidos— que lo que están haciendo es negociar. Ellos negocian de manera muy explícita y legalmente para que los traficantes les den información a cambio de reducción de condenas, o para tener incluso a los narcotraficantes en sus programas de testigos protegidos con el fin de avanzar más en los procesos judiciales para llegar al fondo de las redes. Pero si tienen en el Chapo mismo su gran trofeo, no creo que lo desaparezcan en un plan de testigos protegidos. Evidentemente le conviene al Chapo compartir la información que tendría con la justicia estadounidense, y también le conviene a la justicia estadounidense tener esa información para someter y controlar al gobierno mexicano, como lo ha hecho antes”.
Había muchas expectativas sobre lo que Osiel Cárdenas
Guillén podría revelar. Pero en EE. UU. sus declaraciones se sellaron de por
vida. FOTO: AFP
Ackerman coincide con Astorga en que las revelaciones de Guzmán Loera tendrán un destino similar a lo que ocurrió con Cárdenas Guillén. Reserva.
Los juicios contra el Chapo comenzarán en abril próximo. Pero bajo la tesis de Astorga, el gobierno estadounidense no ventilará información hasta “cuando considere que le puede ser de mucha utilidad. (Será) como decirle al gobierno mexicano: siempre te vamos a tener agarrado. Al final es para capitalizar sus intereses. Para Estados Unidos es ganar-ganar”.
EL NIVEL DE LOS CÓMPLICES
¿De qué tamaño son las complicidades del sistema mexicano con Guzmán Loera? ¿Cuánto valdrá para el gobierno de Estados Unidos mantener un pacto de silencio con lo que la garganta del oriundo de La Tuna, Sinaloa, les cuente? Son preguntas que, en la medida en que se acerquen los tiempos en que comparezca ante los tribunales, cobrarán mayor fuerza, acentuadas sobre todo con los tiempos electorales en México.
Una idea la da Luis Astorga a partir de las relaciones que señala entre gobierno y organizaciones criminales.
En México las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas y otros delitos diversificados (tráfico de armas, robo de hidrocarburos, extorsión, entre otros) no operan como un poder paralelo, sino imbricadas a los poderes formales, señala. A ese nivel, la implicación de funcionarios y políticos son como las piezas de un tejado, una colocada sobre otra.
“No son planetas distintos”, dice. “No son el planeta Tierra y su satélite la Luna, que aunque se atraen no se tocan nunca. En el poder político y criminal no es así, sino que están imbricados”.
Autor de El siglo de las drogas, un libro que se ha vuelto indispensable sobre el tema del narcotráfico, explica cómo se llegó a esa estela de complicidades entre el poder político y los grupos criminales.
“Mientras permaneció el sistema de partido de Estado hubo una subordinación estructural del campo criminal, del campo del tráfico de drogas al campo político, que era el que imponía las reglas del juego, quien tenía la capacidad de contención de protección era el poder político, no el poder criminal”, detalla.
“Y, justamente, en la medida en que se va avanzando en la alternancia política, esto se va desestructurando: dejamos de ser un régimen autoritario, hay una transición hacia la democracia, pero no hay una consolidación del Estado democrático y, por lo tanto, las instituciones que fueron diseñadas para el Estado autoritario no pueden operar en un contexto distinto que es una transición hacia la democracia. Hay inercias autoritarias que las vemos reflejadas en todos los partidos políticos, en las actuaciones de muchos funcionarios en todos los niveles: poder central, municipal, estatal, y entonces el tipo de entrelazamiento entre poder criminal se da a todos niveles. Ahora mismo, por ejemplo, ningún partido político podría tirar la primera piedra”.
A pesar de las detenciones y de las múltiples cadenas
perpetuas a cabezas visibles del narcotráfico, ni antes ni ahora se ha logrado
desarticular una sola de las organizaciones criminales del tráfico de drogas. FOTO:
PGR/CUARTOSCURO
LAZOS PRESIDENCIALES
Pero si hablamos de nombres y apellidos, John Ackerman piensa que las complicidades con el Chapo Guzmán llegan a los niveles más altos de la política mexicana.
“Desde Fox, Calderón y Peña es probada la complicidad de estos regímenes con este narcotraficante”, afirma. “Es bastante claro que el poderío del Chapo Guzmán, desde el inicio del nuevo siglo, no se ha debido solamente a su gran astucia, sino a una muy clara protección desde el poder desde Fox, muy marcada con Calderón, luego con Peña Nieto. El hecho de que Peña Nieto haya traicionado al Chapo entregándolo a Trump no implica que no haya un alto nivel de complicidad, también de este gobierno, con el Chapo Guzmán. Pero también implica que la necesidad de pacto y la fuerza de presión de Trump iba a ser al final de cuentas más fuerte que los acuerdos previos que pudo haber tenido con el Chapo”.
Raúl Benítez Manaut señala por su parte que, entre los cómplices y colaboradores del narcotraficante sinaloense, existen también actores del sector privado.
“Hay una gran cantidad de empresarios de Sinaloa, de Jalisco, de Colima, que ayudan al Chapo Guzmán a limpiar los recursos: dueños de restaurantes, automotrices, que le ayudan a lavar dinero sucio”, dice. “Guadalajara era famosa por tener los mayores restaurantes de lujo de México, pero siempre estaban vacíos; ellos inventaban contabilidad para poder limpiar el dinero. También están políticos de Sinaloa, de Sonora, Baja California, Nayarit, Jalisco, Michoacán, quienes lo ayudaban a hacer sus operaciones clandestinas”.
—¿A escala federal que tanto cree que haya infiltrado la política Guzmán Loera?
—A algunos diputados. Ellos [la organización criminal] infiltran a políticos cuando los necesitan, no a cualquiera. Necesitaban jueces, a políticos, a gente del área de Hacienda, a funcionarios del área policiaca. No andaban sobornando a cualquiera porque no cualquiera les es útil.
—¿Se ha utilizado esa información para desarticular estas redes de lavado de dinero?
—Sí ha sucedido, está sucediendo: acaban de atrapar a uno de los operadores financieros del Chapo Guzmán (Víctor Manuel Félix Beltrán, presunto operador financiero detenido el 26 de octubre en la zona de Santa Fe de la Ciudad de México); y al fiscal de Nayarit (Edgar Veytia), que fue capturado en California por lo mismo. Entonces las autoridades estadounidenses sí están con mayor disposición e información que las mexicanas.
—¿Estas detenciones de alto nivel corresponderían a las confesiones que está dando Guzmán Loera?
—Yo diría que en un 90 por ciento sí es probable que sean las confesiones de él. Eso ya empezó con el fiscal de Nayarit, con el operador financiero de los hijos de Guzmán Loera. Esto ya empezó.
FOTO: CUARTOSCURO
DE NIXON A TRUMP, LA FARSA DEL COMBATE
A pesar de las contadas detenciones, de las múltiples cadenas perpetuas de cabezas visibles del narcotráfico, de las negociaciones a cambio de información, ni antes ni ahora se ha logrado desarticular una sola de las organizaciones criminales del tráfico de drogas. Por el contrario, estas crecieron en número y diversificaron los delitos que —sostienen las mismas autoridades— les generan ingresos.
El politólogo y analista Carlos Fazio explica que ello corresponde a que la información obtenida de los narcos por autoridades estadounidenses se usa más con intereses geopolíticos y estratégicos que en un afán real de combate al ilícito.
“El presidente Richard Nixon declaró la ‘guerra contra las drogas’ en 1973 y, desde entonces, los estupefacientes ilícitos han sido considerados por Washington como una ‘amenaza’ a la seguridad nacional de Estados Unidos. Ronald Reagan reforzó esa política al emitir la Directiva de Seguridad Nacional en 1986, donde el tráfico de drogas es considerado una amenaza ‘letal’ para Estados Unidos. Desde entonces se ha creado una gigantesca burocracia antidrogas: un complejo sistema que agrupa a más de 50 agencias y oficinas federales, entre las que figuran la CIA, la DEA y el FBI, que gasta millones de dólares sin tener que demostrar la efectividad de sus programas”.
Luego, en los años 90, explica, tras el regreso de los militares a los cuarteles en varios países de la región, “la antigua doctrina de seguridad hemisférica de las dictaduras castrenses resurgió a caballo de una estrategia de militarización de la guerra a las drogas, con el creciente involucramiento de las fuerzas armadas en tareas propias de la seguridad interior y el combate a ese ilícito, que antes era una misión de estricta naturaleza policial y mandos civiles”.
Tras la superación de la Guerra Fría, agrega, “esa política estadounidense de militarización y transnacionalización de los esfuerzos antidrogas en el hemisferio buscaba allanar un papel en el terreno para las fuerzas del Pentágono en América Latina, y una expansión de sus actividades de inteligencia y vigilancia. Un objetivo estratégico de Washington era la formación de un ejército transnacional bajo el paraguas del Pentágono, a partir de la premisa del ‘carácter transnacional’ del narcotráfico”.
“El caso del secuestro, tortura y muerte del exagente de la DEA Enrique Camarena, en Guadalajara, en 1985, resultó uno de los más rentables políticamente para Estados Unidos en sus relaciones con México”, señala Fazio.
Lo fue también, dice, “la detención y encarcelamiento del general de división Jesús Gutiérrez Rebollo, comisionado del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas (el desaparecido INCD), acusado de brindar protección al traficante Amado Carrillo Fuentes, apodado el Señor de los Cielos, que causó gran conmoción en México y enrareció las relaciones con Estados Unidos”.
Dicha geoestrategia se ha puesto en marcha vía el Plan Colombia, el Plan Puebla-Panamá, y luego la Iniciativa Mérida, con las que “sucesivos gobiernos de la Casa Blanca lograron alinear política y doctrinalmente a los gobiernos de Colombia y México, cuyos organismos de seguridad, incluidas las fuerzas armadas y los cuerpos policiales, fueron penetrados por las doctrinas de Washington, que se benefició, también, a través de la venta de armamentos, software de inteligencia, asesorías y entrenamientos castrenses y policiales.
“Los casos de Álvaro Uribe en Colombia, y de Felipe Calderón en México, exhiben el proceso de ‘estadounización’ acelerada de las fuerzas armadas de ambos países, que derivaron en una militarización y paramilitarización de sus sociedades, con saldo de flagrantes violaciones a los derechos humanos. Y en el caso colombiano, con la cesión de varias bases castrenses en su territorio, en desmedro de su soberanía nacional”, explica.
—¿De qué manera el gobierno de Donald Trump podría capitalizar las confesiones y delaciones de Guzmán Loera? —se le pregunta a Fazio, autor de numerosos libros sobre temas políticos, estratégicos y militares.
—Históricamente, Estados Unidos ha utilizado eventuales confesiones y delaciones de traficantes de drogas extraditados para presionar a las autoridades civiles mexicanas y obtener mayores concesiones en materia política y económica.
“No sabemos si Guzmán Loera está dispuesto a negociar con las autoridades de Estados Unidos. Pero, en todo caso, lo que diga o no diga será igualmente utilizado para presionar y chantajear a las autoridades mexicanas con el objetivo de sacar mayor ventaja de cara a proyectos geoestratégicos vinculados con la nueva fase de desposesión y despojo encubierta con la zanahoria del ‘desarrollo’, en las llamadas Zonas Económicas Especiales en el sur-sureste de México. A lo que se suma que, como ha venido ocurriendo desde el inicio de los gobiernos neoliberales, Washington será un gran elector y utilizará su información de inteligencia para influir en candidaturas dóciles a sus intereses o para impedir el acceso a Los Pinos de cualquier candidato que le resulte incómodo”.
