El trabajo de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) del Estado de Puebla es “inexistente, pues sólo resuelven 0.7 por ciento de los posibles casos de violaciones de derechos humanos, precisó el rector de la Universidad Iberoamericana, Alejandro Guevara Sanginés.
La entidad se ubicó en 2023 entre los estados con mayor incidencia de quejas y hechos violatorios de derechos humanos en México, es el tercer estado con más reportes, según datos del Censo Nacional de Derechos Humanos Federal y Estatal 2024, elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI).
En Puebla, se registraron ocho mil 378 quejas y 12 mil 898 hechos violatorios de derechos humanos durante 2023. La entidad está detrás de la Ciudad de México y Estado de México, en el primer caso; y en el segundo, se ubica atrás de CDMX y Veracruz. Todos los expedientes de queja, finalizados o aún activos, se basan en señalamientos previos de presuntas violaciones a los derechos humanos, independientemente del año en que se iniciaron.
Las cifras confirman el diagnóstico de la Ibero Puebla en el tema de derechos humanos, plasmado en su Agenda Institucional 2024. El estado es uno de los territorios del país con mayores tasas de impunidad, lo que intensifica las violaciones a derechos humanos fundamentales.
Los esfuerzos del estudio, se basan en impunidad y justicia, el incremento de quejas en la CDH, la violencia contra defensores del territorio y del agua, la libertad de expresión y derechos de los pueblos originarios.
La universidad explica que Puebla es una de las entidades del país con más alto índice de impunidad. Toma datos del Índice del Estado de Derecho en México 2022-2023, publicado por el World Justice Project (WJP) México, lanzado en 2023, que ubica a la entidad poblana, junto con Veracruz, en el nivel más bajo de protección efectiva de los derechos fundamentales.
El documento detalla que, en el primer semestre del 2023, hubo un aumento en la entidad del 58% en quejas por violaciones a derechos humanos.
En 2021, la CDH Puebla recibió cinco mil 864, y para 2022, la cifra subió a nueve mil 302. Las autoridades más señaladas en las quejas fueron la Fiscalía del Estado, la Subsecretaría de Centros Penitenciarios y los presidentes municipales de Tehuacán, Huauchinango, Teziutlán e Izúcar de Matamoros.
Con relación a los defensores del territorio y del agua, la institución manifiesta su preocupación por los actos de intimidación, criminalización, ataques y amenazas hacia estas personas. Detalló que el Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C., en 2021, registró al menos seis agresiones por parte del sector privado y de gobierno hacia indígenas y organizaciones.
Para 2022, el CEMDA ubicó a Puebla como la entidad con mayor número de agresiones a personas defensoras del medio ambiente. De acuerdo con la Ibero, se documentó el uso del sistema penal como mecanismo de criminalización y represión en contra de la protesta de defensores nahuas de la comunidad de Santa María Zacatepec, municipio Juan C. Bonilla.
También se informa que Puebla ocupó el cuarto lugar en agresiones hacia periodistas, según la organización Artículo 19 que registró 18 casos durante el primer semestre de 2023.
Acerca de los pueblos originarios, presenta la falta de un enfoque intercultural urgente para eliminar la barrera de la discriminación que obstaculiza el acceso a la justicia para los indígenas. También señala que la carencia de traductores es un derecho fundamental que deben tener para el conocimiento pleno de las acciones.
En conferencia de prensa se le preguntó al rector de la Ibero sobre el trabajo que ha desempeñado durante su primer año la titular de la CDH, Rosa Isela Sánchez Soya. Recordó que de las 8 mil 563 quejas formales que ingresaron a la Comisión, sólo resolvieron 68 casos, lo cual es un porcentaje mínimo. “Sólo se resuelve el 0.7 por ciento de los casos que entran (…) eso es prácticamente como decir, es inexistente la Comisión de Derechos Humanos”, precisó.
Guevara Sanginés atribuyó la poca actividad de la CDH en los casos resueltos, a la falta de capacidad y su poca voluntad política. Comentó que para tener mejores resultados se necesita gente más capacitada y más autonomía de la CDH a los diferentes poderes, por lo que también considero que es un pendiente.
Puebla es uno de los estados que registra el mayor número de violaciones a los derechos humanos y lo peor es que la autoridad encargada de hacerlos respetar no funciona, como tampoco la Seguridad Pública por ello recordó que la vida es un derecho humano y es importante que la ciudadanía poblana pueda salir a la calle sin temor.
Lo que hoy, no es posible.
En el tema de la Seguridad Pública, el rector de la Ibero Puebla, señaló que para combatirla deben participar los tres niveles de gobierno y escueto concluyó:
“Es un tema en el que lamentablemente los resultados son muy escasos, y sigue muy prevalente la inseguridad. (…) Es una asignatura pendiente, nos queda mucho a deber el Estado”, sostuvo.
Contundente, sin más comentarios.
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