CON EL NOMBRE “MUERTE DIGNA”, Uruguay aprobó este miércoles, por amplia mayoría en la Cámara de Senadores, una ley que autoriza la eutanasia bajo ciertas condiciones y que se convierte en una norma pionera en América Latina.
Con 20 votos a favor de un total de 31 parlamentarios presentes, el país se suma a la pequeña lista de naciones que permiten la muerte asistida, como Canadá, Países Bajos y España. En la región, Ecuador y Colombia despenalizaron la eutanasia mediante fallos judiciales, pero esta es la primera vez que se aprueba a través de una ley.
Tras más de 10 horas de debate, por momentos cargadas de emoción, el Senado resolvió uno de los temas que varios legisladores consideraron “el más difícil”. Sin embargo, los aplausos y abrazos de los partidarios de la norma se interrumpieron abruptamente cuando una mujer entre el público gritó “¡asesinos!”.
“Siento alivio y alegría”, expresó Florencia Salgueiro, una de las activistas que celebraron la aprobación desde las gradas. Su padre padeció Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y luchó sin éxito por recibir asistencia médica para poner fin a su vida cuando la enfermedad volvió insoportable sus días. Murió sin cumplir su deseo.
En las gradas también estuvo Beatriz Gelós, una mujer de 71 años con ELA que se convirtió en uno de los rostros más visibles del movimiento a favor de la eutanasia. Con una sonrisa nerviosa, llegó al Senado confiada en un resultado favorable, según comentó días antes a la agencia AFP.
“Me daría una paz impresionante que se apruebe. Es una ley de compasión, muy humana, muy bien redactada”, declaró entonces desde su silla de ruedas.
REQUISITOS PARA ACCEDER A LA EUTANASIA EN URUGUAY
La ley establece que para acceder a la eutanasia la persona debe ser mayor de edad, ciudadano o residente, y encontrarse psíquicamente apta, en etapa terminal de una enfermedad incurable o que provoque sufrimientos insoportables con un grave deterioro de la calidad de vida. Además, el paciente tendrá que pasar por instancias previas antes de dejar su voluntad por escrito.
El pasado 13 de agosto, Uruguay había dado el primer paso hacia la legalización con la aprobación del proyecto en la Cámara de Representantes. Posteriormente, el texto pasó a la Comisión de Salud Pública del Senado, donde los legisladores dialogaron con distintos colectivos antes de votarlo y enviarlo al pleno.
Beatriz Gelós, quien padece Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), posa para una foto en su habitación, desde Montevideo, Uruguay. (AFP)
“Es un derecho a decidir. No sustituye lo ya existente ni impone conductas. Vivir con dignidad el proceso final de la vida ante una enfermedad intratable, incurable o irreversible, con sufrimiento insoportable y un deterioro progresivo de la calidad de vida, no constituye un delito. Por tanto, no debe penalizarse a nadie”, enfatizó el senador del Frente Amplio, Daniel Borbonet, tras la aprobación.
Laico y acostumbrado a mostrar el camino a la región a la hora de legislar derechos, Uruguay añade así una nueva norma liberal a otras como la regulación del mercado de cannabis, el matrimonio igualitario y el aborto.
La Iglesia católica mostró “tristeza” ante la votación afirmativa de los diputados en agosto. Más de una decena de organizaciones rechazaron la redacción por “deficiente y peligrosa”. En tanto, el Colegio Médico respetó las diversas posiciones de sus socios y no proclamó una postura ante el tema.
Y EN MÉXICO, ¿QUÉ HA PASADO?
En México, el debate sobre la eutanasia tiene un rostro emblemático: Samara Martínez. Su iniciativa, llamada “Ley Trasciende”, busca modificar la Ley General de Salud para legalizar la eutanasia activa y ofrecer a los pacientes terminales la posibilidad de decidir sobre su propia vida.
Actualmente, la eutanasia activa en el país constituye un delito. La ley castiga tanto el suicidio asistido como el homicidio por piedad, permitiendo únicamente la “voluntad anticipada” o eutanasia pasiva, es decir, la suspensión de tratamientos o intervenciones médicas que prolongan la vida sin aliviar el sufrimiento. En la práctica, esta opción no resuelve el dolor crónico e insoportable que padecen personas como Samara.
A los 30 años, Samara enfrenta desde los 17 una lucha constante contra la insuficiencia renal crónica y el lupus eritematoso sistémico. Dos trasplantes fallidos y la dependencia diaria de 10 horas de diálisis nocturna marcan su rutina. Para ella, “cuando el sufrimiento es terminal e irreversible, debe existir la opción legal de tener una muerte digna”.
El proyecto “Ley Trasciende” será presentado ante el Senado de la República el próximo 28 y 29 de octubre. Hasta ahora, Samara ha reunido más de 100,000 firmas en apoyo a su causa. La propuesta establece un marco legal riguroso para garantizar que la decisión sea libre, informada y protegida, con los siguientes requisitos:
Doble diagnóstico: confirmación de enfermedad terminal o crónica sin cura por parte de dos médicos.
Pleno uso de facultades: el paciente debe ser mayor de edad y encontrarse consciente.
Reflexión obligatoria: presentación de una solicitud formal por escrito y un periodo de cinco días para reconsiderar la decisión. N
