EL CONGRESO DE PERÚ DESTITUYÓ este viernes 10 de octubre a la presidenta Dina Boluarte en un juicio político “relámpago”, motivado por la crisis de inseguridad, y nombró en su lugar al hasta ahora jefe del legislativo, José Jerí, un abogado de 38 años, quien tomó juramento del cargo a primera hora por un periodo que se extenderá hasta julio de 2026. El país latinoamericano celebrará elecciones generales en abril.
Desde 2016 Perú ha tenido siete presidentes: tres destituidos por el Congreso contando a Boluarte, dos que renunciaron antes de correr la misma suerte, uno que completó su mandato interino y ahora Jerí.
Sin bancada propia ni apoyo popular, la ya expresidenta se vio acorralada por escándalos, protestas y una ola de extorsiones y asesinatos del crimen organizado jamás vista en Perú.
En estricto respeto del orden constitucional, el presidente de la República del Perú, José Enrique Jerí Oré, realizó su primer ingreso a Palacio de Gobierno como jefe de Estado. pic.twitter.com/FjxoS048Qc
— Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) October 10, 2025
“El principal enemigo está afuera, en las calles, las bandas criminales, las organizaciones criminales, ellos son el día de hoy nuestros enemigos, y como enemigos debemos declararle la guerra”, afirmó el nuevo mandatario.
Jerí completará el mandato que ejercía Boluarte desde diciembre de 2022, cuando accedió al cargo por la destitución y encarcelamiento del expresidente Pedro Castillo.
Tras la remoción, aprobada con el voto de 122 parlamentarios, según el recuento final del Congreso, unas 100 personas estallaron en júbilo frente a la sede del Congreso con una bandera de Perú.
“Cae Dina. Fuera pacto mafioso”, decía uno de los carteles que sostenía uno de los manifestantes. La mayoría parlamentaria había aprobado el jueves cuatro mociones de vacancia contra Boluarte, invocando su “permanente incapacidad moral” para dirigir el ejecutivo.
“El país ha sido maltratado por el gabinete y la presidenta. Ha crecido la extorsión, la criminalidad, pero ella sigue viviendo en una fantasía. Merece ser castigada”, dijo la congresista Norma Yarrow, del partido de derecha Renovación Popular.
Boluarte rehusó presentarse ante el Congreso que la había citado la noche del jueves para que se defendiera en el juicio político. Su abogado Juan Carlos Portugal alegó falta de garantías al “debido proceso” por el poco tiempo para preparar la defensa.
Acechada por protestas y escándalos por presunta corrupción que siempre negó, Boluarte no tenía margen para mantenerse en el cargo. Durante su gestión, había podido tejer pactos burocráticos con las fuerzas conservadoras a cambio de que no votaran, hasta ahora, ningún pedido de vacancia. Esto le permitió sobrevivir a varias investigaciones de la fiscalía que, sin embargo, mermaron a mínimos récord su popularidad.
“En todo momento invoqué a la unidad, a trabajar juntos (…) No he pensado en mí, sino en los más de 34 millones de peruanos”, afirmó este viernes Boluarte luego de su destitución, en un mensaje que fue interrumpido por el canal estatal.
Su gobernabilidad se deterioró en los últimos meses por la crisis de inseguridad y las protestas que la acorralaron desde distintos sectores. Lima ha sido el foco del descontento.
En los últimos fines de semana, numerosos jóvenes liderados por el colectivo “Generación Z” protagonizaron manifestaciones en la ciudad, que se saldaron con decenas de heridos.
El lunes la capital peruana quedó semiparalizada por una movilización de transportistas. Y el jueves, horas antes de que se activase el proceso de destitución, unos sicarios hirieron a cuatro músicos y un vendedor durante un concierto en el sur de Lima.
Boluarte asumió el 7 de diciembre de 2022 en reemplazo del destituido y encarcelado Pedro Castillo. La entonces vicepresidenta alcanzó el poder después del fallido intento del líder de izquierda de gobernar por decreto. Su ascenso estuvo marcado por protestas que fueron reprimidas por la fuerza pública y dejaron medio centenar de muertos, según organismos de derechos humanos.
La fiscalía la investigaba por esa causa, además de otros dos procesos: uno por presunto abandono de cargo cuando se operó la nariz sin avisar al Congreso, como estipula la ley; y otro, por el llamado Rolexgate, escándalo que estalló en 2024 cuando la mandataria apareció con unas joyas de lujo que no había declarado en su lista de bienes.
Con su destitución, Boluarte pierde su fuero y podrá ser eventualmente enjuiciada y condenada. Actualmente, los expresidentes Alejandro Toledo y Ollanta Humala están presos por corrupción en una cárcel especial al este de Lima. Castillo está recluido en el mismo sitio a la espera del juicio por su maniobra contra el parlamento.
Ante la destitución de Dina Boluarte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respaldó su apoyo al exmandatario Pedro Castillo, a quien considera como “víctima de persecución política y de discriminación”.
“Consideramos que fue un golpe de Estado el que destituyó al presidente Castillo. Nuestra solidaridad siempre con él. Y pues creo que fue por unanimidad, ¿verdad? La destitución [de Boluarte]. Pero nuestra insistencia de que se libere a Castillo y tenga un juicio justo”, expresó Sheinbaum en su conferencia habitual desde Palacio Nacional.
Las relaciones entre México y Perú se han mantenido tensas desde el anterior sexenio debido a la destitución de Castillo y dadas las opiniones del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien incluso llamó “espuria” a Boluarte y “usurpadora de la presidencia”.
Por lo anterior, en mayo de 2023 la Comisión del Congreso de Perú aprobó declarar a López Obrador “persona non grata”. La situación se repitió en 2025, esta vez con Sheinbaum. A comienzos de septiembre también se aprobó una moción que proponía declarar “persona non grata” a la presidenta de México. N
(Con información de agencias)
