El Congreso del Estado aprobó una reforma integral a la Ley Orgánica del Poder Judicial local, estableciendo que magistradas y magistrados del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal de Justicia para Adolescentes ejercerán su función durante un periodo de nueve años, con la posibilidad de ser reelectos.
De acuerdo con lo señalado en el pleno, la modificación legislativa, impulsada por la Comisión de Justicia, tiene como objetivo modernizar el funcionamiento del Poder Judicial y armonizar la normativa estatal con las reformas constitucionales federales en materia judicial.
Uno de los puntos de la reforma es la transformación estructural del órgano de gobierno del Poder Judicial. El anterior Consejo de la Judicatura será sustituido por un Órgano de Administración, encargado de las funciones de planeación, control presupuestal, gestión administrativa y evaluación del desempeño, en lo que se espera sea un modelo más eficiente y transparente para la operación del sistema judicial.
En sesión extraordinaria, el diputado Otniel García Navarro, presidente de la Comisión de Justicia, destacó que los cambios responden a una necesidad de fortalecer la institucionalidad judicial y garantizar procesos más eficaces y accesibles para la ciudadanía.
El nuevo diseño institucional también contempla la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, órgano encargado de atender conductas contrarias a la ética judicial, con la exigencia de operar con autonomía y profesionalismo.
Durante la discusión, el diputado Fernando Rocha Amaro señaló que, a propuesta de su bancada, el PAN, se incorporó como requisito para ocupar cargos judiciales el no ser deudor alimentario moroso, así como nuevas precisiones en las competencias de los tribunales en materias civil y familiar.
Por parte del PRI, la diputada Sughey Torres Rodríguez expresó que la reforma coloca al estado en una posición de avance en el contexto nacional, y destacó el consenso entre los diferentes grupos parlamentarios como una muestra de voluntad política. Destacó que los cambios integran mecanismos de selección más técnicos y éticos, así como mayores controles financieros.
El nuevo Tribunal estará compuesto por 15 magistradas y magistrados, quienes actuarán en Pleno y en Salas, de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política del Estado de Durango.
Las condiciones para una posible reelección de magistrados no alteran los principios constitucionales establecidos en materia de responsabilidades. En caso de reelección, sólo podrán ser removidos bajo los términos que dictan la Constitución Federal, la Constitución Local y las leyes aplicables.
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