La Fiscalía General de la República (FGR) en Durango reportó que, en lo que va de 2025, se han registrado 23 denuncias por presunta negligencia médica en instituciones de salud federales, principalmente en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
De acuerdo con el delegado de la FGR en la entidad, Víctor Fernando Ruiz Méndez, los casos involucran desde fallos en la atención médica hasta presuntos actos de omisión por parte de personal de enfermería, camilleros y médicos. En algunos expedientes se investiga la posible comisión de delitos como lesiones e incluso homicidio por responsabilidad médica.
En comparación con el inicio de año, cuando solo cinco casos estaban bajo investigación formal, la cifra representa un incremento de más del 350% en las denuncias interpuestas por familiares de pacientes que consideran que hubo un manejo inadecuado de sus casos en los servicios de salud pública.
Uno de los casos más recientes es el de Daenerys Alessandra, una niña de cuatro años que falleció el pasado 7 de octubre mientras esperaba una cirugía en una unidad del IMSS en Durango. Su muerte ha sido denunciada ante la autoridad federal, y la FGR ya ha iniciado las diligencias necesarias, incluyendo la participación de un perito médico para determinar si existió negligencia.
“El caso se encuentra en investigación. Aún no es posible determinar si se trató únicamente de un fallo administrativo, un acto penal, o ambos”, explicó Ruiz Méndez. Hasta el momento, ningún trabajador del IMSS ha sido separado de sus funciones, ya que las sanciones administrativas corresponden al Órgano Interno de Control de la institución. Si se determina responsabilidad penal, el caso será judicializado ante un juez federal.
Además de las denuncias contra el IMSS y el ISSSTE, se confirmó una denuncia relacionada con médicos pertenecientes al sistema militar, misma que ya ha sido atendida por las autoridades competentes.
El delegado de la FGR destacó que varios de los 23 expedientes siguen en etapa de investigación, mientras que otros han sido descartados tras determinarse que no existieron elementos que acrediten negligencia. En los casos en que se comprueba una falta grave, se procede a la judicialización del expediente.
Ruiz Méndez indicó que la intervención de la FGR se limita al ámbito penal, pero que existe coordinación con las instancias administrativas para que, de comprobarse irregularidades, se actúe en los dos frentes.
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