Al menos 12 productores de maíz y sorgo en Guanajuato fueron citados por la Fiscalía General de la República (FGR) para rendir declaración este viernes, luego de ser denunciados por presuntos ataques y daños a las vías de comunicación tras los bloqueos y manifestaciones que realizaron en octubre pasado en distintos municipios del estado.
De acuerdo con los campesinos, las notificaciones fueron emitidas por la subdelegación de la FGR en Irapuato y comenzaron a llegar a sus domicilios la tarde del viernes. En los documentos se les instruye presentarse en calidad de imputados, con identificación oficial y acompañados de un abogado defensor. Los citatorios fueron asignados en horarios distintos por diferentes Células de Investigación, lo que, aseguran, ha generado desconcierto y temor entre los productores.
“Nos llegaron los citatorios de un momento a otro, sin explicación. Solo nos dicen que debemos presentarnos como imputados”, explicó Víctor Hugo Jiménez Fonseca, uno de los agricultores afectados.
Los productores señalaron que las denuncias representan un intento de intimidación y represión por parte de las autoridades federales, pues sus movilizaciones, aseguran, fueron pacíficas y tenían como único objetivo exigir precios justos y apoyo para el sector.
“No hicimos nada ilegal. Ahora nos quieren tratar como delincuentes por defender nuestro trabajo y nuestra tierra”, expresaron.
Las protestas a las que se hace referencia ocurrieron en carreteras y vías férreas de municipios como Pénjamo, Abasolo, Valle de Santiago, Irapuato, Salamanca, Celaya y León, donde los agricultores reclamaban los bajos precios del maíz y del sorgo, además de la falta de incentivos gubernamentales.
Aunque los bloqueos fueron retirados tras acuerdos para no afectar a la ciudadanía, los campesinos denunciaron que los procesos judiciales buscan callar la protesta y desalentar la organización del campo.
Finalmente, los productores reiteraron su disposición al diálogo con las autoridades estatales y federales, pero exigieron que se retiren las acusaciones en su contra.
“Queremos soluciones, no persecución. El campo está en crisis y lo único que pedimos es justicia y mejores oportunidades para nuestras familias”, manifestaron.
