En junio de este año, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) clausuró un proyecto inmobiliario en La Pona, tras lo cual el Gobierno del Estado anunció su intención de intervenir para rescatar el predio, luego de intensas protestas por parte de la ciudadanía.
Sobre la mesa existen dos posibles esquemas de negociación con los propietarios: un intercambio por terrenos municipales o el pago del valor total del predio; sin embargo, activistas señalan que el proceso continúa avanzando sin transparencia.
Sofía González Ponce, representante del colectivo Salvemos La Pona, señaló que sigue sin haber claridad en las negociaciones y en la integración formal de la ciudadanía en la elaboración del plan de manejo del área.
“Solicitamos que nos integraran al presunto plan de manejo para las 31.4 hectáreas de la mezquitera, y no hemos tenido respuesta por parte del Gobierno del Estado (…) desconocemos si hay avances en la negociación para adquirir La Pona; no hay ninguna novedad”, añadió.
La activista acusó que ni el gobierno municipal ni el estatal han mostrado disposición para incluir a quienes han trabajado en la defensa del área.
“Creemos que hay una constante de invisibilizarnos a quienes estamos haciendo el trabajo de base, la talacha para el bien común (…) hacemos cuestionamientos muy directos sobre cómo se maneja el recurso público, por qué había tala furtiva, tiraderos ilegales, vertederos de desechos y basura doméstica, aun cuando supuestamente existía un plan de manejo”, señaló.
Respecto a la temporada de incendios, la representante del colectivo indicó que el predio se encuentra actualmente en buenas condiciones gracias a la vigilancia ciudadana.
“El resguardo ciudadano ha garantizado casi al 100% que no haya siniestros. Antes, a estas alturas del año, La Pona ya estaba en malas condiciones por los incendios forestales”, apuntó.
