Integrantes del colectivo Salvemos La Pona se manifestaron en el centro histórico de Aguascalientes para exigir transparencia en las negociaciones que el gobierno mantiene con los dueños del predio de esta área natural. Además, ingresaron a las inmediaciones del palacio de gobierno para ser escuchados y entregar un pliego petitorio, solicitando que el predio sea expropiado y que la ciudadanía organizada sea considerada en la toma de decisiones.
Sofía González Ponce, representante del colectivo, señaló que la expropiación es viable y necesaria para proteger la función ambiental de las 31.4 hectáreas del terreno.
“Estamos exigiendo la expropiación de las 31.4 hectáreas de la Pona, porque es posible, porque es factible que se realice y, a diferencia de otros sitios que se han expropiado, la Pona cumple una función ambiental”, señaló.
La activista sostuvo que una permuta o compraventa del terreno no garantiza la protección del suelo forestal de La Pona y de otras áreas naturales que podrían estar en riesgo de ser urbanizadas. Subrayó que la expropiación, además de estar regulada, permite que el terreno permanezca con fines ambientales y no se destine a otros usos.
“Una permuta no implicaría el acceso a la justicia socioambiental. Una compraventa de la zona no implicaría un acceso a la oficina socioambiental, porque se estaría comprando a valor comercial. Por mucho que se hagan valuaciones, eso no nos permite acceder a la justicia ambiental porque la expropiación existe para devolverle a la sociedad lo que es de la sociedad”, explicó.
Además, el colectivo denunció la falta de comunicación con las autoridades, indicando que hasta ahora no han recibido respuestas directas sobre el proceso de negociación.
“Hasta ahorita nos cerraron la puerta. Nos mandan a su personal y no nos reciben, no nos dan la cara. Queremos conocer la negociación, queremos ver los papeles, queremos ver los avalúos, queremos saber qué está pasando, qué están tramando”, indicó.
Por su parte, el secretario de gobierno, Antonio Arámbula López, aseguró que las negociaciones se realizan de manera confidencial y directa con los interesados y que los detalles, incluidos los avalúos, no pueden hacerse públicos aún. Aclaró que debido a la falta de recursos presupuestales, no se puede llevar a cabo una expropiación, por lo que se busca una permuta de terrenos.
“Es un tema que no se puede estar dando a la luz pública porque son negociaciones. Por supuesto, claro que no van a ser 500 millones como se pidió en el inicio, pero si damos un precio, entonces vamos a hacer que se ponga a votación una negociación y no es correcto. Las negociaciones se hacen con los interesados”, indicó.
Finalmente, el funcionario aseguró que el predio permanece con fines ambientales y descartó cualquier posibilidad de que se utilice para otros proyectos.
“El uso está garantizado, ya la gobernadora lo dijo, que se va a buscar para que se quede para el tema ambiental, eso no está en duda. Ahorita lo que está en duda es el precio y las permutas porque está en negociación. Entonces, es el único tema. No hay tema de que se vuelva a hacer para construcción, no hay tema que se vuelva a hacer para otro tema que no sea ambiental”, concluyó.
