Un Tribunal Federal ordenó al gobierno de Baja California respetar el contrato que canceló a la empresa Suministro Sustentable de Energía en México (Sumex) para proveer de electricidad al acueducto de Río Colorado y le dictó no firmar nuevos compromisos legales.
La medida del Tribunal Federal de Justicia Administrativa dejaría sin efecto temporal el contrato que firmó el estado con Next Energy para construir una planta fotovoltaica, pues le ordena al gobierno mantener los compromisos legales con Sumex.
Se trata de una orden temporal en tanto el TFJA resuelve el juicio que interpuso Sumex contra el gobierno encabezado por Jaime Bonilla por cancelar anticipadamente el contrato.
“Se decreta provisionalmente la medida cautelar para efecto de que la autoridad demandada mantenga las cosas en el estado en el que actualmente se encuentran hasta en tanto no se resuelva en definitiva sobre tal medida”, dice la orden fechada el 28 de octubre.
La orden dicta al gobierno que “no formalice ningún contrato de suministro con persona física o moral diversa y, respecto de las obligaciones que contrajo el consumidor y/o usuario calificado respecto al contrato CIE-001-2016, vigente por 15 años”.
En 2017, la administración del gobernador Francisco Vega contrató a Sumex para dotar de energía eléctrica al acueducto que distribuye agua potable a la zona costa del estado.
Pero en mayo de 2020 el gobernador Bonilla rescindió el contrato por supuestos incumplimientos de la empresa.
Cuando Bonilla anunció la cancelación, dijo que el ex gobernador “Kiko” Vega era socio de Sumex, pero una investigación de Newsweek Baja California documentó que el socio era el empresario Fernando Beltrán, quien antes de la cancelación renunció a la sociedad.
Luego el gobierno del estado contrató a la empresa Orden Cardinal SAPI de CV (Orca energy) mientras lanzaba la licitación para crear una planta fotovoltaica como suministradora de electricidad para el acueducto.
Y en octubre de este año, el Comité Interinstitucional de Energía, una mesa de trabajo de carácter técnica, dio como ganador de la licitación a la empresa Next Energy para construir la planta fotovoltaica.
Pero el pasado 28 de octubre el TFJA emitió la orden a favor de Sumex y un documento en poder de Newsweek Baja California muestra que los integrantes del Comité, junto a la oficina del gobernador y la secretaria General de Gobierno, fueron notificados de la instrucción de la magistrada Clemencia Gonzalez González.
La Secretaria General de Gobierno (SGG) fue notificada el pasado 4 de noviembre, según documento en poder de Newsweek Baja California, pero la dependencia dijo no estar enterada.
El gobernador del estado no respondió a una solicitud de entrevista sobre el tema.
Karen Posthelwaite, titular de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial, confirmó que el 15 de octubre se firmó contrato con Next Energy, días antes de la orden del TFJA.
A pesar de la orden del Tribunal, el pasado 27 de noviembre el congreso aprobó una iniciativa enviada por el gobernador Bonilla, que define los mecanismos presupuestales para pagar el consumo de electricidad que proporcionará la planta fotovoltaica.
Además faculta a las dependencias de estado que realicen convenios con Next Energy para que sea la proveedora de energía y tambíen los mecanismo del pago por el consumo de energía.
Con estas modificaciones, la planta fotovoltaica que originalmente era para suministrar el acueducto del Río Colorado, podrá ser contratada por otras dependencias que convengan con Next Energy.
El presidente de la Comisión de Energía y Recursos Hidráulicos del congreso local, el diputado Eli Topete, dijo tener conocimiento de la medida cautelar a favor de Sumex, aunque dijo que es contra el poder ejecutivo, no contra el legislativo.
El decreto permite al gobierno pagar hasta 1,650 millones de pesos anuales de electricidad a Next Energy, gasto promedio incluyendo el acueducto, que consume unos 1,200 millones de pesos, explicó el diputado.
El diputado Gerardo López fue uno de los 5 diputados que votaron en contra del dictamen por no proporcionar la suficiente información y comprometer las finanzas del gobierno del estado por 30 años.
En un comunicado, el perredista cuestionó la poca transparencia con la que se aprobó la iniciativa, pues les fue entregada horas antes el dictamen para su análisis.
Por otro lado, el diputado priista David Ruvalcaba, dijo que no comparte “las acciones emprendidas por gobierno del estado, que ha sido crítico de pasadas administraciones de los contratos multianuales, pero que ahora los adoptan”.
Ruvalcaba dijo que con esto se comprometen 30 años de recursos propios y federales, y que se pondrá en apuros el presupuesto estatal.
Además señaló que se deja abierta “una inflación imaginaria del 3.5% cuando sabemos que no vamos a crecer, cuando traemos un decremento de 11 o 12%. Esa es mi duda”.
