La captura de Pablo Edwin Huerta Nuño, alias “El Flakito” o “El Flaquito”, presunto líder regional del Cártel de los Arellano Félix (CAF) en Tijuana, fue realizada en un operativo de fuerzas federales sin la participación del gobierno estatal de Baja California. Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal, confirmó que elementos del Ejército Mexicano detuvieron a Huerta Nuño junto a tres personas más en Tijuana, como resultado de un cateo coordinado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Fiscalía General de la República (FGR). Este golpe contra uno de los principales generadores de violencia en la región fronteriza ha generado cuestionamientos sobre la falta de coordinación y confianza entre las autoridades federales y estatales en dicho operativo.
Sedena y FGR encabezan el operativo federal
De acuerdo con la información difundida por García Harfuch en redes sociales, la operación para detener a “El Flaquito” se llevó a cabo con sigilo durante la madrugada del 17 de junio en Tijuana, Baja California. En un domicilio ubicado en la calle Cumbres de la Encantada, Colonia Fundadores, personal militar cumplimentó una orden de cateo donde fue localizado Huerta Nuño. El objetivo contaba con una orden de aprehensión por secuestro en Baja California y además enfrenta una orden de extradición a Estados Unidos, por lo que tras su detención sería puesto a disposición de autoridades federales para su traslado al extranjero.
Junto con “El Flaquito” fueron detenidas otras tres personas (presuntamente su esposa, un escolta y una empleada doméstica, según informes extraoficiales) y se aseguraron armas, drogas, cargadores, equipo táctico y vehículos en dos inmuebles cateados durante la operación. Las autoridades identificaban a Huerta Nuño como uno de los principales generadores de violencia en Baja California, debido al control de rutas de tráfico de droga hacia Estados Unidos que mantenía el CAF en la zona.
Exclusión del gobierno estatal en la detención
En una conferencia de prensa posterior al hecho, el gobierno de Baja California confirmó que no intervino en la captura de “El Flaquito”. El secretario de Seguridad estatal, general Laureano Carrillo Rodríguez, reveló que el operativo especial para arrestar a Huerta Nuño fue ejecutado exclusivamente por corporaciones federales –Sedena, la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada de la FGR y un grupo élite de la Guardia Nacional– sin participación de las fuerzas estatales. Además, las autoridades federales no notificaron previamente al Gobierno del Estado sobre el cateo y la aprehensión.
La decisión de excluir a las instancias estatales se puede interpretar como falta de confianza interinstitucional , ya que en operativos anteriores la compartición de información habría permitido la fuga del objetivo por posibles filtraciones.
Un antecedente refuerza esta precaución: en diciembre de 2023, un asociado cercano a “El Flaquito” fue herido tras un ataque armado en Tijuana y se refugió en un hospital. Elementos de la policía estatal montaron un operativo para detenerlo, pero el sujeto logró escapar antes de ser ubicado. A partir de ese episodio, y ante el temor de filtraciones, el gobierno federal optó por mantener en completo sigilo esta nueva operación.
Tomando en cuenta episodios como ese, en esta nueva operación las autoridades federales mantuvieron el secreto absoluto. Tras su captura, Huerta Nuño fue trasladado de inmediato a la Ciudad de México, sin siquiera pasar por instalaciones estatales. No era solo una cuestión táctica: también fue un mensaje político.
Refuerzo de seguridad tras la captura
La detención de un presunto alto mando del narcotráfico como “El Flaquito” encendió alertas de posibles reacciones violentas o represalias de su grupo criminal. Por ello, las autoridades de Baja California anunciaron un refuerzo en los operativos de seguridad en la entidad tras la captura.
El general Carrillo informó que la mañana del 17 de junio se reunió con el Centro Coordinador Operativo Estatal para diseñar medidas preventivas junto con todas las corporaciones policiacas, con el fin de evitar cualquier respuesta delictiva derivada de la detención.
A su vez, la fiscal general estatal, María Elena Andrade, indicó que la Fiscalía de Baja California estará atenta al curso de las investigaciones federales para determinar la posible participación de Huerta Nuño en otros delitos y homicidios ocurridos en Tijuana y Ensenada, y así coadyuvar en las acciones de procuración de justicia locales.
¿Falta de confianza y coordinación entre gobiernos?
Si bien el operativo federal alcanzó su objetivo de capturar a “El Flaquito” –considerado por la gobernadora Marina del Pilar Ávila como “uno de los golpes más importantes” contra la criminalidad en el estado–, la ausencia de participación del gobierno estatal no ha pasado inadvertida.
La decisión de marginar a las fuerzas locales sugiere fisuras en la coordinación intergubernamental, presumiblemente motivadas por la desconfianza hacia ciertas instituciones locales en materia de seguridad. Este caso plantea preguntas sobre la relación entre autoridades federales y estatales.
¿Fue una decisión táctica aislada? ¿No existía confianza para compartir información con Baja California? ¿Fue ésta una medida excepcional para garantizar el éxito del operativo, o refleja una estrategia más amplia bajo el mando de García Harfuch para afrontar al crimen organizado sin depender de las policías estatales?
Por lo pronto, el resultado positivo de la detención vino acompañado de ese inusual distanciamiento entre niveles de gobierno, lo que abre el debate sobre cómo fortalecer la colaboración y confianza mutua en futuros operativos de seguridad. N
