Un padre centroamericano fue asesinado en Tijuana, México, donde aguardaba con su esposa y dos hijos a que Estados Unidos procesara sus solicitudes de asilo. El abogado que representa a los deudos asegura que las autoridades migratorias estadounidenses ya habían sido advertidas de que la familia no se sentía segura en aquella ciudad fronteriza.
Richard Sterger, el abogado de inmigración que representa a la familia, explicó a Newsweek que, la primavera pasada, este grupo de migrantes -cuya identidad se mantiene oculta por temor a represalias- emprendió el difícil viaje desde El Salvador hasta la frontera de Estados Unidos, e inició el procedimiento formal de asilo en el punto fronterizo de San Ysidro, distrito de San Diego, California.
Para consternación de la familia -igual que ha sido para otros miles de solicitantes de asilo-, las autoridades migratorias ordenaron que dieran vuelta y se establecieran en Tijuana, México mientras su caso era evaluado bajo los Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés), un recurso establecido por la presidencia Trump y ampliamente conocido como la política “Quédense en México”.
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El pasado 11 de septiembre, el grupo familiar acudió a su primera audiencia y pidió permiso para permanecer en territorio estadounidense, argumentando que su seguridad se vería comprometida si los obligaban a regresar a Tijuana.
“Hay que reconocer que el Departamento de Seguridad Nacional [DHS, por sus siglas en inglés] ha adoptado la posición de que cualquiera que manifieste el temor de regresar a Tijuana bajo las condiciones de los MPP… puede permanecer en Estados Unidos”, dijo Sterger. En vez de la deportación, esos migrantes quedan en manos de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), quienes hacen una entrevista de “temor admisible” para determinar si existen fundamentos para validar ese temor.
En su oportunidad, la familia no tuvo representación legal ni apoyo alguno para defender su caso. Y pese a que los padres insistieron en el temor de regresar a Tijuana con dos menores de 10 años, todos fueron enviados de regreso a la ciudad fronteriza mexicana.
Transcurridos poco más de dos meses, ese temor se hizo realidad cuando un ataque brutal acabó con la vida del padre.
“Lo asesinaron salvajemente; lo apuñalaron en el cuello y en todo el torso”, reveló Sterger.
Aun cuando Newsweek tuvo oportunidad de revisar el certificado de defunción del padre (no publicado para proteger el anonimato de la familia), no ha sido posible precisar los detalles que condujeron a la muerte del migrante salvadoreño.
Muchos grupos de derechos humanos y para la defensa de los migrantes han hecho reiteradas advertencias al gobierno estadounidense en cuanto al peligro que enfrentan los solicitantes de asilo que se ven obligados a vivir en Tijuana en espera de que los tribunales de migración procesen sus casos.
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En uno de esos informes, Human Rights First precisó que había identificado 636 denuncias públicas de “violación, tortura, secuestro y otros actos violentos perpetrados contra migrantes y solicitantes de asilo a quienes la presidencia Trump obliga a regresar a México”.
Entre los ataques denunciados se contaban al menos 138 niños que sufrieron intentos de secuestro o fueron efectivamente secuestrados en México a resultas de la política del mandatario; la cual, según la descripción de Human Rights First, no es otra cosa que un “ardid ilegal”.
En opinión de Sterger, el homicidio del migrante salvadoreño en Tijuana es “otro caso trágico, si bien sabíamos que iba a ocurrir algo así en cualquier momento”.
A decir del abogado, con su decisión de obligar a los migrantes a que esperen en las ciudades fronterizas de México mientras se procesan sus peticiones de asilo, el presidente Trump está “conduciendo corderos al matadero”.
Sterger agregó que, tras la muerte del esposo, la mujer y sus dos hijos huyeron a la frontera de Estados Unidos para suplicar que les permitieran cruzar. A resultas del mortal ataque, la mujer y los niños han podido permanecer en territorio estadounidense mientras las autoridades migratorias siguen analizando sus casos.
Para la preparación de este reportaje, Newsweek se puso en contacto con el Departamento de Seguridad Nacional, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, y la Casa Blanca.
