La justicia de Honduras dictó prisión de entre 30 y 50 años para siete personas involucradas en el asesinato de la ambientalista y defensora de derechos humanos Berta Isabel Cáceres en marzo del 2016.
Según la sentencia de la Sala I del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, las siete personas recibieron una pena de entre 30 y 34 años de cárcel por el asesinato de Cáceres. De ellas, a cuatro se les impuso además 16 años y 4 meses de cárcel por tentativa de asesinato contra Gustavo Castro.
#UltimaHora dictan sentencia contra los autores materiales del asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres.
Se dictaron sentencias de 30 a 50 años de cárcel para los 7 autores materiales.¿Y a los Atala cuánto?
La impunidad no termina con una sentencia#CastigoALosAtala pic.twitter.com/w4vJ7UkCBE— COPINH (@COPINHHONDURAS) December 2, 2019
Berta Cáceres, Coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y ganadora del Premio Goldman 2015, fue asesinada en su casa la noche del 2 de marzo del 2016.
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Cáceres había denunciado que ejecutivos de Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) la amenazaban de muerte por organizar movilizaciones indígenas para frenar la construcción de una hidroeléctrica de esa empresa en el río Gualcarque, en territorio del pueblo indígena lenca.
En este sentido Sergio Ramón Rodríguez Orellana, empleado de DESA, fue condenado este lunes a 30 años y 6 meses de prisión. El mayor del ejército Mariano Díaz y el exjefe de seguridad de esa compañía, Douglas Bustillo, cumplirán 30 años de reclusión, según el fallo.
La portavoz de la Corte Suprema de Justicia, Lucía Villars, dijo a la AFP que la defensa tiene 20 días para presentar recurso de “casación”, en el que la condena puede ser ratificada o modificada.
El tribunal había declarado culpable el 30 de noviembre de 2018, a Bustillo, Rodríguez y Díaz de haber contratado a los cuatro pistoleros por 4,000 dólares para que mataran a la ambientalista.
Cáceres estaba esa noche en su casa en la comunidad occidental de La Esperanza cuando los cuatro sicarios forzaron una puerta para ingresar a la vivienda y matarla a tiros.
En otra habitación estaba Castro, a quien dispararon y huyeron creyendo que había muerto.
Según la sentencia, los ejecutivos de DESA ordenaron el asesinato de Cáceres por organizar manifestaciones para impedir la construcción de una hidroeléctrica en el occidental río Gualcarque, en territorio indígena.
Cáceres había denunciado amenazas del personal de DESA en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que dictó medidas cautelares para su protección.
Por el crimen también está preso desde marzo del 2018 el presidente de DESA, David Castillo.
La familia de Cáceres denunció un atraso en el juicio contra Castillo supuestamente para favorecerlo, y acusan a influyentes banqueros que financiaban el proyecto hidroeléctrico como coautores intelectuales del crimen.
Cáceres era reconocida mundialmente en el movimiento ambientalista y de derechos Humanos, por lo que Estados Unidos, la Unión Europea y la comunidad internacional exigieron castigo para los culpables de su muerte.
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