Un tribunal en España anunció este miércoles haber imputado a la empresa de construcción Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), de la cual el empresario mexicano Carlos Slim es accionista principal, de corrupción y blanqueo de capitales por presuntamente haber pagado 82 millones de euros en comisiones para adjudicarse contratos en Panamá junto a la brasileña Odebrecht.
Las imputaciones recaen sobre tres sociedades mercantiles de FCC que se asociaron con Odebrecht para acometer obras en el Metro de Panamá y en la Ciudad Hospitalaria de Clayton, según una nota de prensa de la Audiencia Nacional, jurisdicción en Madrid especializada en asuntos financieros complejos.
Odebrecht, en el centro de un megaescándalo de corrupción en América Latina, ya reconoció haber pagado millonarios sobornos en el país centroamericano.
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“Los indicios de la investigación (…) revelaron que los participantes en las dos contrataciones, todos ellos altos directivos de FCC y personal de Odebrecht, diseñaron (…) un esquema de corrupción repetido y que consistió en sobredimensionar el suministro de acero necesario” para las obras “y en facturarlo al doble de su precio”, explicó el texto.
“De esta forma, se obtuvieron los fondos para pagar dádivas a empleados y dirigentes políticos de Panamá. El desvío de dinero se hacía a través de sociedades pantalla administradas por directivos de FCC y Odebrecht”, señaló la Audiencia Nacional.
El tribunal indicó que la investigación comenzó en 2017 a raíz de una querella contra un asesor jurídico de Odebrecht por blanqueo de capitales entre 2009 y 2015.
Según el auto de la Audiencia Nacional, FCC fue imputada como persona jurídica porque “no activó ni aplicó protocolo alguno dirigido a evitar la comisión de hechos delictivos” por parte de sus directivos.
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En América Latina, el escándalo de Odebrecht sacudió los círculos de poder y la política y llevó a la cárcel a expresidentes y altos funcionarios en países como Perú, Colombia y Brasil.
En Panamá hay decenas de imputados, entre ellos los hijos del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), quienes habrían recibido unos 56 millones de dólares de Odebrecht para facilitar trámites y otros servicios, según las acusaciones.
