Las personas de color fueron uno de los objetivos de la guerra contra las drogas. Deben beneficiarse de la legalización de la marihuana.
Muchas veces me preguntan por qué vinculo la legalización del cannabis con la justicia social y económica para las comunidades de color.
La respuesta es simple: negros y latinos, los individuos que conforman esas comunidades, son quienes más han sufrido por la prohibición del cannabis y la disparidad social inherente a la “guerra contra las drogas”.
Para entender a qué se debe esto, necesitamos un contexto histórico. En 1994, John Ehrlichman, asesor y asistente del presidente Nixon para asuntos internos, declaró lo siguiente durante una entrevista con Dan Baum, reportero de la revista Harper’s: “La campaña Nixon de 1968, y la posterior Casa Blanca Nixon, identificaron dos enemigos: la izquierda antibélica y los negros… No podíamos declarar ilegal la oposición a la guerra ni la condición de negro, pero si lográbamos que el público asociara a los hippies con la marihuana y a los negros con la heroína, y criminalizábamos las dos cosas, podríamos afectar ambas comunidades”.
Así dio inicio una ofensiva de décadas contra las comunidades negras y latinas de Estados Unidos.
Es bien sabido que el sesgo de las leyes contra las drogas ha tenido un impacto desproporcionado en las personas de color. Según la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, la probabilidad de arresto por posesión de marihuana es 3.73 por ciento más alta para los negros que para los blancos, en todo el país. Y esto, a pesar de que los datos han demostrado, de manera consistente, que las tasas de estadounidenses blancos que declaran usar cannabis son iguales o más altas.
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Aun cuando algunas agencias judiciales están modificando sus posturas frente a la posesión de marihuana, la División de Servicios de Justicia Criminal del Estado de Nueva York ha publicado cifras sorprendentes. Durante el primer trimestre de 2018, las personas de color representaron 93 por ciento de las detenciones policiacas en Nueva York. Y aunque en mi ciudad —Búfalo, Nueva York— el total de arrestos por posesión de cannabis se redujo a la mitad entre 2017 y 2018, las detenciones de personas de color aumentaron de 85 por ciento en 2017 a 91 por ciento en 2018.
El impacto de la guerra contra las drogas ha sido devastador para las comunidades negras y latinas de mi estado, donde incontables miembros de dichas comunidades se han visto privados de educación superior, empleo, oportunidades de vivienda y hasta del derecho de voto. Además, esas comunidades comparten características muy similares, las cuales incluyen cifras desproporcionadas de establecimientos para empréstitos con intereses elevados; cadenas de tiendas de descuento; negocios de telefonía móvil de prepago; basura; aceras rotas; deterioro; desiertos alimentarios; y desesperanza.
El estado de Nueva York ha llegado a una encrucijada: aprovechar la oportunidad para propiciar la generación de ingresos con el cannabis legalizado y mejorar el futuro de individuos y comunidades devastados por la guerra contra las drogas; o bien, establecer una industria de cannabis legal —nueva, lucrativa y multimillonaria— que no tome en cuenta a los millones de neoyorquinos que viven acosados por los abusos policiales y las políticas discriminatorias.
La legalización del cannabis para uso adulto no debe tomarse a la ligera. Aunque no defiendo ni recomiendo el cannabis para uso no medicinal, tengo muy presente que muchas personas se automedican con cannabis del mercado ilegal. Numerosos individuos y organizaciones me han manifestado sus inquietudes en cuanto a la legalización del cannabis, y agradezco sus perspectivas.
Sin embargo, las realidades que encaran las comunidades de color —como la mía— me han llevado a la conclusión de que es hora de poner fin a la criminalización de la planta de cannabis. Es hora de reconocer y aceptar que la prohibición del cannabis solo ha tenido consecuencias para ciertas personas. Es hora de hacer inversiones nuevas en las comunidades menos privilegiadas. Por todo lo anterior, hace cinco años envié a Liz Krueger —senadora por el estado de Nueva York— mi Propuesta Legislativa para Regular y Gravar la Marihuana (MRTA), y hemos trabajado en este asunto desde entonces.
La MRTA contempla un marco legal para remediar el daño ocasionado tanto por el sesgo judicial de las leyes para las drogas como por el encarcelamiento masivo de hombres jóvenes de color. Las disposiciones más importantes de MRTA incluyen: exigir que el ingreso fiscal haga importantes inversiones dedicadas para que las comunidades más perjudicadas dispongan de servicios sociales, educativos, vocacionales y de salud; sellar y eliminar las condenas menores por posesión de marihuana, lo cual beneficiará a cientos de miles de neoyorquinos; y garantizar que los individuos de las comunidades impactadas tengan acceso igualitario y representación adecuada en la nueva industria del cannabis.
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Legalizar el cannabis no es un remedio milagroso para las injusticias raciales sistémicas que han sufrido las comunidades de color. Es verdad que la legalización no acabará con el racismo. No obstante, es una medida indispensable para alcanzar un futuro más equitativo y justo.
Una vez que se eliminen los costos asociados de la prohibición, la legalización del cannabis recortará el gasto gubernamental, ya que habrá menos arrestos, menos niños en hogares de acogida, y menos necesidad de tribunales y fuerzas policiacas. Otra señal de éxito será el cambio en el aspecto y la sensación de los vecindarios: aceras reparadas; calles y parques limpios y activos; niños paseando en bicicletas; y residentes esperanzados e inspirados.
Me alienta que, el año pasado, Nueva York iniciara una conversación detallada y vigorosa sobre la legalización del cannabis para uso adulto. El gobernador Andrew Cuomo ha evolucionado en este tema, al extremo de que, a principios de este año, incluyó una propuesta personal en el presupuesto ejecutivo que presentó a la Legislatura del Estado de Nueva York.
A diferencia de muchas otras entidades federativas de Estados Unidos, Nueva York no es un “estado de referendo”, de modo que la legalización del cannabis no será un referendo público, sino un proceso legislativo.
Por desgracia, no hay certeza de que el gobernador y la legislatura logren acordar la manera de proceder a la legalización durante el presente año. Lo único que me queda claro es que cualquier legislación que adopte el estado para regular y gravar el cannabis de uso adulto debe contemplar nuevas inversiones dedicadas, así como oportunidades económicas para que las comunidades de color dispongan de fundamentos para forjarse un futuro mejor.
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Desde 2003, Crystal D. Peoples-Stokes ha prestado servicio en la Asamblea del Distrito 141 del Estado de Nueva York. En enero de 2019 fue electa lideresa de mayoría de la Asamblea del Estado de Nueva York.
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Publicado en cooperación con Newsweek / Published in cooperation with Newsweek
