Por segunda ocasión, el Congreso de Guanajuato votó en contra de las iniciativas para despenalizar el aborto voluntario.
Con 19 votos en contra y 17 a favor, el dictamen fue archivado definitivamente, cerrando nuevamente la puerta a la reforma del Código Penal en materia de derechos reproductivos. La diputada del PVEM Itzel Meló cambió su voto, decisión que fue criticada por colectivos feministas.
Durante una sesión marcada por posturas encontradas, la diputada María Eugenia García Oliveros, reconoció como histórico el empate previo y sostuvo que la criminalización del aborto contradice estándares internacionales.
Señaló que países como Canadá, Australia y Nueva Zelanda lo han convertido en un servicio de salud pública y no en un delito.
En contraste, el diputado Jorge Arturo Espadas Galván defendió la postura provida y dijo que su bancada busca proteger “a los más débiles, los que no tienen voz”. El debate incluyó argumentos sobre derechos humanos, condiciones sociales de las mujeres y presión política.
El legislador Antonio Chaurand sostuvo que legalizar el aborto salva vidas, al reducir los procedimientos clandestinos y las muertes asociadas, mientras que diputadas como Sandra Pedroza y Maribel Aguilar subrayaron que la penalización es una forma de violencia de Estado y que más de 4 mil niñas fueron obligadas a ser madres en Guanajuato entre 2020 y 2023.
Al concluir la votación del dictamen, la diputada de Movimiento Ciudadano, Sandra Pedro, quien presentó la iniciativa para despenalizar el aborto, lanzó un puñado de billetes a la diputada del Partido Verde, Itzel, aludiendo que había vendido su voto, ya que una semana antes había votado en contra. Ante esta situación, la diputada del PAN, Ana María Esquivel, recogió los billetes y acudió en apoyo de la legisladora del Partido Verde.
Aunque el dictamen fue desechado, varias legisladoras anticiparon que el tema volverá a discutirse, especialmente porque ya existen amparos y exhortos internacionales que urgen a los estados a garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
El Congreso cerró la discusión sin una postura unificada, dejando en evidencia la profunda polarización sobre el aborto legal y seguro en la entidad.
