En un país desbordado por la violencia y con más de 100 mil desaparecidos, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una reforma clave en materia de seguridad: la prohibición de los aceleradores de disparo, aditamentos que permiten convertir armas semiautomáticas en automáticas. La propuesta, impulsada por el diputado federal César Damián Retes, de Tijuana, representa un intento concreto por limitar la capacidad bélica del crimen organizado.
“Estos dispositivos convierten un arma común en una herramienta de guerra”, denunció el legislador desde tribuna. Con la reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, México busca cerrar un resquicio legal que ha permitido el ingreso y modificación de armas provenientes, en su mayoría, de Estados Unidos.
De la reforma al cumplimiento real
La prohibición, sin embargo, es solo el primer paso. El reto, subrayó Damián, será garantizar que esta reforma no quede archivada en el papel. “No basta con legislar. Le toca al gobierno cumplirla”, advirtió el legislador, quien también exigió una estrategia binacional con Estados Unidos, país de origen del 80% de las armas en manos del crimen organizado en México.
El legislador recordó el caso reciente de una oficial abatida en Tijuana con armamento modificado como evidencia de la urgencia del cambio legal. “La paz no se logra con discursos, sino con decisiones firmes”, remarcó.
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En un país donde las reformas suelen ser atrapadas en la confrontación partidista, esta votación unánime marca una excepción. Y también una oportunidad. Porque mientras el crimen se reinventa, el Estado necesita respuestas legislativas que no se queden en la retórica. N
