La guerra contra el huachicol ya no se libra en tomas clandestinas. Ahora, el combustible ilegal viaja por mar, con papeles en regla, escondido entre contenedores. Así lo demostró el decomiso histórico de 10 millones de litros de diésel de contrabando realizado en Altamira, Tamaulipas, a bordo de un megabuque procedente de Texas.
El operativo, ejecutado en marzo por fuerzas federales y confirmado por el Gabinete de Seguridad, expuso una red de contrabando altamente organizada que vulneró las aduanas marítimas con documentos falsificados. Según los registros, el buque transportaba aditivos para aceites vegetales; en realidad, descargaba combustible sin declarar ni pagar impuestos.
Este solo cargamento representa una fracción de un problema estructural. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) estima que el 30 % del combustible que se vende en el país es ilegal, provocando pérdidas fiscales superiores a los 177 mil millones de pesos en 2024. Una cifra que equivale a más de lo que se invierte anualmente en programas sociales como Jóvenes Construyendo el Futuro o Sembrando Vida.
La punta del iceberg: huachicol por mar y tierra
El decomiso de Altamira incluyó más que diésel. En el lugar también se aseguraron tractocamiones, remolques, armas, computadoras y documentos, todos parte de una red logística paralela a la estatal.
La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación y trabaja con autoridades aduanales para rastrear la ruta exacta del combustible. “Estamos identificando el punto de ingreso y a los responsables”, dijo el fiscal Alejandro Gertz Manero.
Pero Altamira no fue un hecho aislado. Días después, en Ensenada, Baja California, se decomisaron otros 7.9 millones de litros de combustible ilegal en una propiedad ligada al exsenador Gerardo Novelo Osuna. En conjunto, ambos decomisos superan los 18 millones de litros, equivalentes a 432 millones de pesos en valor de mercado.
A pesar de lo impresionante del hallazgo, sigue siendo menos de lo que se pierde diariamente por huachicol fiscal en México: 485 millones de pesos, según cifras oficiales.
Tamaulipas: puerto, frontera y punto débil
La ubicación estratégica de Tamaulipas, con acceso marítimo y frontera terrestre con Estados Unidos, lo convierte en un paraíso logístico para el contrabando. El puerto de Tampico, señalado repetidamente por debilidades en sus controles aduaneros, es una de las principales puertas de entrada del combustible ilegal.
Gasolineros locales han denunciado presiones del crimen organizado para vender huachicol, mientras el gobierno federal lidia con un fenómeno que mutó de tomas clandestinas en ductos a operaciones trasnacionales con fachada legal.
De acuerdo con PETROIntelligence, si se lograra erradicar el huachicol fiscal, el precio de la gasolina Magna podría bajar hasta 2.78 pesos por litro, lo que beneficiaría directamente a millones de consumidores.
Un reto temprano para Sheinbaum
Aunque el operativo se realizó durante los últimos días del gobierno de AMLO, será Claudia Sheinbaum quien herede los efectos fiscales, logísticos y de seguridad nacional que implica esta red. Las pérdidas por IEPS e IVA no son menores: más de 124 mil millones de pesos por el primero y casi 53 mil millones por el segundo.
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La mandataria tendrá que decidir si refuerza las aduanas, audita a las navieras, o redefine la estrategia energética y fiscal. Lo cierto es que el huachicol ya no se combate con soldados en las gasolineras, sino con inteligencia financiera, cooperación internacional y controles aduanales modernos.
El combustible del crimen
El caso del megabuque de Altamira no solo revela la sofisticación del crimen organizado en materia fiscal, sino también las debilidades estructurales del Estado mexicano para controlar su propio territorio marítimo y fiscal.
La gran pregunta ya no es si hay huachicol, sino quién lo permite, quién lo encubre y quién lo financia. N
