En una votación que reflejó las tensiones políticas en el Congreso de Baja California, la mayoría legislativa aprobó la transferencia del Centro de Control, Comando, Comunicación y Contacto Ciudadano (C5) a la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGEBC), despojando a la Secretaría de Seguridad Estatal de su operación.
La iniciativa, que obtuvo 18 votos a favor, 3 en contra y ninguna abstención, ha sido defendida por el bloque mayoritario de Morena y sus aliados como una estrategia para fortalecer la capacidad de la fiscalía en la lucha contra el crimen. Sin embargo, la medida ha generado resistencia dentro de la oposición, que advierte sobre los riesgos de fusionar de nuevo las funciones preventivas y el control de la videovigilancia con la fiscalía, cuya labor es esencialmente reactiva e investigativa posterior a la comisión de delitos y no antes de que estos se registren.
El monitoreo de cámaras es una función preventiva
El expanista y hoy Diputado Local del partido verde ecologista y Presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso del Estado Jorge Ramos Hernández, expresó su preocupación en plena sesión previo a su aprobación, advirtiendo y argumentando que la operación del C5 debería recaer en un órgano especializado como el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad. “El monitoreo de cámaras es una función preventiva, mientras que la fiscalía se encarga de la investigación y persecución del delito. Son tareas distintas”, sostuvo, entiéndase que prácticamente el Diputado Ramos bajo protesta o al menos con sus reservas manifiestas, emitió su voto favorable no sin advertir la errónea visión en el orden funcional y estructural de la medida.
Por su parte, el legislador panista Juan Diego Echevarría Ibarra calificó la decisión como un error estratégico. Recordó que el PAN había apoyado la creación de la Secretaría de Seguridad y la inversión de más de mil millones de pesos para instalar más de cuatro mil cámaras de vigilancia. Sin embargo, cuestionó los resultados obtenidos y manifestó su escepticismo sobre el impacto que este cambio tendrá en la seguridad ciudadana.
Se trata de cerrar la brecha entre la vigilancia y la justicia para que los criminales no queden impunes
Desde la bancada oficialista, el diputado morenista Juan Manuel Molina García defendió la reforma asegurando que dotará a la fiscalía de mejores herramientas para procesar y sentenciar a los delincuentes. “Se trata de cerrar la brecha entre la vigilancia y la justicia para que los criminales no queden impunes”, afirmó.
Los votos en contra hacia esta iniciativa provinieron de los panistas Santa Alejandrina Corral Quintero y Juan Diego Echevarría Ibarra, además de la legisladora petista Yohanna Sarahí Hinojosa Gilvaja. Con el respaldo de Morena y sus aliados, la reforma se impuso sin mayores obstáculos.
La transferencia del C5 a la FGEBC marca un giro en la operación funcional sobre la visión preventiva en las labores de seguridad del gobierno del estado, cambios abruptos de esta naturaleza generan siempre inestabilidad al no atender a una lógica debidamente estudiada y planificada con visión estratégica en aras de fortalecer y consolidar la vida institucional, registrándose prácticamente a la mitad de la gestión sexenal de la gobernadora en turno Marina del Pilar y a escasas horas de la toma de posesión del militar anunciado como quién será, a partir de las cero horas de este 1ro de febrero, el nuevo secretario de seguridad ciudadana General Laureano Carrillo Rodríguez, proveniente de nueva cuenta, del centro del país.
Secretaría disminuida en sus capacidades funcionales
Ante varias incógnitas que se irán clarificando en distintos momentos, sobre esta medida avalada por el Congreso del Estado se advierte que asumir una secretaría disminuida en sus capacidades funcionales y operativas no es garantía de resultados positivos, por ende se deberán dejar de lado los egos y protagonismos ponderando la madurez y el profesionalismo para una coordinación efectiva y eficiente con impacto en resultados sustantivos, lo que a su vez representa un nuevo reto institucional a la ya sobre cargada Fiscalía de Justicia del Estado, donde si bien a su titular María Elena Andrade le preceden la experiencia práctica y capacidades técnicas por su formación profesional desde sus inicios en la propia fiscalía que hoy encabeza, esta transferencia y re adscripción del C5 deberá venir acompañada de la suficiencia presupuestal no sólo para sobrellevar su operación, sino para fortalecer sus capacidades institucionales y delimitar claramente y con mucho tacto la visión preventiva de la materia investigativa y no permitir el caos que generó la fallida fusión de instituciones en una sola dependencia durante la administración estatal inmediata anterior.
En Newsweek En Español Baja California estaremos atentos bajo una perspectiva de análisis sobre la evolución y resultados que conlleve esta medida, con la expectativa de que se traduzca en una mejora en las acciones de combate a la inseguridad en razón de que el reto institucional sobre la nueva responsabilidad transferida a la Fiscalía de Justicia que encabeza María Elena Andrade no es tarea fácil y requiere cierta especialización y determinado sustento científico para su correcta ejecución y operación, ya que las funciones básicas del C5 comprenden:
* La recepción, atención y despacho de las llamadas de emergencia del sistema estatal conocido como 911 para el servicio prehospitalario de emergencias médicas, reportes de seguridad y la oportuna comunicación en la atención de incendios y siniestros en materia de protección civil;
* La atención oportuna de denuncias anónimas con la línea 089 sobre actividades ilícitas mediante protocolos que garanticen la confianza y confidencialidad de los denunciantes;
* El correcto funcionamiento de la Videovigilancia del sistema estatal de monitoreo para prevenir la comisión de delitos y combatir las operaciones criminales en la entidad;
* Garantizar la coordinación de las comunicaciones y operación de radio frecuencia entre las distintas instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno, de rescate y protección civil;
* El monitoreo de emergencias y fungir como el centro de operaciones en situaciones de crisis, siniestros y desastres naturales;
* El análisis y procesamiento de información, que deriven en la elaboración de productos de inteligencia que permitan ubicar patrones de comportamiento criminales como insumos eficientes en el diseño de estrategias de seguridad;
* La implementación y aprovechamiento de tecnologías mediante software y analíticos que provean datos sobre el reconocimiento facial de las personas para ubicar delincuentes y geolocalización mediante el análisis de matrículas vehiculares para el procesamiento de datos en mejora de la seguridad a través del monitoreo especial complementado con arcos de seguridad.
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Entre otras funciones como atención y procesamiento de bases de datos que derivan del IPH (informe policial homologado) y el acceso al no menos importante sistema de Plataforma México.
A lo anterior, se deslumbra que esta re adscripción no atiende a un simple y ordinario cambio de funciones administrativas, esperemos y confiemos en que no resulte ser una medida contraproducente que genere discordancia entre dependencias y resulte en perjuicio de la seguridad que anhelamos los bajacalifornianos. N
