Mexicali, B.C.-La reforma de la 4T para la presunta “supremacía constitucional”, es en realidad una reforma de MINUSVALÍA de los derechos humanos”. Así lo señaló en entrevista exclusiva para Newsweek Baja California, Juan Marcos Gutiérrez González, jurisconsulto y experto abogado constitucionalista, quien en días pasados participó como expositor en la sesión ordinaria mensual de la Asociación de Industriales de Mesa de Otay (AIMO). El peligro de actos dictatoriales del Gobierno de Claudia Sheimbaum, dijo, no es una amenaza, ya es un hecho.
El régimen de la 4T, por conducto del Senador Adán Augusto López, ha presentado a principios de esta semana una iniciativa que niega la protección de los derechos humanos, a través de la inaplicación de normas que violen derechos fundamentales tal y como lo sostiene la jurisprudencia mexicana e internacional en la materia.
Abusando de la artificial hiper mayoría que fraudulentamente obtuvieron en el Congreso, el régimen ha iniciado una marcha hacia la aniquilación de derechos de todo tipo, incorporando estos cambios en el texto constitucional. En su cobarde, a la vez que prepotente iniciativa, el Senador Adán Augusto López, intentó agregar una porción al artículo 1° constitucional, que se encarga de impedir prevalezcan los derechos protegidos en tratados, permitiendo la inaplicación de las normas que precisamente violen tales derechos.
Dicho en términos llanos: Es la Reforma que “dice sí, pero siempre no”, a los derechos humanos.
El experto en derecho, hace un llamado a toda la ciudadanía en todos los sectores, …“porque ya no solamente se está desmantelando el sistema de protección judicial de los derechos humanos, sino que ahora se pretende vaciar de contenido”, expuso.
Esto es una emergencia nacional, aseveró, sosteniendo que urge que todas las oposiciones y sectores de la sociedad, se opongan a esta terrible propuesta.
Los mexicanos debemos exigir que la validez de las normas, no dependa tanto de su ubicación en el casillero constitucional sino por su rango protector de las libertades y derechos esenciales de las personas.
A pregunta expresa si dicha iniciativa realmente impacta los derechos fundamentales de los mexicanos, expuso que: …”desde luego, están desbaratando el poder judicial y ahora, quieren desaparecer los conceptos básicos para la vida, la libertad, la propiedad, la igualdad y demás, derechos fundamentales”….
Los mexicanos merecemos garantías de protección a los derechos humanos.
En esta iniciativa presentada a principios de esta semana, si bien al final se retractaron de la reforma a los artículos 1° y 103, pareciera una concesión graciosa, pero que nadie se equivoque.
Subsiste la reforma tóxica al 105 y 107 que nos impide a los mexicanos por cualquier vía, impugnar reformas a la propia constitución, a pesar de que estas sean contrarias a los derechos humanos previstos en la propia constitución o en tratados internacionales.
La reforma aprobada es un impedimento para que cualquier ciudadano en México, pueda defender sus derechos humanos a plenitud.
Ello viola no solamente el pacto de San José y la convención de la ONU en materia de derechos humanos, sino que viola dos sentencias muy concretas en las que la corte interamericana de derechos humanos, ya había condenado a México a garantizar tribunales independientes y “recursos efectivos” para combatir violaciones a los derechos humanos, con independencia de la ubicación jerárquica de la norma que contenga dicha violación.
Por tanto, el presunto velo de que la norma contraria a derechos humanos esté en la Constitución, como una especie de vacuna, es un absurdo.
El cumplimiento de los derechos humanos no se mide en función de la ubicación de la norma en el esquema jerárquico, sino en su contenido intrínseco.
México fue condenado en los casos Rosendo Radilla Rosendo Cantú contra los Estados Unidos Mexicanos, por la corte interamericana de derechos humanos, a establecer un marco jurídico que garantice:
1. Un recurso judicial efectivo para proteger derechos humanos,
2. Tribunales independientes,
3. Separación del régimen castrense de la vida civil y,
4. Modificar el marco jurídico interno de nuestro país para cumplir con esos principios.
La solución será, en opinión del experto constitucionalista, denunciar que las reformas que se vienen aprobando violan las sentencias recaídas a los casos de Rosendo Radilla y Rosendo Cantú contra México. N
