Carlos Zamarripa Aguirre presentó su renuncia como Fiscal General del Estado de Guanajuato con efecto a partir del 1 de enero de 2025, de acuerdo a los términos que comunicó la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo en su cuenta de X.
“Les informo que el día de hoy comuniqué al @CongresoGto la renuncia que me ha presentado el Titular de la @FGEGUANAJUATO para los efectos legales conducentes”, indicó.
El documento con el que completó su mensaje, es el oficio que hizo llegar al presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Guanajuato, Rolando Fortino Alcántar Rojas. Ahí indicó que desde el 27 de septiembre, Zamarripa Aguirre le hizo llegar a la gobernadora su renuncia al cargo, con efectos a partir del 1 de enero de 2025.
“En ese sentido, doy cuenta de la citada comunicación a esa soberanía, para los efectos del artículo 95 fracción I, en su párrafo primero, a partir de la fecha en que surta efectos la referida renuncia”.
El 1 de marzo, día del arranque de su campaña, la entonces candidata del PAN a la gubernatura prometió que Zamarripa Aguirre no seguiría al frente de la FGE, luego de que este concentrara buena parte de la críticas por la crisis de violencia que se ha prolongado durante la última década en el estado, al mantenerse en el cargo desde 2009 como procurador de justicia y a partir de 2019 como fiscal.
El cargo de Carlos Zamarripa es por nueve años, de manera que su gestión terminaría hasta 2028. Al tratarse de una entidad autónoma, sólo podría ser retirado del cargo mediante la solicitud expresa de la gobernadora al Congreso del Estado para realizar el proceso correspondiente, o bien, la renuncia directa del funcionario para que el mismo Poder Legislativo emita la convocatoria para elegir a su sucesor.
Cabe recordar que medios locales revelaron que en el mes de abril, semanas después del arranque de las campañas a la gubernatura, Zamarripa Aguirre instruyó modificaciones al reglamento interno de la FGE, con la que se concede a sus funcionarios una pensión hasta de 100 mil pesos mensuales, superior a la de la Ley de los Servidores Públicos topada en 50 mil para el nivel más alto.
