A través de una carta dirigida a la Gobernadora Tere Jiménez, el Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSG) formaliza su petición para hacer efectiva la remoción del Fiscal General del Estado de Aguascalientes, el Mtro. Jesús Figueroa Ortega, apelando a los artículos 46 fracción X, y 59 fracción IV, de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, en los que se faculta a la mandataria para estas acciones.
De acuerdo con el colectivo de activistas, su solicitud tiene sustento en la actuación del Fiscal, a quien señalan de incurrir en supuestos establecidos en la Constitución local como:
- Artículo 42: Incurrir en utilización indebida de información para obtener ventaja o cualquier beneficio privado.
- Artículo 43: Abuso de funciones ejerciendo atribuciones no conferidas para realizar o inducir actos u omisiones arbitrarios, para generar un beneficio para sí o para causar perjuicio a alguna persona o al servicio público.
Aunado a ello, también se le acusa por faltar al Artículo 34 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, donde se obliga a los Agentes del Ministerio Público, los Agentes de la Policía Ministerial y, a los Peritos, de “conducirse siempre con apego al orden jurídico y respeto a los derechos humanos”, y de “Preservar el secreto de los asuntos que por razón del desempeño de su función conozcan”.
El OVSG también apela al Artículo 7 de la Ley General de Víctimas y al Artículo 3 de la Ley General de Víctimas de Aguascalientes, donde se señalan derechos de personas afectadas como:
- Ser tratadas con humanidad y respeto de su dignidad y sus derechos humanos por parte de los servidores públicos y, en general, por el personal de las instituciones públicas responsables del cumplimiento de esta Ley.
- Las víctimas serán tratadas con comprensión y respeto por su dignidad, garantizando, además, la privacidad y evitando su revictimización, las autoridades deberán garantizar que las víctimas no sean objetos de malos tratos, arbitrariedades, ni discriminación por parte del personal que las atienda.
En la misiva enviada a la mandataria estatal, también se exponen 4 hechos en los que se señala a Figueroa Ortega por divulgar información de casos sin consentimiento de familiares de las víctimas, de incumplir con su deber para procurar justicia a la sociedad aguascalentense y de violentar sistemáticamente a las familias en su derecho de acceso a la justicia, a la verdad, y a la no repetición.
Finalmente, además de solicitar la oportuna valoración y la remoción de manera inmediata del Fiscal, se exige atender los siguientes requerimientos al designar a las personas titulares de las instancias de investigación y procuración de justicia en el estado:
- Que sean personas capacitadas en derechos humanos;
- Que no tengan procesos abiertos en su contra por violación a los derechos humanos;
- Que no sean agresores.
