
Según el extinto Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en México el porcentaje de población en situación de pobreza bajó a 36.3% en 2022 frente a la proporción de 43.9% de 2020, es decir, un descenso de 7.6 puntos porcentuales.
Contrario a lo que se pudiera pensar y a las declaraciones de liderazgos políticos, esto no se debe a la política de programas sociales, sino a las estrategias de mejoras laborales como los incrementos salariales o la correcta distribución de utilidades, señaló Alejandro Larios, de la organización Conversa Sur, basado en análisis de Luis Monroy Gómez Franco y Max Jaramillo.
“A diferencia de lo que se podría creer, que la política social o los programas sociales son los que contribuyen a mitigar la desigualdad, no lo están logrando. Se supone que estos programas son para apoyar a la gente con bajos niveles de ingreso, pero lo que vemos es que, con las transferencias universales que se han dado, si bien se ha alcanzado a más población, no necesariamente se han ido a los hogares más pobres” señaló.
Aguascalientes fue una de las entidades más beneficiadas por esta serie de políticas, pues históricamente se había tenido una problemática en torno a la precariedad de las condiciones de trabajo, existentes, pero características por sus bajos salarios y extenuantes jornadas.
“Lo que logró compensar la pérdida de ingresos fueron las políticas laborales que se dieron en los últimos 6 años. Esta disminución en la desigualdad fue un logro no por los programas sociales, sino por las políticas laborales, el incremento en los salarios mínimos que influyó en todo el país” explicó.
En conclusión, Larios reflexionó sobre la relevancia de mejorar las condiciones laborales para reducir la desigualdad, una mayor insistencia en el correcto reparto de utilidades por parte de los sectores patronales y otra serie de factores en la calidad de vida y bienestar de las personas.